Que la eficiencia siempre agregue el valor

Cuando la Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre las formas y sistemas de pago tocó a la puerta de la Empresa de Producciones Electromecánicas ya había poco que ajustar o cambiar.

Desde la aplicación de la norma anterior (17), esta entidad, subordinada a la Unión Eléctrica, había definido, con claridad, las reglas del juego. Tenía descentralizada la contabilidad en las cuatro unidades empresariales de base (UEB) que la componen, y había establecido reglamentos específicos para cada una que fijan, por áreas, los indicadores directivos.

Hasta la implementación del nuevo indicador límite: utilidad antes de impuestos por peso de valor agregado bruto, fue un ejercicio casi de rutina, a juzgar por el criterio de sus directivos, quienes aseguran que seguir bien de cerca el comportamiento de la utilidad es, cuando menos, una regla básica de la gestión económica.

En la Empresa Cárnica de La Habana, sin embargo, la historia del pago por resultados tiene otros matices. Cuando la 17, con todas sus imperfecciones y malinterpretaciones, no había cuajado lo suficiente, sobrevino la 6, cuya aplicación exacta continúa pendiente.

Durante el 2015, aún en tiempos de la 17, lograron pagar por resultados solo siete meses. Ya en el 2016, con la 6 sobre los hombros, llegaron a diez. Y en lo que va del 2017, será mayo (se cobra en junio) el primer mes que paguen por resultados.

La 6 aquí, por decirlo de algún modo, no ha hecho justicia en toda su magnitud. Los indicadores no han podido descentralizarse a las siete UEB que conforman la entidad, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), y como en tantas empresas, todavía pagan justos por pecadores y los incumplimientos de unos lastran los resultados de otros.

El fuerte contraste entre ambas entidades refleja, exactamente, lo acontecido en el país, pues la aplicación de la 6, como antes la 17, ha tenido luces y sombras, si bien los resultados, a nivel global del sistema empresarial son favorables.

LO BUENO Y LO MALO. RADIOGRAFÍA DE LA 6

Tanto la Resolución 6 como la 17 han sido explícitas en su objetivo primero de estimular la eficiencia y productividad del trabajo y que ello traiga consigo un aumento real de los volúmenes de productos y servicios.

En ese orden, Guillermo Sarmiento Cabanas, director de Organización del Trabajo del MTSS, confirmó a Granma que las normas, y en particular la 6, han tenido, de manera general, un impacto positivo.

Al cierre del 2016, informó, «las ventas netas totales se sobrecumplieron en un 4 %, mientras que la utilidad antes de impuestos experimentó un sobregiro de un 21 %. La productividad del trabajo creció un 25 % respecto al plan y el salario medio mensual sobrepasó los 800 pesos, o sea, un 25 % por encima de lo previsto».

Además, a su juicio, «se ha logrado una mejor distribución de la riqueza creada, en correspondencia con los principios definidos en la norma. La elaboración de los reglamentos ha permitido identificar mejor la responsabilidad de cada cual a la hora de formar y distribuir el salario y un número creciente de empresas ha desagregado hasta las UEB los indicadores directivos y límite».

No obstante, señaló, se pagaron alrededor de 200 millones de pesos sin respaldo productivo en 100 entidades, las cuales se concentran, fundamentalmente, en el Ministerio de la Agricultura y sus Organizaciones Superiores de Dirección, así como en los consejos de administración.

Estas valoraciones provienen del análisis trimestral que realiza el Ministerio sobre el comportamiento de la Resolución, examen que también ha detectado, en disímiles casos, una incorrecta aplicación de las formas de pago por rendimiento, falencias en la planificación y fisuras en la disciplina informativa, ya sea por la mala calidad de los datos ofrecidos o por su omisión.

La norma, dijo Sarmiento Cabanas, «no es una camisa de fuerza, pero hay reglas inviolables. El apartado séptimo explicita que el salario a formar y distribuir responde al nivel de cumplimiento de los indicadores directivos y límite, pero los pagos tienen que ser coherentes con los resultados. Cada centavo que se pague tiene que responder a un aporte en riquezas, bienes y servicios. Y por ningún motivo se puede distribuir más de lo que se crea».

No es lógico, ejemplificó, ni económicamente viable, que una entidad sobrecumpla el fondo de salario planificado, si las ventas están a un 94 % y las utilidades apenas al 78 %. En este caso, el dinero que fue a parar al salario no guarda relación alguna con la eficiencia ni con un crecimiento productivo.

