Del surco al mercado, soluciones integrales

Si la economía cubana necesita de un salto plausible, buena dosis de responsabilidad para superar esa va­rilla, pesa sobre los pies de la agricultura. Es este sector, no solo premisa pa­ra cambiar el paisaje económico del país, sino colofón para alcanzar el crecimiento pautado.

En este sentido, el reciente Pleno Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) puso sobre el tapiz cuestiones neurálgicas a resolver a corto plazo y, en particular, la intervención del Se­gun­do Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ven­tu­ra, dejó lecturas frescas y líneas claras de trabajo en pos del compromiso individual, y la respuesta colectiva de los hombres y mujeres del campo.

Uno de esos nítidos mensajes fue lo apremiante de sembrar más y di­versificar las producciones. A ma­yor cantidad de áreas cultivadas, ma­yo­res probabilidades de obtener más productos. Por otro lado, el monocultivo solo conduce a la dependencia y al es­tancamiento, dos enemigos mortales del desarrollo.

Y muy unido a ello, está el hecho —más bien la urgencia— de acrecentar los volúmenes de contratación, pero se trata de contratar lo máximo posible, no lo máximo inalcanzable poniendo en un papel planes divorciados y ajenos a la realidad. Urge, además, sacudir los contratos del lastre de la formalidad excesiva y, en cambio, aprender a emplearlos como auténticos mecanismos de gestión económica, con las cláusulas pertinentes, responsabilidades y sanciones. Pero, sobre todo, que llame a ca­da cual por su nombre a la hora de las reclamaciones ante el más mínimo incumplimiento. Un instrumento útil y sin mucha complicación ni adjetivaciones.

Por ese mismo camino, enciende “luz roja” otro tema no menos preocupante: el de los precios astronómicos de varios productos en la red de mercados.

Solo con este análisis ha­bría “plato fuerte” para unas cuantas pla­­­nas, pero un simple paréntesis ayu­da a deslindar algunas de las causas principales.

Por una parte, es cierto que el costo de determinados insumos re­sulta elevado y esa sumatoria influye en los precios finales de la comercialización minorista de productos agro­pecuarios, ofertados a la población, pero también es verdad de Pero­gru­llo que hay casos en los que algunos prefieren que se echen a perder producciones en lugar de disminuir sus precios.

Y ojo: esa es una tendencia que suele globalizarse en las sociedades de consumo y una típica amenaza del mercantilismo capitalista. Cui­démonos de importar arquetipos de esa calaña, que no tienen cabida en un sistema como el nuestro, ni en un país al que la adquisición de alimentos en el mercado internacional le cuesta de su cartera —cada año— nada menos que 2 000 millones de dólares como promedio.

También está claro —en el tema de los insumos— que no sería factible retornar a la época de los subsidios. De ahí que son poco fértiles justificaciones del tipo “si me venden los recursos más barato, bajo los precios”, por lo que debemos escapar de ese slogan simplista y hacer un análisis integral, o mejor, buscar so­luciones concretas. Aunque no sea fácil.

Meridiana ha sido, asimismo, la advertencia de Machado Ventura, en diferentes escenarios, a que no podemos regresar a la burguesía agraria, donde las abultadas ganancias de unos pocos les lleven al acomodamiento extremo y se aparten del ca­mino, algo incompatible con la tradición de la abrumadora mayoría de nuestros campesinos, siempre muy vinculados a la gesta y la impronta re­volucionarias.

Los márgenes comerciales, decía el Se­gun­do Secretario del Comité Central del Partido en este II Pleno, a su paso por la cadena de intermediarios ilegales alteran los costos de las mercancías, con gravámenes que se alimentan, de mano en mano.

En esta dirección, vale recordar que desde hace algún tiempo en la ca­pital se intentó revertir el problema con una variante de comercialización que permitía a los productores vender sus mercancías directamente en un mercado mayorista, y así se eliminaban irregularidades como la del surgido espontáneamente en la calle 114, en Marianao. Y es verídico que esa alternativa no era la más idónea, pero la variante encontrada —aun con sus buenas intenciones y perspectivas— tampoco ha resuelto el problema.

Quizá porque se llevó a terreno en una urbe compleja como La Ha­bana, con casi tres millones de personas que en ella comen cada día, entre residentes y población flotante. La cuestión no es arremeter contra las vías buscadas, es sopesar los “pro y los contra”, y aprovechar las opciones que indiquen un balance positivo.

Como ha dicho el General de Ejér­cito en una reunión del Consejo de Ministros en mayo de este año, no son robots los que participan de la elaboración y aprobación de propuestas, y justo porque “no siempre se tie­ne la experiencia en estas tareas, (…) lo que hagamos debe estar sometido constantemente a la crítica constructiva”. E instó al análisis oportuno y a “rectificar errores antes de ge­ne­ra­lizar los experimentos”.

