En busca de ofertas variadas y de mejor factura

La actualización del modelo económico cu­bano concibió, desde un inicio, la búsqueda de alternativas que tributaran a una mayor calidad y diversificación de las ofertas destinadas a la población; y al mismo tiempo, permitieran al Estado concentrarse en cuestiones trascendentales para el desarrollo del país.

En ese sentido, el Lineamiento 308, aprobado en el Sexto Congreso del Partido, establece la introducción de formas no estatales en el comercio, fundamentalmente en la gastronomía y servicios personales y técnicos de uso doméstico.
Acorde con estas líneas directrices, el Mi­nisterio de Comercio Interior (Mincin) ha ac­tualizado la política aprobada para la implementación de las nuevas estructuras, reafirmando que tales servicios, como norma, se­rán gestionados mediante formas no estatales.

Así trascendió en el diálogo con Ada Chávez Oviedo, viceministra del ramo, quien reiteró que tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las cooperativas no agropecuarias (CNA), el régimen establecido será el de arrendamiento, pues se mantiene invariable la propiedad del Estado sobre los principales me­dios de producción. Aunque aclaró que “los equipos, útiles y herramientas podrán alquilarse o venderse”.

En opinión de la vicetitular, “la experiencia acumulada desde el 2009 con el arriendo de peluquerías y barberías a personas que laboraban en las propias unidades y pasaron a desempeñarse como cuentapropistas, su posterior extensión a otras prestaciones, el alquiler de locales gastronómicos de hasta cinco trabajadores, así como la creación de 57 cooperativas en el país, fue allanando el terreno para que, en julio de este año, se decidiera extender tales modalidades al resto de los establecimientos”.

Hoy, de las 12 988 unidades de la gastronomía y los servicios técnicos y personales que existen en Cuba, comentó Chávez Ovi­e­do, 3 570 ya funcionan bajo formas no estatales y aglutinan a cerca de 11 270 trabajadores. Las demás se incorporarán, de manera gradual y ordenada, atendiendo al número de personas que laboran en ellas, los niveles de actividad y la estructura de los servicios.

Durante esta primera etapa, indicó, alrededor de 3 350 locales han sido arrendados a los propios trabajadores que allí radicaban y fueron aprobadas 219 CNA, de las cuales ya funcionan 39 en la gastronomía y nueve en los servicios personales y técnicos. Estas últimas se concentran en La Habana, Pinar del Río, Isla de la Juventud y Ciego de Ávila, mientras las primeras están diseminadas por todas las provincias, exceptuando a Matanzas y Maya­beque.

Hasta el momento, apuntó la viceministra, se han incrementado de manera general la calidad de las ofertas, la estructura de las mismas y los horarios de servicios; se han reanimado las instalaciones gastronómicas y los trabajadores han aumentado los ingresos, aunque se aprecia una tendencia creciente de los precios de algunos productos.

No obstante, reconoció que aún falta preparación para asumir los cambios resultantes del paso a otra modalidad de gestión y por consiguiente, en no todos los lugares se aprovechan las potencialidades emanadas de las transformaciones.

PORMENORES DE UNA ESTRATEGIA

La política para la implementación de formas no estatales en el comercio, compuesta por 43 principios (12 se mantienen de las disposiciones anteriores, 8 muestran precisiones y 23 son nuevos), pretende, a partir de las vivencias obtenidas, corregir errores y consolidar los buenos pasos, en aras de ofrecer servicios de mejor factura y, sobre todo, hacerlos sostenibles en el tiempo.

De igual modo, la estrategia proyecta mantener las prestaciones existentes y rescatar aquellas que constituyen tradiciones culturales e históricas en unidades emblemáticas, conservando la imagen e identidad.

Según Ada Chávez, el paso hacia el nuevo modelo de gestión se sustentará sobre bases jurídicas, mediante el reglamento que norme su desempeño, así como la tipología de los servicios a prestar y las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento.

“Dicho documento, que será firmado por un término de hasta diez años, prorrogables por acuerdo entre las partes, devendrá herramienta legal imprescindible para determinar, incluso desde el proceso de negociación, los intereses del nuevo establecimiento y sus responsabilidades insoslayables. En caso de incumplimiento de los compromisos se rescinde el contrato”, subrayó.

Vale señalar que no pocas unidades de co­mercio adolecen de buenas prácticas y en algunas persisten ilegalidades, más allá de las quejas de la ciudadanía o de las inspecciones estatales. Por ello, los cambios también apuntan hacia la modificación de estas tendencias no­civas.

Toca entonces al Mincin, puntualizó la vicetitular, diseñar el sistema de control para las formas no estatales, acorde con su función rectora. Entretanto, corresponde a los órganos y entidades nacionales aprobar las tarifas de arrendamiento, las cuales no responderán a criterios arbitrarios, sino que tendrán en cuenta las dimensiones del local y su ubicación, en­tre otros aspectos.

