El valor de lo esencial: la familia (II parte y final)

¿Sería recomendable hablar de familia o de familias? ¿Acaso resultaría válido reconocer a la familia, sea cual sea su composición, o asumir el plural como cobija de las múltiples construcciones familiares con las cuales convivimos hoy?

Tales interrogantes animan al diálogo con la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien prefiere hablar de la familia, «que es una independientemente del modo que se elija para su organización». Por eso considera «innecesario el uso del plural (familias) en el Proyecto de Constitución».

Y por qué privilegiar, cuestiona la doctora, «la figura del matrimonio al mencionarla expresamente como institución protegible, entre tantas otras formas en que puede organizarse una familia».

Precisamente sobre el matrimonio, el artículo 68 del Proyecto de Constitución incorpora una modificación notable: se elimina el requisito de diversidad de sexos para su reconocimiento; y se mantiene el ya conquistado principio de igualdad entre los miembros de la pareja sobre los efectos que en el orden personal y económico se derivan de la relación jurídico-conyugal.

Sin duda este ha sido, al decir de la profesora Álvarez-Tabío, «uno de los temas más debatidos; pero sin demeritar su importancia, debe dedicársele la atención que en su justa medida merece, sin dejar a un lado otros tópicos tan o más importantes que nos afectan a todos como ciudadanos».

Las opiniones, añade, se han polarizado principalmente en dos grupos: «uno que se “escandaliza” ante la perspectiva del matrimonio entre personas del mismo sexo; y otro que comprende que la igualdad no tiene distingos ante razones o circunstancias personales de tipo alguno».

Llama la atención, a su juicio, que las opiniones del primer grupo no se oponen al contenido de los artículos 40 y 44 del Proyecto, los cuales consagran la plena igualdad y avalan el respeto a la diferencia y al libre desarrollo de la personalidad.

Aceptar estos preceptos, dice, para luego asumir una postura de discriminación, conduce a la más absoluta incoherencia que podría invalidar, incluso, la voluntad de tener una Carta Magna más justa, más humanista, más revolucionaria y moderna, en correspondencia con los principios de nuestro proyecto social.

Valdría pensar, sostiene Álvarez-Tabío Albo, cuántas veces se han producido cambios sociales protegidos por el Derecho, que en su momento eran impensables o «inaceptables» para muchos y ya hoy se convive con ellos en perfecta armonía.

«Podría mencionarse, por ejemplo, la integración racial en todos los espacios sociales, incluido el matrimonio; la aceptación de la legitimidad de uniones matrimoniales al margen de su formalización; la llegada del divorcio, o la eliminación del estigma de diferenciación de los hijos atendiendo al estatus conyugal de sus progenitores…».

El Proyecto de Constitución parte de la igual valoración jurídica de las diferencias: los diferentes (por razones de sexo, género, orientación sexual…) deben ser tratados como iguales.

–Tomando ese principio como punto de partida, ¿qué argumentos sustentan la pertinencia de aprobar, en el contexto cubano actual, el matrimonio entre personas?

–Propongo un ejercicio de deconstrucción, sobre la base de algunos argumentos esgrimidos por quienes no aceptan o no entienden el matrimonio entre personas.

«Entre los criterios desfavorables figuran los efectos negativos que ello implicaría para la natalidad; la desnaturalización del modelo tradicional de familia y de la figura del matrimonio; los problemas que podría acarrear para los niños y niñas la posibilidad de ser adoptados y crecer en una familia formada por parejas del mismo sexo, así como el irrespeto a las leyes de Dios.

«Recordemos que en Cuba, desde hace ya mucho tiempo, la procreación no es un fin del matrimonio, es decir, no implica el compromiso de tener hijos.

«Piénsese, por ejemplo, en las uniones matrimoniales de parejas estériles, o en aquellas donde las mujeres ya no están en edad reproductiva, o en aquellas cuyos integrantes ya tienen hijos de uniones anteriores y no desean tener más. ¿Deberíamos frenar el matrimonio entre personas que deciden no tener hijos? ¿Debería
prohibírseles a las mujeres de más de 50 años casarse?

«El envejecimiento poblacional es un fenómeno complejo que ha de asumirse desde las políticas públicas y desde la familia; pero en ello nada tiene que ver la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo; en todo caso, guarda relación, entre otras causas, con la decisión de las parejas heterosexuales de tener cada vez menos hijos.

«Por otra parte, la familia, al igual que toda otra institución vinculada a ella, es un producto social dinámico, dialéctico, sujeto a modificaciones, y las normas jurídicas han de transformarse para acompañar esos cambios. El matrimonio no escapa a ello y ha evolucionado notablemente a través de la historia. Hace algunas décadas era impensable el matrimonio entre personas de estatus social diferente o entre personas de distinto color de la piel…

«En cuanto a lo negativo que podría resultar para niños y niñas convivir entre personas del mismo sexo, o la confusión que ello generaría para su identidad y formación, vale subrayar que ellos nos dan lecciones sobre el respeto a la diferencia; la discriminación y la exclusión las aprenden de los adultos.

«Crecer y educarse en el seno de una familia de personas de orientación sexual “diferente” no es la causa de esa misma inclinación. Porque entonces, ¿cómo se explica la presencia de la homosexualidad en una familia heterosexual?

«Y por último no debemos perder de vista que el matrimonio es una institución civil, si bien cada religión decide para sí su aceptación o rechazo. Cuando un Estado reconoce las libertades o derechos de una persona, no puede basarse en doctrinas religiosas, sino en un razonamiento ético laico que queda consagrado en el Proyecto constitucional.

«La propuesta de Carta Magna, sometida a debate, menciona por primera vez de manera expresa los derechos humanos que por su carácter universal aplican para todos, o sea, no son excluyentes: no lo son solo para los hombres o solo para las mujeres, solo para los blancos o solo para los mestizos…, como no lo son solo para los heterosexuales y no para los de distinta orientación sexual.

«No existe causa alguna que justifique que la decisión de contraer matrimonio de dos adultos, de cualquier sexo, viole los derechos de otras personas.

«El matrimonio tiene, además, una esfera que destaca tanto en el espacio legal como social. En el primer caso, se teje una red de cuidados jurídicos que debe alcanzar a las parejas del mismo sexo, pues también necesitan compartir beneficios médicos, poder heredar sus bienes entre sí, tomar decisiones por su pareja ante las situaciones que se presentan en la vida en común…

«En el segundo caso, o sea, en la esfera expresiva o social del matrimonio, las parejas del mismo sexo también tienen familiares y amigos con quienes desean celebrar su relación en plano de igualdad.

«Una sociedad democrática y constitucional, como la que queremos construir y respaldar con este Proyecto y que postula el Estado de Derecho, se funda también en la pluralidad de las formas de vida de las personas y las familias, siempre que no afecten la dignidad humana; en una democracia la tolerancia debe ser principio existencial de la convivencia en sociedad.

«Siempre comparto en clases con mis alumnos una expresión de Groucho Marx, quien decía que “el matrimonio es una gran institución… suponiendo que te guste vivir en una institución”. Y si ha sido la decisión de dos personas vivir en esa institución, la orientación sexual no puede ser el motivo que lo impida».