Regular y abastecer: ¿las dos puntas de un mismo problema?

La presencia de productos agropecuarios en mercados y plazas, la variedad de la oferta y la balanza de los precios, lejos de alejarse de las polémicas, continúa siendo el epicentro de toda clase de insatisfacciones, tanto de los clientes como de los vendedores. Y es que a más de un año de entrar en vigor las regulaciones 157 y 162 sobre los precios máximos –establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)– siguen rondando inquietudes en torno al tema: ¿qué ha cambiado?, ¿acaso se cumplen las normativas?, ¿o es que el verdadero problema no reside ahí?

Es necesario recordar que estas regulaciones consisten, básicamente, en un listado de precios fijos por el cual deben regirse las entidades gestionadas por cooperativas no agropecuarias (CNA), las que son abastecidas por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) y los mercados agropecuarios estatales (MAE), para la venta de sus productos; en tanto, quedan exentos de la medida los mercados agropecuarios de Oferta y Demanda (MAOD) y los arrendados por trabajadores por cuentapropia.

Asimismo, las normativas indicaban la rebaja de las mercancías tomando en cuenta si era temporada de cosecha o no, además de la calidad que ostentaban al momento de la comercialización. Por ejemplo, la 157 establecía una relación de precios máximos para los alimentos de primera calidad, a los cuales se les debía aplicar un descuento del 20 % al pasar a segunda, y una rebaja del 40 % si ya era de tercera. Dicha disposición fue derogada al implementarse este año la resolución 27, que redujo los porcentajes a un 15 y un 30 %, respectivamente.

Si bien cada uno de estos cambios ha tenido como finalidad lograr un impacto positivo en la cadena de abastecimiento, y así ir eliminando los factores que median para que la hortaliza, la vianda o la fruta llegue a la mesa de las personas sin tantos avatares ni molestias para su bolsillo, la realidad demuestra que la implementación no ha estado exenta de errores y que el control administrativo, la gestión empresarial y la responsabilidad de los productores con las fechas y volúmenes de entrega, no pueden dejarse de la mano, especialmente cuando se reiteran ciertas inquietudes en la población.

DEL CAMPO A LA TARIMA

Según explicó a nuestro diario Luis Góngora, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) en La Habana, las medidas adoptadas en el 2016 estuvieron precedidas de un trabajo importante en la base productiva para identificar las potencialidades e incrementar los niveles de contratación, hasta un 80 %.

Asimismo, puntualizó, se fortaleció dicha estructura con decisiones logísticas y se aportó una mejor capacidad de transportación. Por ejemplo, la Empresa de Mercados Agropecuarios de La Habana recibió 42 nuevos medios de transporte, los cuales se han incorporado al sistema de abastecimiento. Además, hubo un mejor pronunciamiento en función de la demanda y las necesidades de abastecimiento de la capital, y se dieron paquetes tecnológicos a los productores.

«Como parte del fortalecimiento —agregó— se hicieron en La Habana ocho naves de acopio que hoy son las responsables de almacenar gran parte de la producción contratada, pues aun cuando en la capital hay una vinculación de los escenarios productivos de Artemisa y Mayabeque con municipios específicos de la ciudad, el sistema de acopio funciona para entregar esos productos a un mayor número de agros».

Por otra parte, indicó, se reabrieron nuevamente los dos más importantes mercados mayoristas de abasto de la ciudad, que son Berroa y El Trigal, que funcionan como unidades de balance. «Por ejemplo, como Artemisa aporta más plátano que Mayabeque, eso se lleva para El Trigal y de ahí se destina para otros municipios que necesitan del producto, y no solo aquellos que atiende directamente la empresa. Berroa, por su parte, tiene más énfasis en el consumo social de la población y las dietas».

Cuando un equipo de Granma llegó a El Trigal, cerca de las 8:30 de la mañana, seis camiones procedentes de Artemisa, Ciego de Ávila y Matanzas ya comenzaban a descargar sus mercancías: calabaza, plátano vianda, de fruta y burro, frijoles negros y colorados, además de algunas conservas de la empresa Cítricos Ceballos.

Estos productos que acaban de llegar los mantenemos en las naves de almacenamiento alrededor de 72 horas, y así los protegemos en caso de fuertes lluvias o tormentas, aseguró a nuestro diario Roberto González, director de esta unidad básica mayorista. «Lo que hacemos es reciclar, el producto que tenemos en nave es el que sacamos para la calle y el que va entrando, lo pesamos y descargamos hasta su posterior envío a las unidades básicas de La Habana (que son Este, Oeste y Centro)».