Una cuestión muy ligada a las di­ficultades en la comercialización en La Habana radica en la diversidad de nomenclaturas y gestión de los mercados aquí. Por ejemplo: existen 469 unidades donde venden directamente los mismos productores, 77 gestionadas por cooperativas no agropecuarias, 52 estatales administradas por el Poder Popular, 30 de oferta y demanda (adscritos a la Empresa de Mer­cados), 535 puntos de venta y 1 178 carretilleros.

Volviendo al asunto precios, sería muy superficial decir que las tarifas exorbitantes se solucionan con un par de medidas al “Tin Marín…”. De­penden de un círculo de actores que in­tervienen en la cadena de producción-distribución-comercialización, de ne­gli­gencias, de brechas legales don­de falta el control y abundan los oportunistas a la cacería de medios y chances de lucro.

Y esto nos lleva directamente a otro fenómeno: el de los especuladores, una figura comercial no legalizada que saca provecho —juega— con las ne­­­ce­si­da­des de otros, acapara cu­an­­to puede y luego genera un déficit ficticio de ciertos genéricos para poder expenderlos, a precios más atrac­tivos, mientras al cubano co­mún, trabajador, no le que­da de otra.

Al respecto recordaba Machado Ventura que hay que tener a la vista siempre que el principal destinatario de las producciones agropecuarias es el pueblo y este debe pagar —por cuenta propia— todas las alteraciones mencionadas. El mismo pueblo que se queda desprotegido, frustrado, del otro lado del mostrador cuando ve cómo aumentan los precios, escasean los productos y sus bolsillos siguen discretos.

Tal vez la entidad conocida como Acopio (que en el caso de la capital, Artemisa y Mayabeque pasó a cargo de la Empresa Agropecuaria), a pe­sar de sus dificultades, como intermediario no estaba tan “equivocado”, y lo cierto es que más allá del cambio de nombre o de estructura, persisten viejas trabas en su gestión que frenan el impulso al que está llamada la comercialización.

Y esto lleva de regreso a la tesis inicial: incrementar la producción. Por tradición, en casi todas las reuniones del ramo salían a relucir las obstrucciones en relación con los insumos. Gran parte de las inversiones re­cien­tes del Ministerio de la Agri­cultura (Minag) han enfocado su lente en este tópico.

Un simple detalle: de 11 centros para el expendio de disímiles insumos —atendidos por el Grupo Empresarial de Logística del organismo en cuestión (Gelma)— existentes en el 2014, la cifra ha crecido hasta 189 unidades en toda la nación. Y, según aseveraron Machado Ventura y el titular del Minag,

Gustavo Ro­dríguez Rollero, cada vez se harán más ostensibles esos volúmenes de aseguramiento a la producción. Tam­bién se han incrementado los precios de compra al productor en determinados renglones, lo que ha devenido estímulo para muchos. Por lo que la balanza actual exige, casi pide a gritos, una respuesta efectiva del campesinado y en un lapso breve de tiempo.

Paisaje que pueden ayudar a despejar las actuales transformaciones que experimenta en su piel la ANAP, con la reciente aprobación de los Fun­damentos para la constitución de sus organizaciones de base, los Estatutos y el Reglamento General. Estos cambios son fruto de un trabajo sistemático (previo y ulterior al XI Congreso de la asociación campesina), y no solo la liberan de atender asuntos netamente administrativos en las cooperativas y centrarse en su mi­sión político-ideológica como or­ga­niza­ción de masas, sino que coadyuvarán a que pueda tributar desde otra perspectiva, a apoyar al campesinado ante los desafíos que ya tocan sus puertas.

De hecho, varios de los asistentes al Pleno coincidieron en que la anterior estructura y dualidad de funciones perjudicaban la alianza obrero-campesina. Y se ratificó el espíritu ma­yoritario de los hombres y mujeres del campo a dar un salto productivo y bajar los precios.

Las soluciones, como los problemas en sí, tienen de parte y parte. Por lo que más que culpables, se buscan opciones viables y respuestas puntuales.

Que se hacen esfuerzos por enderezar el tronco de estas actividades, nadie lo duda; que es prioridad del país atender y desarrollar el sector agropecuario, es irrefutable; que las preocupaciones de abajo se discuten y estudian al más alto nivel, es realidad. Nadie tiene una varita que re­suelva por sortilegios y actos de magia los baches mencionados, es un proceso gradual y escalonado. Pero vale la pena, al menos, poner las cartas sobre la mesa de nuevo y no tener miedo si algunas fórmulas viejas demuestran ser más factibles que otras jóvenes, o combinar lo mejor de ambos extremos. Ello podría entrar en “resonancia” y llegar, en menos tiempo, a lo que la gente necesita, en lugar de que se dibuje ante sus ojos como el clásico perro que se muerde la cola.