Y tampoco son sostenibles, en su opinión, los sobregiros desmedidos del fondo de salario, en nombre de planes al 100 % o de sobrecumplimientos. Resulta desproporcionado que en una empresa donde las ventas se incrementan en un 6 % respecto a lo previsto y la utilidad llega justo a los números esperados, crezca el fondo de salario en un 59 % por encima del plan. No hay que ser especialista para percatarse del exceso. Se trata de sentido común.

En este ejemplo particular, apuntó Guillermo Sarmiento, el valor agregado bruto (VAB) –es decir, la nueva riqueza que se crea– sobrepasó lo planificado en un 65 %, pero ese crecimiento no está sustentado en un aumento total de niveles de actividad.

En el VAB pudieron influir gastos no ejecutados, variaciones de precios, volúmenes de producciones en proceso o terminadas.  

En cuanto a la planificación, reconoció la elaboración de planes con reservas. Si las empresas fijan metas fáciles, después sobrevienen cumplimientos excesivos y parece que la gestión se ha disparado, cuando en realidad no ha existido desarrollo verdadero de los niveles productivos ni de las ventas, ni ahorros significativos. Es, apenas, una eficiencia ilusoria.

La aplicación del pago por resultados es facultad de los directivos, recalcó, siempre en función de las condiciones de sus empresas. Y tal facultad ha de andar acompañada de la responsabilidad de darle seguimiento a todo el proceso, de reforzar la contabilidad y saberla confiable y de fortalecer el control.

LA PERTINENCIA DE OTRO INDICADOR LÍMITE

¿Por qué se incluyó la utilidad antes de impuestos por peso de valor agregado bruto como indicador límite? ¿Qué distorsiones en la aplicación de la Resolución dieron paso a esta medida?

Tales interrogantes también formaron parte del diálogo con Guillermo Sarmiento, quien aclaró que sobre ese indicador se venía trabajando desde el 2015, e incluso, se incluyó entre las directivas aprobadas para la elaboración del plan 2017.

Luego de evaluar el comportamiento de los resultados económicos del sector empresarial, se fueron creando las condiciones para su aplicación, en aras de lograr que se aporte a la utilidad lo que está planificado, pues en muchas ocasiones se desvían los valores hacia el salario y se incumplen otras obligaciones.

Pero si bien el indicador no es nuevo, aún existen inquietudes en las empresas respecto a cómo manejar determinadas situaciones.

¿Qué hacer, por ejemplo, cuando la utilidad se incumple por razones ajenas a la empresa?

Según Sarmiento Cabanas, la Resolución 1 del 2017, que establece el nuevo indicador límite, no puede verse alejada de los preceptos contenidos en la 6. Cuando se trata de cuestiones ajenas a la empresa y van a perdurar, hay que volver a la norma y buscar lo establecido para esos casos.

Pero hay algo que no podemos obviar, subrayó, y es la interpretación atinada del pago por resultados, cuya esencia radica en la imposibilidad de distribuir aquello que no se ha creado.

DE LO GENERAL A LO PARTICULAR... CONFIRMACIONES

Pese a reclamos e incongruencias, el impacto positivo de la 6 es plausible, aunque no obvia las deformaciones surgidas. Lo sucedido en las 94 empresas y 581 UEB del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, uno de los más diversos del país, viene a confirmarlo.

Según su presidenta, Iris Quiñones Rojas, una evaluación general, tanto de la 17 como de la 6, corrobora los beneficios experimentados.

Ya desde la 17, rememoró, se eliminaron límites administrativos que restringían el pago a los trabajadores; y la 6, entre otros aspectos, dio respuesta a uno de los reclamos más significativos de los trabajadores: permitir a las UEB la distribución del salario, independientemente de los resultados de la empresa.

Aunque vale señalar que esa posibilidad contenida en la norma sigue siendo una meta lejana para buena parte de las unidades del GEIA, debido a las vulnerabilidades que hoy persisten en la contabilidad.  

Globalmente, sostuvo Iris Quiñones, los salarios se han incrementado. En el 2014, el salario medio era de 557 pesos, y ya alcanza los 806 pesos. También las producciones físicas, de manera total, han crecido.

Sin embargo, al analizar en detalle el sistema, emergen entidades donde no existe tal correspondencia, pues existen crecimientos del valor agregado bruto que no se corresponden con incrementos reales de las producciones físicas.

A juicio de Quiñones Rojas, en ello inciden varios factores: desde la ocurrencia de indisciplinas contables que distorsionan los indicadores, inejecuciones de gastos planificados como los mantenimientos (hoy forma parte de los indicadores directivos del Grupo), hasta la disminución de los precios de determinadas materias primas.