Hay un eslabón entre la mayorista y el mercado, que es la unidad básica, aseguró. Estas, son las encargadas de hacer la distribución a los agros según su ubicación territorial, y nosotros de llevar el balance para que los alimentos lleguen de manera equitativa y sistemática a todos los municipios de la capital.

En relación a la entrega de las cosechas y el cumplimiento de los productores con el encargo estatal, el vicepresidente del cAP acotó, por otra parte, que se tomaron un conjunto de medidas de carácter económico y financiero para evitar en todo lo que sea posible que el Estado tenga deudas por la mercancía contratada.

No podemos negar que teníamos muchas deudas con los productores y que hubo que sanear las finanzas de las empresas; pero como norma al productor le conviene más venderle al Estado que a un intermediario, porque conoce de antemano cuánto le vamos a pagar por su siembra de acuerdo con los precios fijados y según la época de cosecha en el año, subrayó.

«Hay que recordar también que hubo un cambio de la resolución 157, que fue la primera que se emitió, a la 27, que es una actualización de este año. Y existe la propuesta de seguir actualizando los precios».

Por otra parte, podemos decir que hemos crecido en la cantidad de mercados, comentó el vicepresidente. Al implementarse las medidas teníamos 52 MAE, hoy son 176. Hay además nueve  EJT (estos agros cuentan también con una red de abastecimiento, que les llega sobre todo de Artemisa) y 62 CNA.

«En total, contando otros establecimientos, existen 735 puntos de ventas y mercados que pertenecen a formas productivas de La Habana, Artemisa y Mayabeque; eso es lo que constituye la red regulada, o sea, los que tienen que aplicar precios minoristas máximos. En tanto, hay cerca de 800 puntos de venta arrendados a trabajadores por cuenta propia que no se rigen por el listado porque son de Oferta y Demanda, más unos 22 MAOD que todavía quedan en la capital».

No obstante, reconoció Góngora, la producción de Artemisa y Mayabeque no cuenta con los niveles suficientes para cumplir los pedidos que hacen los agros gestionados por cooperativas no agropecuarias.

¿QUÉ OPINAN LOS VENDEDORES?

Cuando Granma visitó el EJT Tulipán, ubicado en el municipio de Plaza de la Revolución, pudo comprobar que se respetaban al pie de la letra los precios máximos del MFP, en tanto las tablillas exhibían entre 15 y 17 productos diferentes.

En el caso del MAE Villa Panamericana, en La Habana del Este, su administrador, Idalberto Estrada Salazar, aseguró también el cumplimiento de lo legislado, aun cuando las vías de abastecimiento son insuficientes.

Las fuentes que tenemos son Acopio de Güines y la Unidad Básica del Este; además, esta última nos trae el producto en su transporte, porque carecemos de ese medio. Cuando lo recibimos, ya viene con el precio en la factura, nosotros solo le incrementamos un 8 %, que es el margen comercial, y de ahí sale nuestra ganancia; pero como no podemos hacer otro tipo de gestión y solo tenemos dos proveedores, hay pocos productos, refirió.

Y si esta situación se torna compleja en ocasiones para los MAE y EJT que cuentan con un programa de abastecimiento preferencial, la balanza se inclina todavía más en el caso de las cooperativas no agropecuarias.

Según comentó Ismael Beliz, encargado del almacén en la CNA La Unión ubicada en el reparto Guiteras, La Habana del Este, la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios es su principal proveedor, pues los contratos con productores privados dependen casi siempre de cuánto puedan pagar por la mercancía, y en tal sentido, los MAOD hacen una competencia desleal pues le ofrecen mayor ganancia al campesino, y no tienen que cumplir por otra parte con los precios fijos.

Además, –continuó Beliz– no contamos con medios de transportación propios, lo cual encarece toda la gestión, porque el plátano que yo compro aquí si lo adquiriera en el campo me saldría a mitad de precio, pero si pago un camión para ir a buscarlo, ya estoy teniendo pérdidas porque el viaje lo cobran muy caro, aseguró.

Pedro Luis Fernández Expósito, presidente de la CNA Flor del Este, ubicada en el mismo reparto, tampoco ha tenido muy buenas experiencias durante las contrataciones. «Las gestiones que hemos intentado hacer en Artemisa y en Batabanó no han fructificado. Siempre prometen mandarnos un negociador pero este nunca viene.

