Parlamentarios debaten acciones de la Contraloría General a la corrupción

La Habana, Las acciones de la Contraloría General de la República en el combate a la corrupción, y los vacíos existentes en esta tarea, fueron expuestas hoy a los parlamentarios cubanos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

Reynol Pérez, vicecontralor general, señaló que los daños generados por ese flagelo suman millones de pesos en ambas monedas (CUC y CUP), y se extienden a casi todas las ramas de la economía nacional.

Precisó que la máxima entidad fiscalizadora del país ha identificado como principales causas, desde las conductas de apatía, indolencia y comprometimiento, hasta la participación directa en los hechos.

También se incluye la ineficiencia de los sistemas de control interno en las entidades, la insuficiencia en la definición y separación de tareas y responsabilidades, y los vacíos en flujos de información asociada a los planes y la ejecución del presupuesto.

Pérez se refirió como freno para el combate a las manifestaciones de corrupción las demoras en reportarlas cuando se presume, o se sabe que existen, lo cual disminuye la capacidad de neutralización del fenómeno.

Entre las áreas donde más se cometen estas violaciones se encuentran el comercio minorista, la gastronomía y los servicios comunales, además de la distribución y producción de alimentos, sobre todo en entidades de subordinación local.

Se observa repetición de las formas de operación por los comisores, fundamentalmente en la manipulación de inventarios y efectivo, los pagos a particulares, la actividad contable, entre otras actividades que garantizan el control de los recursos.

El Vicecontralor significó la validez de las quejas y denuncias formuladas por la población y los trabajadores cuando se detectan presuntos hechos de corrupción, ya que según las estadísticas llevadas por la Contraloría casi siempre tienen alto grado de veracidad.

Como aspectos más preocupantes mencionó la no valoración en las entidades de las causas que generan estos delitos, en tanto no se identifica la responsabilidad colateral de quienes participan.

En esta jornada de información e intercambio en comisiones de la Asamblea Nacional de Poder Popular también se pronunció el Ministerio del Interior, con una actualización a los diputados sobre la batalla perenne que sostiene contra el delito y las indisciplinas sociales.

El general de brigada Jesús Becerra, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, planteó como elementos dañinos a la sociedad el fraude y compraventa para la autorización de transformaciones de viviendas, el desorden público, las riñas y alteraciones y el ruido excesivo, entre otros.

Refirió la preparación para responder a acciones lesivas a la tranquilidad ciudadana e integridad física de las personas, así como también a la elevación de la accidentalidad, ya que el 70 por ciento de las colisiones se producen en el entorno urbano, mientras que en el rural son menos, pero mayor la cantidad de fallecidos.

Este análisis se realizó de conjunto con las comisiones de Asuntos Económicos y la de la Defensa, en el último día de sesiones y antesala del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura que transcurrirá el sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Darío Delgado, Fiscal General de la República, subrayó la importancia del cumplimiento del Decreto Ley 232, relativo al combate del tráfico de drogas, área donde se contempla la confiscación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo la tierra.

Solicitó a los diputados que se preocupen en sus respectivos territorios por contactar con las autoridades para seguir el cumplimiento real de las confiscaciones en los casos identificados, y fortalezcan el control en la ejecución de lo legalmente establecido.

Las provincias con más problemas en este sentido son La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Holguín, puntualizó.

En cuanto al cobro de las multas contravencionales manifestó que se vincula a otro tipo de violaciones e indisciplinas, que van desde la pérdida de talonarios hasta no aparición de los implicados, porque la cantidad de dinero que el país pierde por este concepto es millonaria.

Llamó a los parlamentarios a chequear el destino de aquellos recursos asignados gratuitamente por el Estado a las personas encamadas y enfermas, pues por esta vía pueden fugarse productos y beneficios en detrimento de quienes realmente los necesitan.

El Instituto de Planificación Física informó de la marcha del plan de enfrentamiento a las ilegalidades, y calificó de discretos los avances porque todavía se requiere de un combate más intenso en los barrios.

Las violaciones comprenden construcciones ilegales y violaciones urbanísticas, y acusan falta de protagonismo de las organizaciones de masas en su vínculo con la comunidad.