Los dilemas de la casa

Esta sesión de trabajo estuvo presidida por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés (primero a la derecha) y René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción (segundo a la derecha). Foto: Jorge Luis González

El disponer de una vivienda o de un terreno para construirla constituye hoy, para muchos ciudadanos cubanos, condición y urgencia que aún no ha alcanzado satisfacción plena. Justamente sobre una de las alternativas de acceso a ese espacio vital para el desarrollo humano y de la familia, centró su análisis y debate la comisión de Industria, Construcciones y Energía, este miércoles, en su tercera jornada de trabajo.

A un año de la puesta en vigor del Decreto-Ley 322, modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vi­vienda —que aprobó la extinción del Instituto Nacional de la Vivienda y la reasignación de funciones a varios organismos relacionados con este sector— la comisión informó los resultados de las fiscalizaciones y controles, realizados en 57 municipios y nueve provincias del país, sobre el cumplimiento de uno de los procedimientos del cuerpo legislativo: asignación de parcelas y solares yermos estatales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio.

En primer lugar, se refirió que son muchos los terrenos solicitados y muy pocos los entregados por no existir la urbanización. En este sentido, Diana Rosa Suárez Matías, jefa del departa­mento jurídico del Ins­tituto de Pla­nificación Física (IPF) —institución que hace levantamiento de parcelas o áreas que cumplen condiciones de urbanización, las cuales se inscriben en el registro de la propiedad y se entregan a los gobiernos municipales junto con los expedientes de solicitudes— argumentó que hay limitaciones para este proceso de asignación de parcelas y solares yermos.

“No todas las áreas cumplen las condiciones infraestructurales y aunque la totalidad de las personas tienen derecho a la solicitud, hay un grupo de causales establecidas que varían en orden de prioridad de acuerdo con las particularidades del territorio: afectados por desastres naturales, albergados, casos sociales, entre otras; ha faltado prioridad para la inclusión en el plan de la economía de las áreas que requieren ser urbanizadas, y existe morosidad en funcionarios para la inscripción de las parcelas y la entrega de los expedientes”, aclaró.

Advirtió además que las expectativas de la población no han sido satisfechas, en gran medida, porque se está viendo como la única alternativa para construir un inmueble y la demanda es alta, y el suelo es un recurso finito, no renovable.

En el informe se reseñaron otras dificultades, relacionadas con la falta de preparación del personal implicado en ejecutar lo dispuesto en el Decreto-Ley, insuficiente personal en las direcciones (provinciales y municipales) de Planificación Fí­sica y que los tiempos definidos para realizar los trámites son muy largos.

Respecto a la forma de implementación de este cuerpo jurídico y el im­pacto social, los di­putados expusieron algunas de las insatisfacciones y críticas más frecuentes de la población.

Caridad Isasi Alfonso, diputada por Matan­zas, señaló que el Decreto-Ley creó expectativas en la población, sin embargo hay municipios en los cuales la entrega de solares ha sido mínima y lo más preocupante en ocasiones es que quienes solicitan no reciben respuesta luego, ni se les in­forma qué ocurrió con su petición.

Sobre el levantamiento de parcelas, denunció, hay muchos terrenos ociosos en zonas que cumplen las condiciones de urbanización y no se le está dan­do la intencionalidad y prioridad que requiere el asunto.

“Me preocupan tantas deficiencias en un programa tan sensible, con­secuencia de la irresponsabilidad, falta de compromiso, sensibilidad humana y valentía política que se manifiestan en gobiernos, instituciones de la vivienda y otros organismos que participan en esta actividad. Creo que hay que actuar sobre esas personas. Es evidente que el Decreto es insuficiente en cuanto a que no están descritos todos los procedimientos, pero cuánto más vamos a esperar para solucionar un problema que está planteado desde el programa del Mon­cada, y que aboga por una vivienda dig­na para la gente. A la persona que no se le responde o explica busca una solución por su cuenta y a su manera, y eso genera otro problema que va en aumento y que es la ilegalidad, vivir en ilegalidad”, alertó Jorge Acosta, diputado de Santiago de Cuba.

Aliuska Leyva, diputada de La Ha­bana, señaló que estamos ha­blando de que las personas que se benefician con esta asignación, en primer lugar, son aquellas que presentan la situación más crítica, que perdieron sus casas y bienes a causa de desastres naturales, por ejemplo. Ha ocurrido sin embargo que, después que se les otorga el terreno, no tienen presupuesto para pagarlo. Considero que se debería incluir dentro del subsidio —concedido para la construcción de la vivienda que cubre gastos para proyecto, licencia, mano de obra, materiales y otros— un monto con este fin.

De acuerdo con Diana Rosa Suá­rez, en cuanto a los casos críticos que no tienen dinero para pagar el solar, no obstante a que el subsidio tiene norma aparte y depende de que la persona desee solicitarlo, es cierto lo planteado y manifestó que debía quedar asentada la propuesta de evaluar y proponer a los organismos co­rrespondientes que se considere dentro del subsidio una cuantía para el pago del solar.

Con relación a los procedimientos, dijo, están definidos los que corresponden a la asignación de terrenos en la Resolución No. 55 del IPF, norma complementaria al Decreto, pero concordó en que faltan otros como los que describen la entrega de azoteas estatales, la legalización de barrios precarios o ilícitos que reúnen condiciones para ello, o los que permiten otorgar licencias de construcción a los cambios de uso de un local aprobados.

“Estamos en un proceso de ordenamiento, se está trabajando en la elaboración de una política pendiente a discusión, a partir de ella se podrán definir y ajustar áreas dejando el espacio que realmente necesita la vivienda. De ahí podrán surgir nuevas parcelas para entregar”, afirmó.

Explicó que en las zonas urbanas, no todas las áreas que están desocupadas tienen la finalidad de servir de espacio a la construcción de una casa, las parcelas tienen una determinación, un fin y, si bien existe la posibilidad para el cambio de uso, ese es un proceso que se evalúa y tramita con el Ministerio de Economía y Planificación. Y por supuesto, la otra exigencia es que cumplan los requerimientos infraestructurales.

Existen otras opciones —para acceder a un espacio y construir— que se explotan menos: solares particulares, venta o cesión de azoteas, y ampliaciones de viviendas.

Belkis Serrano, vicepresidenta del IPF, precisó que la asignación de parcelas y solares no es un proceso segmentado y requiere la prioridad, integración y coordinación de los gobiernos municipales, así como de todas las instituciones que intervienen en la actividad. “Eso está faltando. Las normas pueden tener fallas que hoy se están corrigiendo, pero no se pue­de seguir incumpliendo lo legalmente es­tablecido”.

Reconoció, además, que no hay agilidad en la inscripción de parcelas y en la elaboración de los expedientes que se entregan a los Consejos de la Administración.

En otro orden se analizaron y discutieron los altos índices de ilegalidad en materia de ordenamiento territorial y urbanismo y la tendencia al incremento. Solamente en lo que va del 2016 se han detectado 9 976, que se suman a los 154 820 que ya existían de estos hechos.

Entre las causas, José Alfredo Rodríguez, director de inspección estatal del IPF, enumeró las insuficiencias en la inspección, inestabilidad en el completamiento de plantillas, pocas posibilidades de selección del personal que ingresa a las direcciones municipales y provinciales del organismo, su fluctuación, insuficiente capacitación y limitada coordinación de las instancias de Planificación Física con organizaciones de masas para el enfrentamiento a las ilegalidades, entre otras.