«Creo que hay una falta de exigencia respecto a este tema, sostiene. Si los productores están obligados a entregar el 80 % de la producción porque el Estado les financia paquetes tecnológicos, combustible, y fumigaciones de insecticida ¿entonces dónde está ese producto que debe llegar? No hay buena gestión ni balance en los destinos de las mercancías. Si la hubiera, los particulares no anduvieran vendiendo las ristras de ajo a 10 CUC y nosotros sin poder venderlo», dijo.

Según las normativas, indicó por otra parte, Jesús Diez –quien al momento de la visita de Granma ejercía como sustituto provisional del presidente de la CNA Cayo Hueso, del municipio de Centro Habana–, los productos vienen con un precio de costo para ponerle precio de venta.

«Eso nos deja una utilidad que es la que a final de año se reparte entre los socios, y por la que mensualmente cobramos un anticipo; porque no se pueden dar las utilidades hasta el cierre del año fiscal, después que se paguen los impuestos.

Por ello, si mensualmente no llevas una economía sustentable, a final del mes no puedes repartir ese anticipo porque estarías repartiendo dinero ficticio», añadió.

No obstante, si bien muchas de las contrariedades que aquejan hoy a esta forma de gestión corresponden a las propias deficiencias productivas del país y a mejores balances en la distribución de los alimentos, no todas las culpas pueden ir a parar al saco ajeno, pues la autogestión y las decisiones administrativas también juegan un rol determinante, especialmente, en el caso de las CNA.

PRECIO, PESO Y CALIDAD DEL PRODUCTO

Solo basta una rápida mirada a las tarimas de los mercados agropecuarios o conversar con los vecinos de la zona para constatar que productos de segunda calidad, o casi en estado de liquidación, se venden en los agros como si fueran de primera. Y aunque tal situación nos parezca casi cotidiana, constituye una infracción de lo normado por el MFP.

Durante nuestra visita, Ismael Beliz, encargado del almacén en la CNA La Unión, reconoció que la rebaja de productos de segunda y tercera calidad no siempre se realiza, sobre todo en el caso de las viandas. «La mayoría de las veces cuando el producto llega no es de primera, porque viene con los golpes que se da en el campo, los de transportarlos y los de descargarlos; aparte del tiempo que pasa durante todo ese proceso», sostuvo.

Asimismo, en el MAE Plaza Ayestarán, tampoco se cumplía a cabalidad la resolución 27, pues la mayoría de los surtidos en exposición no cumplían a la vista con los estándares necesarios para comercializarse como si fueran de primera.

En torno a esta situación, el administrador del mercado, Ángel Martínez, comentó que la tarima para diferenciar los productos de segunda y tercera calidad está en fase de construcción y mientras tanto, es responsabilidad del vendedor indicarle al cliente si un determinado alimento es más barato porque se le aplicó la rebaja correspondiente. Una cuestión, sin dudas, demasiado sensible como para dejarse a manos de la apreciación y de la buena voluntad.

Al respecto, Luis Góngora precisó que el cambio de la calidad es una facultad de la administración del mercado, y muchas veces pasan por alto este asunto. «También es cierto que, al cambiar de primera calidad a segunda, el mercado prácticamente tiene pérdidas, ya que los índices de ganancia de un producto son 12 o 13 %, y cuando hay que rebajar de primera calidad a segunda, hay que descontar un 15 %. Por lo tanto, existe una pérdida intrínseca en cada libra que se vende».

Esta es una de las causas, pero no creo que sea la principal, comentó. «El mercado tiene que ser capaz de comercializar sus mercancías adecuadamente y darle al producto el beneficio que lleva. Frecuentemente como mismo llega el boniato, la yuca o la malanga del campo, llenos de tierra, se ponen en la tarima, y eso contribuye más rápido a su deterioro».

Sabemos del problema y no podemos desviar las miradas de la situación ni hacer caso omiso a las insatisfacciones. Los mercados que poseen tarima de cambio de calidad, tienen una población que acude a ellos, porque sus precios son más baratos y hay personas con menor nivel adquisitivo que se benefician de esta reducción; así que no podemos renunciar a esto y debemos insistir en los procedimientos de control y supervisión, concluyó el vicepresidente del CAP.

No obstante, sería un error tachar justos por pecadores, o decir que esto ocurre en todos los mercados de la ciudad. En el MAE Plaza Cerro, cuando los productos carecen de la calidad requerida se rebajan y son ubicados en tarimas diferenciadas.

