¿Responsabilidad al volante?

La presencia de tractores en faenas agrícolas resulta un garante indiscutible para llevar a buenos términos producciones agropecuarias. Nadie lo dude. Pero eso sí, la circulación de estas “moles de hierro” en la vía pública está sujeta a limitaciones muy estrictas, al no ser esta última su razón de ser, ni de uso. O lo que es igual, no está en sintonía con el objeto social para el que fue concebida su introducción. Y así está legislado.

Pareciera entonces que lo anterior, lejos de incidir en la disminución del índice de accidentes en los cuales participan conductores de tractores, este último crece a ritmo preocupante. Entre el 2010 y el 2014 se reportaron 938 accidentes, cuyos responsables condu­cían las potentes maquinarias agrícolas. Su saldo: 132 víctimas fatales y 941 lesionados.

“Para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía, incluyendo a los conductores y ‘pasajeros’ de los tractores, nuestra legislación prohíbe la circulación de estos ve­hícu­­los por las vías del país. Esta prohibición es expresa e irrefutable cuando se refiere a la circulación por las autopistas, vías expresas o multicarriles de interés nacional”, explica a Granma la te­niente coronel Teresa Al­ben­tosa Rodríguez, jefa del departamento de Educación Vial, de la Dirección Nacional de Trán­sito.

“Sin embargo, cuando hace mención a las restantes vías, dígase de interés nacional, provincial y municipal, considera una excepción: un tractor (extensivo a los equipos especializados agrícolas, industriales y de la construcción) podrá circular por estas, siempre que esté debidamente autorizado por la dependencia correspondiente del Ministerio del Interior, en este caso, por la Policía Nacional Revolucionaria”, acota.

Una vez concedido ese permiso especial, nada exime al conductor de un tractor de “te­ner al día” los documentos pertinentes para la circulación y las condiciones técnicas. Mucho menos da margen a la más mínima violación en cuanto a las arterias por donde debe desplazarse, los horarios pautados y las normas generales a cumplir, según la Ley 109, Código de Seguridad Vial.

El límite máximo de velocidad que se es­tablece para los tractores es de 20 kilómetros por hora. Además, requiere de otras provisiones asociadas al sistema de luces para condiciones especiales de visibilidad.

El Decreto 229, De los tractores y cosechadoras autopropulsadas, su control técnico, explotación, registro y contravenciones (fe­chado el 30 de enero de 1998), establece que “toda persona natural o jurídica debe coordinar con el Ministerio de la Agricultura la realización de inspecciones técnicas o verificación de documentos de los tractores en su po­sesión o propiedad, según sea el caso, en función de comprobar sus condiciones de seguridad para operar”.

De no vencer satisfactoriamente dicha revisión, se le da baja provisional y se le retira la licencia de circulación hasta que los fallos técnicos sean subsanados.

ENTRE LA VÍA Y LA VIDA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Datos oficiales confirman que, al cierre del 2014, por cada diez accidentes que involucran tractores, se registran dos muertos y diez lesionados. En el curso del primer trimestre del 2015 hubo en la nación 50 sucesos de esta índole y fueron declarados responsables los choferes de tractores en 40 de ellos.

Por provincias, registran en el 2014 mayor afectación Granma, Mayabeque, Artemisa, Camagüey, Guantánamo y Las Tunas, superando entre ellas el 22 % del total de hechos de esa naturaleza. Las causas se reiteran: negligencias en la conducción, desperfectos técnico-mecánicos y exceso de velocidad, al querer maniobrar el tractor como si fuese un auto ligero. Craso error.

Las estadísticas apuntan que, de producirse un incidente vial donde haya una mole so­bre ruedas como estas, pueden devenir armas letales. “Se estiman en un 20 % las probabilidades de perder la vida y en más del 90 % de resultar lesionados”.

Esos elevados índices de accidentalidad ponen sobre el tapiz, cuestiones cardinales: uno, si bien se ha insistido con frecuencia en el tema de la seguridad vial, los casos de accidentes aumentan; dos, para algunos conductores la responsabilidad en la vía muchas veces no trasciende del ámbito de la enunciación y recaen en prácticas indebidas que, a la postre, tienen nefastos desenlaces; y tres, no hay una justa percepción del riesgo hasta que no tropezamos por “timón” propio.

Ante la tendencia actual de la frecuente confluencia de esos vehículos en calles y ca­rreteras —rurales o urbanas—, sin poseer el permiso policial ni contar muchas veces con  los requerimientos básicos, Granma quiere propiciar el debate a partir de un ejemplo hipotético y no tan casual.

En comunidades rurales, donde el tractor actúa —más allá de maquinaria agrícola— como medio de transporte público y ambulancia, ¿qué sucede si, ante una emergencia dada, solo se puede apelar a este para trasladarse a un centro de atención médica?

A esa hora, la prioridad de salvar una vida puede superar la emisión del autorizo legal y sería engorroso iniciar un trámite burocrático en lo que podría fallecer un individuo. Máxime si es de noche, cuando los papeleos se complican. Además, un accidente es justo eso: una contingencia, un imprevisto. ¿Qué hacer en­ton­ces?

La respuesta es otra pregunta: ¿cuán fortuita realmente es una eventualidad de este tipo? No se podrá prever tal vez la dimensión de los daños (y esto también es discutible), pero sí se puede planificar en comunidades de esta tipología, el contar previamente con el visto bueno de la autoridad competente para que un pe­queño parque de tractores pueda tomar partido en circunstancias atípicas.

Para que ello estribe, precisamente, en una apología a la vida, el parche no puede ser peor que el descosido. Traducción: en la tentativa de resolver una emergencia sin que el tractor cumpla con lo legislado, la decisión de pasar “por en­cima de la Ley” debido a fines justificados podría resultar en la ocurrencia de nuevos accidentes.

Por consiguiente, la cuestión medular en seguridad vial comienza con el conocimiento de lo que debemos y podemos hacer “al vo­lan­te”, pasa por la asimilación real de la percepción de riesgo y termina con la responsabilidad y el compromiso de cada persona para con la vida de los otros y la suya misma. Y en prevenir, decía Martí, está el arte de salvar.