Respecto al precio de los servicios, tema altamente sensible para la población, explicó que estos se determinarán mediante oferta y de­manda, a excepción de los que se decidan centralmente.

A modo de ejemplo, mencionó que hoy mantienen invariables sus tarifas la reparación de los equipos del programa de ahorro energético, del calzado ortopédico, así como los servicios de lavado. En la gastronomía también existen precios máximos para renglones como cigarros, tabacos y determinados rones (57 y 60 CUP) y se evalúa normarlos en otros productos.

Aunque no está vinculado de manera directa con el establecimiento de precios límites, la obligatoriedad de las cafeterías en hospitales y centros docentes de mantener, como mínimo, tres ofertas ajustadas al poder adquisitivo de un segmento importante de los consumidores, también refleja la voluntad de proteger a los ciudadanos.

Otro tema medular abordado por Chávez Oviedo fue el referido al abastecimiento. “Las unidades que se desprenden de la gestión estatal, en forma cooperativa, continuarán recibiendo los recursos que tenían asignados en el plan a un precio inferior al de la red minorista, a la cual también pueden acceder, unido a otras comercializadoras mayoristas”.

De cualquier forma, la política contempla la habilitación de canales directos de circulación mayorista para las cooperativas, vinculándolas con los productores en todos los casos donde resulte viable. Así, insistió la Viceministra, “se agilizan las gestiones en tanto se reducen los canales de distribución dentro de la cadena logística”.

BENEFICIOS FISCALES Y OTRAS PRIORIDADES
Durante su explicación sobre cada uno de los principios de la política, Ada Chávez hizo un alto en la incorporación de los trabajadores a las nuevas estructuras, donde se priorizará a quienes posean contratos por tiempo indeterminado, a aquellos pertenecientes a la unidad y que cumplen servicio social, así como a los provenientes de la empresa. A quienes no de­se­en sumarse a la transformación se les aplicará el proceso de disponibilidad laboral, acorde con lo establecido por el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social.

Derivado de tales modificaciones, las entidades a las cuales se subordinen establecimientos que adopten modelos de gestión no estatal deberán redimensionarse, en correspondencia con sus nuevas funciones y nivel de actividad.

Tengamos en cuenta, precisó la  Vice­mi­nis­tra, que “las cooperativas pueden constituirse a partir de uno o varios establecimientos con objetivos afines. Incluso las unidades que han sido arrendadas a trabajadores por cuenta propia podrán asociarse en proyectos cooperativos si cumplen con los requisitos necesarios”.

En torno a los beneficios fiscales contemplados en las disposiciones, Chávez Oviedo llamó la atención sobre aquellos referidos a las unidades ubicadas en zonas rurales, montañosas o de difícil acceso. A las que resulten seleccionadas por los Consejos de la Administración Pro­vin­cial se les aplicará un régimen simplificado para el pago de los impuestos, unido a un tratamiento diferenciado en cuanto al abastecimiento.

Resaltó además que los trabajadores que asuman la reparación de los locales se exonerarán del pago de su arrendamiento, por un plazo de hasta dos calendarios; para las cooperativas es­te periodo será de un año.

Asimismo,  explicó que las CNA o los trabajadores por cuenta propia  que participen en pro­gramas priorizados (Ahorro Energético, Sis­­tema de Atención a la Familia y otros) o don­de resulte de interés estatal establecer precios máximos para proteger a la población,  po­drán recibir una bonificación de hasta el 10 % del im­­puesto sobre utilidades o ingresos personales. Tales programas deberán gestionarse, co­mo nor­­ma, en cooperativas.

Respecto a la titularidad del local arrendado, Ada Chávez puntualizó que quienes funjan co­mo tales podrán desempeñarse en todas las actividades de servicios gastronómicos, personales y técnicos aprobadas. Y en las unidades don­de laboren dos o más personas, de mutuo acuerdo podrán presentarse como titulares u optar por la autorización de trabajador contratado.

De igual modo, recordó que similar a lo establecido desde los proyectos iniciales, los gastos asociados al ejercicio de la actividad serán asumidos por las formas no estatales, incluidos los servicios de electricidad, agua y teléfono.

Mientras, resulta novedosa dentro de los prin­cipios la posibilidad otorgada a las nuevas es­truc­tu­ras de participar en la formación de es­tu­dian­tes. No en vano los prestatarios de servicios de­berán avalar sus habilidades o formación técnico-profesional en las actividades que se determinen.

Y también a modo de aval, cual garantía de éxito, deberá la aplicación de la política, luego de su compleja materialización, contribuir a desterrar la imagen de inoperancia que aún acompaña a buena parte de las unidades vinculadas a la prestación de servicios.