Aires de impunidad

CIEGO DE ÁVILA.—Lo del impago de mul­tas en esta provincia trasciende los límites de la tolerancia: al cierre de diciembre del 2015, los infractores debían al erario más de dos millones 700 000 pesos, resultado de unos 13 600 correctivos sin cobrar.

Las acciones realizadas hasta ahora para revertir esa situación no han sido del todo eficaces y no han podido extirpar ese mal. Las estadísticas lo demuestran: en los primeros cuatro meses del presente año, la primera cifra disminuyó a poco más de dos millones 600 000 pesos, y la segunda a 13 251, una tenue luz en el horizonte que algunos catalogan como un discreto avance, y otros como “el cuento de nunca acabar”.

ENTRE LA PRUDENCIA Y LA NEGACIÓN
El problema tiene sus matices, y si uno quiere ver la parte buena, la de quienes pa­gan en tiempo y sin aguijoneo, basta con apostarse frente a cualquiera de las oficinas de Control y Cobros del territorio avileño, so­bre todo a las de Morón y Ciego de Ávila, las que mayor número de población reciben.

Yamilet Jorge Ramírez afirma que llegó has­ta la oficina de la ciudad capital a pagar una multa que le pusieron por vender en la calle sin autorización. “Justamente hoy, sin darme cuenta, se me duplicó, pero iré a la casa a buscar el resto del dinero y regresaré sin dilación”.

De igual manera razona Ana María Pardo, quien acudió, por voluntad propia, a saldar la de su hijo. “Él venía contra el tránsito y no tenía por qué hacerlo. Estoy aquí porque no quiero que se le duplique”.

Fernando González Calzadilla, chofer, también concurría a pagar dos infracciones, una por no realizar la inspección técnica al vehículo (somatón) y la otra por estar mal parqueado, esta última en Santa Clara.

Como estas tres personas, a las demás oficinas de la provincia diariamente van mu­chas otras a saldar las deudas, sin embargo, si uno quiere encontrar a los morosos, a los que se escabullen, tendrá que ir al barrio, a la casa, o esperar a que aparezcan.

Guiado por Aracelio Soto García, 83 años de edad, gestor-cobrador con más de dos décadas en el oficio, Granma salió en la búsqueda de algunos de los infractores.

Soto, conocido hasta en el más recóndito lugar de la Ciudad de los Portales, se auxilia de la libreta donde anota cada una de las visitas y el día que debe realizarla; “mi diario”, como él mismo la bautizó. Un vistazo y dice: “vamos al barrio de Inseminación. Allí debo cobrar algunas”.

Orisdelbis Acosta Cabrera, cochero, debía una de 500 pesos. “Me la pusieron en el 2013. Yo la pagué y ahora me dicen que no lo hice. En ese tiempo se duplicó y como extravié el comprobante, no tengo pruebas para presentarlas”.

Y para ponerle la guinda al pastel, después de darle el dinero a Soto, Orisdelbis decidió compartir inquietudes con los recién llegados: “A alguien tengo que decírselas”, se desahoga.
“No entiendo por qué, después de más de dos años, vienen a exigirme. Sospecho que en la Oficina de Cobro el control es deficiente. Además, es cierto que el comprobante de pago se me perdió, pero debajo dice que es obligatorio conservarlo solo por un año. Vi­nieron después de ese tiempo y no me habían citado con anterioridad, aunque reconozco que debí pagarla en el tiempo previsto”.

Dejando margen a la duda, Orisdelbis apela a una anécdota: “Poco después de haber abonado el dinero de la primera multa que, se­gún dijeron, se perdió cuando el cambio de oficina, la Policía me paró y me ‘tiró’ por la planta, preguntando si yo debía alguna. Le respondieron que no. ¿Quién puede entender? Algo falló”.

Y Alcides Pérez Hernández, quien escucha la conversación, atiza la polémica: “Mire, ha­ce tiempo fui a pagar una, bien temprano en la mañana, y no había dinero pa’ devolverme. Eso es incomprensible”.

APREMIO CONTRA LA IMPUNIDAD
Entre las principales razones del bajo porcentaje de efectividad se encuentran la débil o falta de gestión de los gestores-cobradores, plantillas sin cubrir —de los 58 solo existen 29—, desorganización en el trabajo, ineficacia del sistema, dificultades con los medios de transporte e inestabilidad en las direcciones de las oficinas, fundamentalmente en los municipios de Ciego de Ávila, Chambas, y Morón que, aunque hace unos días dispone de un director, pasó mucho tiempo al “pairo”, a merced de las “olas” del inmovilismo.