Precisamente en una de estas tarimas tropezamos con la vecina Aimé Díaz, quien reconoció que al ser jubilada tiene que comprar aquí muchas veces los productos, aunque estén un poco deteriorados. «En general, Plaza Cerro está bien abastecido; y estamos mejor que antes porque es buena esta iniciativa de poner en cada municipio un agro integral; pero aún la variedad no satisface», añadió.

Por otra parte, una queja que persiste en este y en los restantes agromercados radica en la balanza y la correspondencia peso-precio del producto. Sobre ello, Luis Góngora refirió que los grandes mercados estatales irán pasando poco a poco al sistema de medición digital.

No obstante, esto crea otro inconveniente, teniendo en cuenta que la medición digital es en kilogramos y a la población se le expende en libra. De ahí, la importancia de que los vendedores mantengan a la vista del cliente una tablilla que muestre la conversión de sus productos, hasta que el gobierno y las entidades autorizadas realicen la modificación de estos equipos para que se acoplen al sistema de medida en libras.

MERCADOS INTEGRALES: ¿LA SOLUCIÓN DEFINITIVA?

Aun cuando al momento de nuestra visita Plaza Cerro no mostraba una gran variedad de productos agropecuarios (cerca de diez surtidos), sus ofertas son, usualmente, mucho mejores que las exhibidas por otros mercados de la zona. Esta «diferenciación» no es obra de la casualidad, sino que responde a una estrategia del gobierno y el Partido en función de recuperar los grandes mercados que siempre tuvo La Habana y convertirlos en algo nuevo: mercados integrales de alimentos.

Así, cuando el cliente llega a una de estas plazas, se encuentra tanto con los productos de la tierra, como cárnicos del combinado avícola nacional y de ganadería menor, además de la pescadería. Igualmente, se ofertan derivados del lácteo (helado, queso, yogurt) y existe un Mercado Ideal y otros espacios con propuestas de las minindustrias locales, señaló Góngora.

«El primero, fue Plaza Cerro, que ya cumplió un año de estar abierto. Luego vino Plaza Marianao, Mónaco, La Palma y, por último, Guanabacoa. La proyección es inaugurar próximamente uno en Egido y otro en Santiago de las Vegas, y antes de finalizar el año debe estar en funcionamiento Plaza Centro Habana, en el mercado de Ánimas y Soledad. En tal sentido, continuaríamos trabajando en el 2018, porque no queremos desistir de la idea de tener al menos un mercado integral en cada municipio de la provincia».

Estos grandes mercados, expresó, tienen vinculación directa con una empresa agropecuaria de Artemisa o Mayabeque, reciben además de Berroa y El Trigal, y a veces de otras entidades de la estructura de abasto.

Si bien es cierto que la estrategia de mercados integrales ha sido acogida con beneplácito por la población y debe seguir perfeccionándose para mostrar mejores resultados, no se puede desatender, por otra parte, aquellos MAE locales que son de extrema utilidad cuando la población  necesita adquirir, de pronto, unas cuantas cabezas de ajo, un mazo de habichuela o una libra de boniato.

De ahí, la necesidad de seguir incrementando los niveles de producción y mejorar el método de balance que tiene la empresa agropecuaria de La Habana, de manera tal que Berroa y El Trigal desempeñen  un mejor papel en el abastecimiento.

Según puntualizó Góngora, hay que insistir también en el desarrollo de la agricultura urbana, viéndola como un complemento importante a partir de la posibilidad de ofertar una variedad de hortalizas, frutas y vegetales que necesita la población.

Asimismo, resulta imprescindible un reordenamiento en la comercialización de productos agropecuarios que realizan los MAOD, carretilleros y otros puntos que venden a oferta y demanda, buscando, no la restricción ni las prohibiciones, pero sí un mejor consenso en las formas de comercialización.

Pudiera decirse que a más de un año de que entraran en vigor las resoluciones sobre los precios máximos, y las actualizaciones en el camino, su puesta en marcha se ha visto mediada por problemas reales: desabastecimiento, intermediarios, la propia falta de productividad, además de otros de carácter subjetivo como decisiones organizativas, negligencias y poca gestión.

Y es que estas normativas, sin duda alguna, fueron un primer paso importante en la intención de crear ese espacio de compra asequible para el trabajador cubano, no obstante, deben surgir con apremio otras medidas que acompañen y regulen el proceso, al tiempo que seamos capaces de aprovechar mejor las bondades del campo y contratar mayores volúmenes de producción.