¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los especuladores?

En las dos últimas semanas, la mayoría de los gobiernos municipales ha estado difundiendo, en todas las plataformas a su alcance, los nuevos listados de precios aprobados en el marco de la Tarea Ordenamiento.

Así ha sucedido con actividades relacionadas con la gastronomía, el transporte de pasajeros o la comercialización de productos del agro.

Se trata de una medida que pretende evitar una inflación desmedida, en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 y los constantes apretones de tuerca que la administración de Donald Trump ha dado al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a nuestro país.

Aunque desde el principio, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, reconoció que la devaluación del peso cubano y la eliminación de subsidios generarían inflación, también alertó que es preciso lograr que esta se mantenga entre los límites que se han calculado.

«Si la subida de precios se va de control, el nuevo salario se verá afectado y perderá su capacidad de compra», afirmó en la Mesa Redonda.

Desde que se anunció la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento, este es el tema que mayor preocupación ha generado entre los cubanos. Por ello, en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, varios diputados se refirieron a él.

Raúl Alejandro Palmero Fernández expresó que para que el profundo proceso de transformación emprendido por el país sea efectivo, es preciso evitar la especulación.

Por su parte, la diputada Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, señaló que el principal enfrentamiento tiene que ser el que logren las autoridades locales, en el municipio, con las organizaciones de masas, impidiendo que se engañe a la población. «Cada quien tiene que jugar su papel en esta batalla», dijo.

El llamado principal ha sido a la conciencia de las personas. Sin embargo, para quienes se empeñen en desoír el reclamo de la mayoría, el sistema judicial cubano establece bien claras las medidas que se pueden aplicar.

Lázaro Esteban Guzmán Díaz, fiscal jefe provincial de Pinar del Río, explica que el Código Penal define varias figuras delictivas relacionadas con la aplicación de precios abusivos. Entre ellas, la especulación y el acaparamiento (artículo 230).

La primera, consiste en adquirir mercancías u otros objetos, con la intención de revenderlos. «Hay una figura delictiva que generalmente antecede a la especulación: el acaparamiento. O sea, comprar productos por encima de las necesidades normales, para comercializarlos después de manera ilegal.

«En el periodo marcado por la COVID-19, esas han sido las dos conductas que más se han estado enfrentando por el sistema jurídico penal», asegura el especialista y añade que, en ambos casos, pueden comprender sanciones de tres meses a un año de privación de libertad, multas de 100 a 300 cuotas (que oscilan entre uno y 50 pesos cada una), o ambas.

En el caso de que el origen del producto sea ilícito, Guzmán Díaz especifica que se incurre en el delito de receptación (artículo 338) y el marco sancionador es similar al de la especulación y el acaparamiento.

«Otra conducta delictiva que también se asocia a este tema son las actividades económicas ilícitas (artículo 228), las cuales casi siempre suelen estar relacionadas con las anteriores y se refieren al sujeto que no tiene autorización legal para ejercer lo que hace», agrega.

En dependencia de las circunstancias, las sanciones pueden oscilar desde los tres meses de privación de libertad, hasta los tres años, y multas desde las 100 cuotas, hasta las 1 000.

El funcionario precisa que también es delito la infracción de las normas de protección de los consumidores (artículo 227), algo que  comprende varios tipos de violaciones. Las más frecuentes consisten en ocultar mercancía al público o cobrar bienes o servicios por encima del precio o la tarifa aprobada.

En este caso, las personas pueden ser sancionadas de uno a tres años de privación de libertad, recibir multas de 300 a 1 000 cuotas, o incluso ambas.

El Fiscal Jefe de Vueltabajo señala que estas figuras delictivas están reconocidas en la Ley Penal desde la década de 1980 y no son privativas de Cuba, pues poseen determinados paralelos en las normas de otros países.

Solo en Pinar del Río, desde la aparición de la COVID-19, en el mes de marzo, hasta el cierre de diciembre, fueron procesados 334 delitos de especulación y acaparamiento, 451 de actividad económica ilícita y 157 de receptación, a partir de las denuncias de la población, la actuación de la Policía y los diferentes cuerpos de inspección.

Más de 2 000 personas estuvieron implicadas en ellos.

Las cifras ilustran cuán extendido se encuentra un problema que golpea directamente a la población, pero también la manera resuelta en que se ha enfrentado, a fin de que no tenga cabida en el país que la gran mayoría de los cubanos, nos empeñamos en construir.