CAMAGÜEY.— Cuba tiene el privilegio de poseer la que es apreciada por los especialistas como el área marina de mayor grado de conservación en el Caribe insular: el archipiélago Jardines de la Reina, auténtico paraíso que es preciso preservar por sus excepcionales, casi vírgenes, valores naturales y paisajísticos.
Se trata de un hermoso arco integrado por 661 cayos y cayuelos en una extensa zona de dos mil 170 kilómetros cuadrados al sur de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, que conforman una de las áreas protegidas más grandes del país con categoría de Parque Nacional.
Y es que sus fondos marinos atesoran una rica diversidad biológica, donde conviven crustáceos, quelonios, moluscos, algas, corales y esponjas con peces de alto valor contemplativo, ambiental y económico, como la guasa, el sábalo, el robalo, el macabí, la palometa o la albacora.
Desde hace varios años, el archipiélago Jardines de la Reina, sobre todo el área comprendida en el llamado Laberinto de las Doce Leguas, está registrado también como zona bajo régimen especial de uso y protección, sujeta a estrictas regulaciones de la actividad pesquera y turística, según establece el Decreto Ley 164, de 1996.
En el lugar solo se permite la captura comercial de la langosta bajo un riguroso seguimiento y respeto de su periodo reproductivo, además del buceo contemplativo y la modalidad flycast (pesca y devolución), con una infraestructura turística mínima bien integrada al entorno natural.
Sin embargo, todos los esfuerzos por mantener la diversidad biológica de la zona, como ejemplo de explotación sostenible de sus recursos, pueden verse truncos por el actuar ilegal de individuos que se dedican a la pesca furtiva y a depredar todo lo que encuentran a su paso sin medir las consecuencias de sus actos.
UNA PRIMERA Y EFICAZ BARRERA
Una parte importante de ese frente de responsabilidad (alrededor de 150 kilómetros), y todo lo que en materia operativa ocurre en el espacio marítimo, es asumido por los efectivos de la Capitanía del Puerto de Santa Cruz del Sur, subordinada al Destacamento de Tropas Guardafronteras de Camagüey.
"Nuestra unidad establece el registro y control estatal de las embarcaciones y personas autorizadas para hacerse a la mar y hace cumplir las disposiciones y medidas relacionadas con la seguridad del Estado y el orden interior en el ámbito marítimoportuario", explica el capitán Jayeski Najarro Espinosa.
El patrimonio marítimo bajo jurisdicción de la unidad santacruceña está compuesto por cerca de 600 embarcaciones, entre estatales y particulares, las que deben regirse de manera responsable por lo establecido en el Decreto Ley 194 sobre tenencia y operación de estas en el territorio nacional.
"Ese propio documento, informa el capitán del puerto, nos faculta para sancionar con multas y decomisar las naves y demás bienes a bordo a quienes incurran en violaciones relacionadas con su uso, ya sean las que están debidamente controladas u otros medios navales rústicos improvisados".
Fruto de acciones conjuntas con inspectores pesqueros, durante el 2013 se operaron 179 hechos (más del doble que el año anterior) y se incautaron 78 embarcaciones medianas y pequeñas, 21 neveras, 324 metros de redes, atarrayas y palangres, más la carga proveniente de la pesca y la caza furtivas.
"Se trata, comenta el capitán Najarro Espinosa, de personas que se hacen a la mar en medios casi siempre ilegales, para en flagrante violación de lo legislado capturar especies de alto valor comercial, en época de veda o en peligro de extinción, las que luego van a parar al mercado ilegal con evidente ánimo de lucro".
CERRAR FILAS TAMBIÉN EN TIERRA FIRME
Ante la vista del equipo de periodistas que visita Santa Cruz del Sur pasan, unas tras otras, imágenes fotográficas donde aparecen productos decomisados a los malhechores: cientos de kilogramos de camarones, langostas, careyes, pepinos de mar, ostiones, pescados de diversos tipos y tamaño.
"Para el enfrentamiento a las ilegalidades establecemos cooperación en el mar, ya sea con las unidades de superficie de las Tropas Guardafronteras o con embarcaciones del Combinado Pesquero Algérico Lara", refiere José Puga Rodríguez, oficial inspector de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera (ONIP).
"De igual forma, ejecutamos actividades de regulación a los barcos que se encuentran en faena de pesca y en caso de que se detecte alguna infracción, como capturar especies no autorizadas o traer a bordo artes y avíos prohibidos, se aplican las sanciones establecidas en el Decreto Ley 16-4".
En el sureño municipio radica, además, una de las plantas de camarón de cultivo (CULTISUR) más grandes del país, con casi 700 hectáreas de estanques, cuyo colectivo rompió el año pasado el récord histórico de producción e intensifica las acciones para que los frutos del trabajo cotidiano no tomen otros destinos.
Ese es el propósito que mueve a los efectivos de la Capitanía del Puerto de Santa Cruz del Sur, a los inspectores de la ONIP y a la Policía Nacional Revolucionaria, a través de una concertación de esfuerzos que gana en eficacia, aunque lejos aún de cerrar toda brecha a los delincuentes y ladrones.
"El actuar irresponsable de este tipo de personas, asegura Puga Rodríguez, no solo daña la flora y la fauna de una zona tan bella como el archipiélago Jardines de la Reina: también ocasiona cuantiosas pérdidas al país por la no exportación de valiosos recursos marinos".
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