Nueve hombres, gente humilde de pueblo, navegaban en el pesquero Carmen Rosa, a 48 millas náuticas al noreste de la isla de La Blanquilla, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela. Sin más ocupación que la de pescar atún, no esperaban, el pasado viernes, otra sorpresa que la que el mar, en su inmensidad, pudiese ofrecer.
Cuál sería el asombro –por no decir el sobresalto– de aquellos venezolanos cuando el buque lanzamisiles USS Jason Dunham, de la Marina estadounidense, desplegó a 18 hombres armados para tomar por asalto la pequeña embarcación e impedir no solo el desarrollo de sus actividades habituales de pesca, sino que también los dejaron incomunicados.
Al estilo hollywoodense, pero con la posibilidad real de la muerte en las narices, estuvieron ocho horas retenidos, como provocación directa y uso desproporcionado de la fuerza contra el pueblo venezolano. No se dirigieron al Estado, al que insisten en acusar de narcotráfico y paramilitarismo.
Al respecto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó en x el asalto, y lo calificó como «un acto ilegal, contrario al Derecho Internacional, y una cobarde y peligrosa provocación».
Sin embargo, no ha caído la nación bolivariana en esas viles provocaciones. A través de un comunicado oficial, el Gobierno exigió a Estados Unidos cesar «de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe», al tiempo que llamó «al pueblo estadounidense para que reconozca la gravedad de estas maniobras y rechace el uso de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite ávida y depredadora».
No olvidar el reciente supuesto ataque mortal contra una embarcación de la que alegaban, sin demostrarlo, que traficaba drogas. El suceso fue calificado por un alto funcionario del Pentágono, que habló con The Intercept, bajo condición de anonimato, como una acción criminal. Tampoco pasa por alto la divulgación, en redes sociales, de la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en las proximidades de uno de los territorios insulares del país sudamericano, sobre el cual, el Ministerio para la Defensa manifestó que serviría para prefabricar un accidente y justiciar una escalada bélica.
Lo cierto es que se violaron el derecho internacional y la convivencia pacífica. No ha de ponerse nunca en riesgo la vida de inocentes ni la paz regional como si se filmase una película. La realidad no admite ensayos ni borrar imágenes. Las armas matan, los hombres mueren.
Pero, ¿por qué el ataque al pueblo venezolano? No les ha resultado, a los de la Casa Blanca, las estrategias de asfixia económica, que incluyen congelamiento de activos, embargo petrolero, prohibición de transacciones, limitaciones al acceso a mercados financieros, robo de capitales.
Tampoco la presión diplomática en escenarios internacionales ni la guerra mediática, a través de las cuales proponen deslegitimar al Gobierno y empañar a la Revolución y a sus líderes. Mucho menos ha sido efectivo el apoyo constante a la extrema derecha para desestabilizar al país.
Cada una de esas formas de agresión va dirigida directamente al pueblo, porque han comprobado que solo la gente tiene el poder para darle al imperio lo que tanto anhela: eso que llaman cambio de régimen. Es por ello que hoy los ataques a la siquis, como parte de la guerra cognitiva, han escalado al nivel de presión militar y geopolítica, para infundir miedo y generar caos.
Les molesta –amenaza al hegemón expansionista yanqui–, que un país del sur global lleve a cabo un modelo político alternativo de desarrollo social, económico y soberano, en el que la prioridad es el pueblo, el mismo que lleva varias jornadas alistándose para defender su país.
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