El seguro, el atraso y los números de más

PINAR DEL RÍO.–Como si no le hubiera bastado el rosario de afectaciones que dejaron los aguaceros sucesivos, y las enfermedades que sobrevinieron luego debido al exceso de humedad, la campaña tabacalera 2015-2016 todavía da qué hacer en los campos pinareños.

Un prolongado atraso en el pago del Seguro a muchos de los que perdieron sus sembrados a causa de la lluvia, ha venido a rematar en los últimos meses una de las cosechas más complicadas que recuerde la tierra del mejor tabaco del mundo.

De hecho, a pesar de que desde octubre pasado los vegueros de Vueltabajo enfrentan una nueva contienda, una buena parte de ellos se vio obligada a preparar tierras y comenzar a plantar, sin cobrar la indemnización por las afectaciones sufridas en diciembre o enero, y por tanto, sin liquidarle al banco las deudas contraídas en la campaña anterior.

Según funcionarios de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el problema llegó a sentirse en toda la provincia, incluyendo municipios decisivos como San Juan y Martínez y San Luis, generando malestar, ocasionándole gastos adicionales a los productores por el pago de intereses bancarios, y desencadenando al menos una demanda colectiva contra el Seguro ante los tribunales.

«Mire en qué fecha estamos y mi cooperativa todavía no ha podido cobrar el semillero que perdimos en octubre del 2015», dice Sergio Emilio Chico, presidente de la CCS Sergio González, del municipio de San Luis.

De acuerdo con lo convenido, Sergio afirma que la CCS debía recibir 51 000 pesos por parte del Seguro, pero un año y medio después todavía están a la espera del dinero.

El atraso genera lo que el campesino llama «daños colaterales», y se refiere a las deudas que a su vez la cooperativa hoy arrastra con otros eslabones de la cadena productiva, como la empresa de suministros agropecuarios. La ecuación es simple: si no se cobra, tampoco se puede pagar.

DESPUÉS DEL DILUVIO

«En un primer momento el Seguro dijo que la culpa era de las cooperativas, por demorarse en la entrega de las actas de sanidad vegetal que certifican las afectaciones, pero después se demostró que no era así, y que en realidad no estaban preparados para asumir una situación de tal magnitud», considera Ciro Juan Cartaya, miembro del buró de la ANAP provincial.

Joaquín Remedios, director de la unidad empresarial de base de la Empresa de Seguros Nacionales (ESEN) en Pinar del Río, reconoce que los estragos causados por las lluvias superan los de cualquier otra campaña que se recuerde, al menos en los últimos 20 años.

«La cosecha venía bien hasta diciembre (del 2015), pero en ese momento, cuando ya el tabaco estaba prácticamente listo para la recolección en muchos lugares, comenzaron los daños», rememora Joaquín.

«Las producciones que se lograron (alrededor de un 50 % del plan) fueron sobre la base de sembrar dos, tres, y hasta cuatro veces, con un gran esfuerzo de los campesinos».

A pesar del empeño, hubo pérdidas cuantiosas. «Se produjo lo que nunca: más de 16 000 reclamaciones al Seguro», precisa el director de la entidad.

Ello daría origen a un gigantesco proceso, que todavía no concluye, y que ha conllevado al pago hasta el momento de 199 millones de pesos por concepto de indemnización, la mitad, aproximadamente, de lo desembolsado por la ESEN en todo el país, incluyendo las zonas azotadas por el huracán Matthew, y casi cuatro veces lo que se erogó en el año 2002 tras el paso de los ciclones Isidore y Lili por el occidente pinareño.

«A la par de las afectaciones en el tabaco, estaban las de los cultivos varios, que requerían una atención inmediata, porque hay especies como el tomate, que se echan a perder de ahora para ahorita, y también hubo un complejo de hongos que azotó el arroz.

«Fueron situaciones coyunturales que se dieron al unísono y que complejizaron el trabajo», señala el directivo.

«En otras campañas en las que la naturaleza nos había golpeado, el número de reclamaciones llegó a los 5 000 o
6 000 casos, pero ahora tuvimos tres veces esa cantidad, obligándonos a pagar de cuatro a cinco veces más dinero».

Para poder hacerle frente a tal situación, Joaquín advierte que hubo que realizar movimientos de efectivo de otras UEB del país hacia Pinar del Río, e incluso capacitar a un grupo de sus trabajadores en materia de liquidación y ajustes, para reforzar a quienes normalmente realizan esa labor.

«Por eso el alargamiento en el pago más allá de los plazos establecidos», argumenta.

¿QUIÉN TIRÓ LA PRIMERA PIEDRA?

Sin embargo, junto a la magnitud de las pérdidas hubo otras cuestiones que han retardado la solución, y que pusieron en entredicho la transparencia del proceso.

