Forjar nuestras ciudades… una responsabilidad de todos

La necesidad de erradicar las ilegalidades que emergen cada día; los procesos de trámites del sector estatal y no estatal, y el perfeccionamiento de las condiciones organizativas, jurídicas, económicas e institucionales fueron los principales temas debatidos en el balance anual del sistema del Instituto de Planificación Física (IPF).

En el encuentro, presidido por Samuel Carlos Rodiles Planas, presidente del IPF, se explicó que las violaciones de las regulaciones urbanas, el incumplimiento de proyectos, la construcción de obras para otros usos con autorizaciones expedidas para viviendas, la ocupación ilegal de los suelos y su contaminación, y el ejercicio del trabajo por cuenta propia fuera de las áreas autorizadas, son algunas de las más importantes y recurrentes ilegalidades cometidas en el pasado año.

Según Gisela Domínguez Battle, jefa del Departamento de Colaboración Internacional y Relaciones Públicas de la institución,  la batalla contra las ilegalidades no es solo del IPF, de los organismos estatales, del Gobierno o de las fuerzas de la ley. Combatir las ilegalidades es cuestión de todos y debe hacérseles frente apenas aparezcan.

El surgimiento de 23 525 nuevas ilegalidades, la deficiente divulgación a la población de las regulaciones urbanas aprobadas por los Consejos de Administración Municipales (CAM), la falta de exigencia, control y seguimiento por el Grupo de Enfrentamiento de los CAM a la ejecución de las obligaciones de hacer, impuestas por los inspectores, y las insuficiencias en la inspección y control en los consejos populares, fueron algunos de los factores que propiciaron el poco avance.

Rodiles Planas, al referirse a las ilegalidades jurídicas y naturales –aquellas que son provocadas por entidades estatales o personas– en las playas, informó que la única provincia del país libre de infracciones es Sancti Spíritus.

Juan Miguel Ferrera, encargado de la Dirección Provincial del IPF en La Habana, explicó que  la capital cubana posee 13 ilegalidades no resueltas en las playas, pero se prevé que para el 2018 sean erradicadas en su totalidad. En el 2017, de este tipo de faltas en la capital se detectaron más de cien.
Para encontrar violaciones de este tipo se llevaron a cabo inspecciones integrales y parciales a las provincias, a las playas de toda la Isla y supervisiones a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

«La fluctuación de personal que ocupa cargos de inspectores y técnicos en las direcciones municipales de Planificación Física fue elevada, lo que influyó negativamente en el seguimiento, ejecución y control de las acciones sobre viejas ilegalidades acumuladas en años anteriores, así como fue insuficiente la planificación de los recursos materiales y financieros y la exigencia y sistematicidad de los gobiernos y las organizaciones superiores de dirección empresarial para eliminar las ilegalidades», agregó Juan Rafael Ruiz Pérez, vicepresidente primero del organismo.

En el caso de los procesos de trámites del sector estatal y no estatal, en diciembre del 2017, las direcciones provinciales y municipales de Planificación Física habían llevado a cabo 263 057 trámites constructivos de viviendas y fueron resueltos 245 216; quedaron en término 17 229 y fuera de término 2 951, de ellos 169 que venían del 2016, estos últimos casos de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

De los trámites de personas jurídicas fueron radicados 48 893 y resueltos 41 503. Entre los de mayor demanda se encuentran las reclamaciones de derecho, con 39 528 radicados y 33 430 resueltos.

En cuanto a la entrega de parcelas y solares yermos estatales a la población, Ruiz Pérez aseguró que durante los últimos tres años el sistema de Planificación Física ha recepcionado 112 665 solicitudes de parcelas, de las que se han asignado 19 032 con previa aprobación por los consejos de administraciones municipales.  

«El bajo porcentaje de respuesta está dado fundamentalmente por la escasa disponibilidad de terrenos con condiciones mínimas de urbanización», agregó.

Aunque ese sea el principal motivo, el incumplimiento de los tiempos que establecen las normativas legales para los trámites y la emisión de los documentos correspondientes, y la poca calidad de los servicios que se brindan con este fin, entorpecen en muchas ocasiones la aplicación de lo legislado al respecto.

En el balance fueron reconocidas las provincias de Villa Clara, Granma y Pinar del Río, por sus resultados de trabajo en el 2017.

UN 2018 MEJOR PROYECTADO

- En el 2017 el IPF realizó un ejercicio de reflexión estratégica, con el propósito de elaborar un plan hasta el 2022, donde aparecen como algunos de los principales propósitos:

- Controlar el cumplimiento estable y la agilidad en los procesos de otorgamiento de los permisos y trámites realizados de los sectores estatal y no estatal.
- Fortalecer el sistema de enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, haciendo énfasis en la coordinación y exigencia eficaz por parte de los órganos locales del Poder Popular, organismos y organizaciones superiores de dirección empresarial.

- Fortalecer la gestión de la innovación con la introducción de nuevos conocimientos y tecnologías, con énfasis en la informatización de los procesos. Concebir y aprobar el Sistema de gestión de la Innovación del IPF.

- Realizar el V Foro Urbano Nacional y la XVI Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.