No corregir a tiempo estas problemáticas conlleva, inevitablemente, al tan llevado y traído pago sin respaldo productivo. El análisis de ese tema en el GEIA, apuntó, se intensificó con la puesta en vigor de las normas, pero se venía estudiando hace mucho tiempo, a partir de la correlación entre productividad y salario.

Comentó que antes de la 17 llegaron a ser más de 40 empresas las involucradas y alrededor de 20 millones de pesos lo pagado por este concepto. Desde entonces han ido disminuyendo gradualmente los pagos sin respaldo productivo y ya en el 2016 fueron 12 las entidades que incurrieron en dicha violación, con un monto ascendente a siete millones de pesos.

De todas formas, insistió, el examen de los pagos y su correspondencia con los niveles productivos no es lineal. «No siempre es preciso hacer más para pagar más. Uno puede hacer lo mismo con eficiencia y puede pagar más. No se trata de criticar a la empresa que tiene ahorros verdaderos, que sus índices de consumo de materia prima mejoran sin afectar la calidad del producto, así como sus gastos de energía y agua».

Nosotros nos centramos, subrayó Iris Quiñones, en la entidad que es «eficiente» debido a un factor externo, ya sea por disminución de los precios de las materias primas e insumos o porque no ejecutó gastos necesarios.

Ese tipo de eficiencia efímera acompañó a la Empresa Cárnica de La Habana durante buena parte del 2016. Baste decir que de un plan de VAB de 30,5 millones, obtuvieron un real de 86,2 millones, mientras que los demás indicadores mostraron discretos cumplimientos.

De acuerdo con su director general, Oscar Santamaría Robaina, la variación en los precios de las materias primas incidió en estos resultados, y tal como cuestionó la presidenta del GEIA, no se fue lo suficientemente ágil para variar el precio de los productos.

A inicios del 2017, la empresa presentaba una situación parecida. Mientras el VAB mostraba un 27 % de sobrecumplimiento para la etapa, las utilidades marchaban por debajo de la mitad de lo previsto. Entre las causas figuraba la acumulación de producciones terminadas, las cuales aportan VAB, pero no utilidad hasta tanto no se comercialicen.

Ya hoy, aseguró Ángel Ramos Fernández, director de Recursos Humanos de la empresa, el VAB supera en un 31 % lo planificado para el periodo, entretanto la utilidad excede lo previsto en un 40,9 %.

Para monitorear, precisamente, el comportamiento de estos indicadores y la coherencia que entre ellos debe existir, el departamento de capital humano del Grupo evalúa, mensualmente, a las 94 empresas que lo componen.

De acuerdo con Esther Leyva Villacampa, jefa del departamento de Organización de Trabajo y Salario del GEIA, a través de los estados financieros se analizan, entre otros asuntos, el cumplimiento del valor agregado, el salario total y por rendimiento, el indicador límite de gasto de salario por peso de valor agregado bruto (cuanto de la riqueza creada puede destinarse al salario) y su correspondencia con las ventas totales y la utilidad.

Durante estas evaluaciones, agregó, se han detectado errores contables, deficiencias en la planificación que han conllevado ajustes de planes, e incluso se ha determinado pasar a algunas empresas al pago a tiempo.

No obstante, alertó Iris Quiñones, aún no hemos logrado involucrar suficientemente a los trabajadores en este proceso. Todavía uno llega a los lugares y encuentra una llave abierta y los obreros no saben, por ejemplo, que el consumo de agua es gasto material y afecta el valor agregado y, por consiguiente, el salario.

TRABAJAR, AL DETALLE, LOS INDICADORES ECONÓMICOS

Para Orestes Bermúdez Rodríguez, director de la Empresa de Producciones Electromecánicas, no se puede hablar de eficiencia si no se trabajan bien de cerca los indicadores que marcan, de manera negativa, el valor agregado bruto, o sea, el gasto de material y los servicios recibidos. Y ese trabajo, aseveró, no está explícito en una norma. La eficiencia se alcanza en el día a día.

Con la aplicación de la 17 y posteriormente la 6, la tendencia del salario medio en la empresa ha sido creciente y en el 2016 llegó a 1 086 pesos. Y creciente también ha sido, en palabras de Bermúdez Rodríguez, el interés por desterrar todo aquello que pueda lastrar la gestión económica.

La aplicación del pago por resultados, advirtió, te obliga a perfeccionar la organización del trabajo, controlar sistemáticamente los indicadores, utilizar de modo más eficiente los recursos, revisar con profundidad las normas de consumo, y a buscar soluciones con los propios trabajadores sin tener que acudir siempre a servicios de terceros.