«Los campesinos habían hecho su contrato con el Seguro antes de comenzar la campaña, previendo precisamente algún tipo de contingencia, y habían pagado la prima correspondiente, pero al cabo de varios meses, cuando empezaron las afectaciones, la dirección provincial (se refiere al Seguro) nos convocó a todos los presidentes de cooperativa del municipio a una reunión y dijo que había que hacer un recálculo, porque el dinero a desembolsar por el Estado era demasiado alto», cuenta Sergio Emilio Chico.

La revisión realizada arrojó que en un grupo importante de casos, para fijar el valor asegurado se tomaron rendimientos productivos que no se correspondían con el historial de las personas. En otras palabras, se habían inflado de manera masiva los números y eso había elevado las primas a pagar por los campesinos, y las sumas a cobrar en caso de ocurrir un siniestro.

«Por ejemplo, hubo a quienes se les valoró la plantación en cuatro toneladas por hectárea, cuando en la práctica nunca habían pasado de 0,95», explica Joaquín.

De no haberse realizado el recálculo, el funcionario estima que su entidad hubiera tenido que pagar indebidamente como indemnización alrededor de 50 millones de pesos. En cambio, si no se llega a dar la situación climatológica que arruinó semilleros y sembrados en toda la provincia, sería el Seguro el que se habría embolsillado dinero de más de sus clientes, con el cobro de primas más altas de lo debido (que finalmente devolvió luego de hacer el reajuste y rebajar el monto de las indemnizaciones).

El tema generó inconformidad entre productores como Sergio Barrera, de la CCS José Maceo del municipio de San Luis, que no comprenden por qué se identificó la incongruencia después que ocurrieron las afectaciones y no antes, y que afirma que en años anteriores el Seguro había admitido (y cobrado las primas correspondientes) las mismas cifras que ahora le parecieron excesivas.

«El Decreto-Ley 263 del 2009 establece que toda negociación se hace antes de que ocurra un siniestro, y aun así hemos tratado de llegar a un acuerdo, pero no han querido», dice Sergio. Por ello ha decidido establecer una demanda junto a otros tres integrantes de la cooperativa ante los tribunales.

Del lado opuesto, los especialistas de la empresa aseguradora señalan que tal situación no se habría originado si los campesinos no hubieran admitido una póliza con las cifras alteradas.

Y en efecto, se trata de un asunto con responsabilidad de parte y parte, teniendo en cuenta que la póliza para asegurar una plantación (que en el caso de la actividad tabacalera suele hacerse por los rendimientos estimados que debe lograr la persona que demanda el servicio) la llena un agente del Seguro, que se debe guiar por los resultados históricos de cada vega, pero el productor rubrica el documento, expresando su conformidad con esa información.

«No pensamos que los campesinos lo hayan hecho con la intención de engañar al Seguro, sino de obtener créditos bancarios más altos», considera Joaquín.

Pero María del Carmen Silva, jefa de departamento de banca agropecuaria del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), niega que un hecho pueda guardar relación con el otro, porque su institución se basa en sus propios análisis para la asignación de los créditos que solicitan la mayoría de los productores para hacer frente a la cosecha, teniendo en cuenta los registros que posee de cada uno de ellos.

En cualquier caso, la situación originada deja en evidencia a muchos agentes de Seguro encargados de atender la principal actividad económica de la provincia, y a una parte de los especialistas a escala municipal. Los primeros, por la tramitación de pólizas con cifras que no se ajustaban a la realidad y que los beneficiaban financieramente, a partir del cobro de primas más elevadas; y los segundos por no haber sido capaces de detectarlo.

«Es algo que no debió pasar», reconoce el director de la ESEN en Vueltabajo, y explica que cuando se hacen las revisiones en el municipio, por lo general se verifican los cálculos, las operaciones aritméticas, pero la base de la elaboración, se supone que viene con valores bien determinados.

«Ese elemento tenemos que perfeccionarlo», añade.

Con el objetivo de que el problema no se vuelva a repetir, señala que se han tomado varias medidas. Se dio un seminario en cada una de las estructuras productivas, en el que participaron todos los actores.

Además se han realizado capacitaciones, se ha entregado documentación, se han creado comisiones conjuntas para la revisión de los daños y de los valores asegurados.

Todo ello –detalla el funcionario– con el propósito de evitar hechos similares en la presente campaña.

No obstante, el clima ha acompañado esta vez, dándole un respiro, a quienes perdieron sus sembrados en la contienda anterior, por lo que de momento no hay manera de saber si con tales acciones será suficiente, o si los atrasos en la indemnización y los datos inflados reaparecerán cuando las lluvias vuelvan a malograr una cosecha.