El delegado que necesitamos

Ahora que transcurre el IV proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, correspondiente al XV mandato de los órganos locales del Poder Popular, la polémica y el debate acerca de su papel en el seno de la sociedad su­ben de tono y se adueñan de inusitados escenarios en barrios y comunidades.

Lo cierto es que, desde el surgimiento mismo de los órganos locales de gobierno hace cerca de cuatro décadas, las funciones del representante elegido por el pueblo quedaron claramente definidas en los documentos fundacionales, donde se subraya con especial énfasis que su trabajo es político y estatal, no administrativo.

¿Qué significa tal aseveración? Simple y llanamente, que al delegado, en tanto líder natural en su entorno de residencia, solo le compete ejercer un papel fiscalizador y controlador para que las cosas funcionen bien, y en ello involucra, de manera activa, a sus electores, como elemento clave de la institucionalidad de la nación.

Prácticas erróneas, conceptos tras­tocados y desconocimiento, conformaron una imagen equivocada del delegado, como si su rol se circunscribiera apenas a gestionar y distribuir recursos, llámense materiales de la construcción, teléfonos o enseres domésticos, es decir, una especie de mago siempre presto a resolver problemas.

Es por ello que, por ignorancia, confusión o algún que otro criterio malintencionado, no pocas veces se le tilda de ineficiente sin razón, cuando no tiene una respuesta efectiva ante determinado reclamo, cuya solución exige el empleo de medios materiales y financieros que no están a la mano o de una inversión no planificada.

Como quedó esbozado en párrafos anteriores, el delegado traslada a las autoridades competentes las necesidades, dificultades, preocupaciones y quejas que le transmiten los habitantes de la circunscripción, gestiona la solución de los problemas y promueve iniciativas para que las masas participen.

Solo puede triunfar en su labor si logra encauzar la acción colectiva, mediante el funcionamiento real del grupo de trabajo comunitario, lo cual significa convertirse en ente organizador y movilizador de sus electores para transformar el entorno y ejercer el imprescindible control popular sobre las administraciones.

Dicho sea a propósito, corresponde a estas no olvidar que el delegado es la máxima autoridad política de su localidad, electo por el pueblo, y por tanto deben respetar su autoridad, por lo que resultan inadmisibles el peloteo, las evasivas por respuestas y las promesas incumplidas que tanto desacreditan y restan credibilidad.

No debe obviarse que esa persona, electa por un periodo de dos años y medio sobre la base del mérito, el prestigio y la capacidad, cumple el mandato que le confía la comunidad y desempeña sus funciones de manera voluntaria y fuera de sus ocupaciones laborales.

Eso sí, quien asume tal responsabilidad de­be armarse de tenacidad, empuje, sensibilidad, paciencia y suficientes bríos para desafiar imposibles, superar disímiles obstáculos y enfrentar adversidades, a sabiendas de que, co­mo recompensa ma­yor, tendrá solo una: el reconocimiento popular.