Plazas vacantes no declaradas

Camagüey.— No es este un asunto nuevo ni mucho menos, pero sacarlo a la luz nuevamente me parece oportuno. Se trata de las plazas vacantes que las empresas y los organismos no declaran ante las direcciones municipales de Traba­jo, cuyo encargo estatal es, dicho sea a propósito, ofrecer empleo a quienes lo nece­siten.

Al indagar sobre el tema, lo primero que sale a relucir es que el Código de Trabajo (Ley 116) y su Reglamento de aplicación dejan cla­ro que cuando se necesite cubrir una plaza, los empleadores efectúan una convocatoria, primero ante sus propios trabajadores, y de no existir aspirantes idóneos extienden la se­lección a otro personal ajeno a la entidad, para lo cual deben presentar a las direcciones municipales de Trabajo la información de las plazas vacantes.

Este último paso, sin embargo, está lejos de ser cumplido por todos. El hacerlo o no, queda en las buenas intenciones de los directores de las entidades, quienes a veces olvidan que están en el deber de conciliar sistemáticamente con los órganos de Trabajo la situación de com­ple­tamiento que presentan sus plan­tillas.

Si ello no ocurre según lo establecido, o lo hacen unas entidades y otras no, ¿de dónde entonces pueden salir las ofertas para aquellas personas que necesitan un empleo y acuden, como es lógico, a las oficinas de las direcciones municipales de Trabajo en busca de una respuesta satisfactoria?

El asunto se complica, a modo de ejemplo, cuando llega la hora de ubicar a los jóvenes desmovilizados del Servicio Militar Activo o egresados de la enseñanza técnica y profesional, a los ciudadanos que cumplieron sanciones de privación de libertad o a las personas con algún tipo de discapacidad.

De hecho, dar respuesta a tales prioridades se convierte en un verdadero dolor de cabeza para las sub­direcciones de empleo, y dentro de ellas los buroes de orientación la­boral, que son los lugares específicos a donde justamente deben acudir las entidades.

A estas alturas del análisis, es preciso aclarar que los funcionarios de las direcciones de Trabajo deben asumir también un papel mucho más activo y exigente en lo que se refiere a la revisión y control sobre el manejo de las plazas vacantes en las entidades.

En un escenario donde crece el sector no estatal como una alternativa más de empleo, lo que conlleva a su descentralización y flexibilización, en modo alguno puede soslayarse la responsabilidad de las em­presas y organismos para que tal proceso de contratación transcurra en un ambiente de legalidad y transparencia.

Digo esto porque cumplir con  lo establecido es el primer paso para evitar que lleguen a tener fundamento los rumores de que en algunos lugares los empleos más atractivos y codiciados quedan reservados para familiares, amigos y compadres, en un “trapicheo” ilegal que pone el lucro por encima de la idoneidad demostrada, el talento y los méritos de los posibles aspirantes.