Para comprobar la repercusión negativa que provoca la ausencia de directivos en dichos locales, solo dos ejemplos ilustran: al cierre de marzo, el municipio de Ciego de Ávila había cobrado 5 787 multas, y quedaban pendientes 7 466 (77,5 %); y en el de Morón el average fue peor: 2 038 de 4 552 (45,6 %).

Sin embargo, todo está diseñado para evitar las evasiones. A partir de la imposición, el transgresor dispone de 30 días hábiles para pagarla —en término—, después de ese tiempo se le duplica, hasta que a los 61 días se convierte en apremio, faceta en la que se encuentran más de 11 300 multas, con un importe superior a los dos millones 400 000 pesos, cifra que, de cobrarse, sería de gran utilidad social  en cada uno de los territorios, pues ese dinero pueden usarlo los gobiernos de los municipios.

Por ello, y porque no se le puede dejar margen a la impunidad, como reconoció Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en meses pasados, durante una visita a Ciego de Ávila, se necesitan acciones más eficaces contra los incumplidores.

Ricardo Dapía Batista, director provincial de Finazas y Precios, aseguró que, en los últimos tiempos, se trabaja de manera mancomunada en el perfeccionamiento de la base de datos y en la actualización del sistema, en aras de agilizar el cobro e, incluso, determinar el centro laboral a que pertenecen los infractores. “Hemos mejorado —afirma— pero hay municipios con gran incidencia en la provincia. Por ejemplo, del total de multas en apremio, el 97 % se concentra en la cabecera provincial y Morón. Los restantes tienen una labor más estable. Somos del criterio que a los reincidentes, a los incumplidores, hay que aplicarles el peso de la Ley, que contempla el embargo del salario o la reclusión penitenciaria si fuera necesario.

En ese sentido, Mairlet González Her­nán­dez, presidenta del Tribunal Provincial, afirma que la vía judicial la utilizan como última opción, después de agotar la gestión administrativa que, por cierto, no siempre es bien utilizada.

Y para dar crédito a su aseveración, refiere que de las 160 denuncias recibidas por los tribunales el pasado año, devolvieron 58 a las Oficinas de Control y Cobros “porque no realizaron todas las acciones previstas en las normas para lograr que los implicados saldaran sus deudas”.

Además de preparar correctamente los ex­pedientes de denuncia al Tribunal, a dichas oficinas les corresponde precisar si el transgresor carece de vínculo laboral y, si lo tuviera, solicitar un descuento salarial mensual a la dirección de su centro de trabajo.

Sin embargo, ellas no siempre cumplen su función, ya sea por carencia de personal, por desorganización interna o porque todavía no se dispone de la base de datos que permita conocer, con exactitud, quiénes son los in­fractores y la manera de encontrarlos.

A decir verdad, no todo depende de cuánto pueda hacerse, o no, en estos locales. Las empresas, por su parte, deben ser más exigentes cuando uno de sus trabajadores no concurre a pagar y, a la vez, los impositores están obligados a realizar mejor su labor, en aras de evitar las cancelaciones (las multas se pueden eliminar por errores en el nombre, carné de identidad, dirección, etc.), que el pasado año ascendieron a más de 3 000 en el territorio.

El mal no es exclusivo de la provincia de Ciego de Ávila. Un informe del Ministerio de Finanzas y Precios, sobre la situación de la imposición y cobro de multas hasta  mar­zo del 2016, al que tuvo acceso este diario, revela que en el país se impusieron en ese periodo 441 104 multas, con un importe superior a los 62 millones de pesos.

Y si a lo anterior se agrega que hasta esa fe­cha se encontraban pendientes de cobro 193 693, el problema no es tan sencillo, y no sería descabellado pensar en que los contraventores co­mienzan a respirar aires de impunidad ante las ilegalidades y las indisciplinas que cometen.

Las cifras ponen al descubierto la magnitud del fenómeno y si se quiere que la tolerancia no llegue al irrespeto —si es que no lo ha sobrepasado ya—, en primera instancia, habrá que detener la fluctuación de la fuerza laboral en las Oficinas de Control y Cobros, capacitar y dar mejor atención a la existente y, cuanto antes, poner a punto en todos los municipios del país el sistema automatizado para el control y cobro.

La insubordinación nunca ha sido premiada con aplausos y, aunque algunos pudieran interpretar toda medida coercitiva como una violación al derecho ciudadano, si los impagos continúan y crece la cifra de evasiones, habrá que pensar en otras alternativas que lleven a los deudores a cumplir con sus obligaciones, y quien clame por esos derechos debe, al me­nos, cuestionarse si cumple con sus responsabilidades como ciudadano.

Mientras no se logre el total reordenamiento, incluidos los impositores que hacen mal algo tan elemental como copiar correctamente los datos de los carnés de identidad, será muy difícil cerrarles el camino a la impunidad y el desorden.