Los indicadores de salario afectan los resultados del mes real, porque se paga mes vencido. Por tanto, siempre es válido hacer un análisis de las posibilidades
reales de respaldar lo desembolsado con los resultados del mes en que se paga, sugirió Armando Castellano Padrón, especialista principal de contabilidad de la UEB Fábrica de Transformadores Latino, la mayor de la empresa y única de su tipo en el país.

Siempre es saludable calcular hasta dónde estás y cómo vas a terminar el mes, resaltó, si no corres el riesgo de comprometer los pagos posteriores.

Y si en algo ha incidido el pago por resultados, al menos en nuestra UEB, es en el desarrollo de una cultura de ahorro, reconoció. «Antes el salario era responsabilidad del Estado, hoy es responsabilidad del empresario y del trabajador. Y como todo el mundo siente los efectos en su bolsillo, pues los métodos de trabajo han cambiado.

Nos cuidamos de malgastar algún recurso, cuestionamos los gastos y el destino de estos, buscamos alternativas para que las producciones no se detengan…».

Similar criterio comparte Andrés Aguilar Cardentey, jefe de laboratorio de ensayo eléctrico. «Estoy en la empresa desde el 2005 y he vivido varios sistemas de pago, y creo que este es el que más beneficios ha reportado. Antes de estas normas los ingresos llegaban hasta 600 pesos, aproximadamente, y hoy estamos por encima de los 1 000. Y ha aumentado la preocupación de los trabajadores por la gestión que realizan, los gastos en los que incurren, e incluso en el costo de los materiales empleados».

BAJO LA MIRA DEL SINDICATO

Las incongruencias relacionadas con la aplicación de las normas, las violaciones que trae consigo interpretarlas erróneamente y las insatisfacciones que ello genera en los centros laborales también ha motivado el análisis de los principales dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a disímiles niveles.

Alcides Betancourt Carballo, miembro del secretariado provincial de esa organización en Holguín, reveló detalles de un reciente informe sobre la implementación de la Resolución 6 y su impacto al cierre del segundo semestre del pasado año.

De forma global, los resultados son favorables, aseguró. «Crecieron la
productividad y el salario medio. En el sector empresarial este último pasó de los 729 pesos planificados a 870».

El informe que Alcides conoce a fondo también recoge los problemas detectados en las entidades durante las verificaciones realizadas a la aplicación de la 6.

Se repiten los errores vinculados al cálculo del valor agregado bruto, la falta de correspondencia entre el cumplimiento de las ventas y la ejecución del fondo de salario y fallas en la planificación.

Al final de la lista de insuficiencias aparece una que bien podría encabezar el informe.

La misma asegura que en las 145 visitas de comprobación realizadas existen muy pocas evidencias del control de las organizaciones superiores de dirección empresarial a la aplicación de la 6.

Revela esto un problema recurrente en el entramado productivo, que hace tanto daño como la existencia, según acentúa el mismo informe, de empresas con planes de producción y servicios por debajo de las posibilidades reales.

BREVES APUNTES SOBRE LA NORMA, EL DESTAJO Y LAS ESCALAS

Tomando en cuenta el criterio de muchos especialistas, el pago a destajo constituye la manera más efectiva de remunerar al trabajador, en correspondencia con lo que sea capaz de realizar.

Sin embargo, aunque la 6 determina todas sus modalidades, aún resulta insuficiente su aplicación en el sector empresarial, y en disímiles lugares se aplican normas desactualizadas que no están acorde con las labores realizadas y las condiciones de los puestos de trabajo.

En la empresa Cárnica de La Habana, refirió su director, se hizo un intento por aplicar este sistema en el 2015, pero los resultados fueron desfavorables. Hoy están inmersos en la realización de un estudio de carga y capacidad con el propósito de normar el trabajo y ajustarlo a las condiciones actuales, lo cual se torna más complejo debido al déficit de profesionales capacitados para llevar adelante tal empeño.

Y si de ajustes se trata, en varias de las entidades visitadas emergieron inquietudes respecto a la poca diferenciación que existe hoy entre las escalas salariales. Son tan parecidas las remuneraciones que resulta casi imposible distinguir los niveles de complejidad de las labores.

También el cuerpo legal de la 6, mucho más concreto y explícito que el de la 17, continúa generando desconcierto. Los trabajadores del GEIA, por ejemplo, no están satisfechos con la garantía del salario escala en caso de incumplimientos, pues quedan fuera de los ingresos los pagos correspondientes a maestrías y doctorados, condiciones de trabajo anormales, horarios irregulares, nocturnidad, entre otras.

El tema podría, por lo menos, someterse al análisis de los especialistas. Pero más allá de enmiendas puntuales, la esencia de la 6 sigue estando en garantizar una aplicación consecuente con la letra de la norma y no con la voluntad, arbitraria, de los hombres.