Los habitantes de Washington, EE. UU., presenciaron el pasado viernes un despliegue policial propio del cine de acción hollywoodense. La operación –justificada por la Administración Trump como respuesta a un supuesto aumento de la delincuencia violenta en la capital– sorprendió a la ciudadanía con la movilización de 120 agentes federales del Servicio Secreto, del FBI y del Servicio de Alguaciles.
En horas de la noche, efectivos armados efectuaron allanamientos y realizaron arrestos. Entre las razones expuestas por las autoridades se encuentran la posesión de armas de fuego robadas y la tenencia y distribución de drogas, como el fentanilo y la marihuana.
La medida es consecuencia directa de una orden dictada por el presidente Donald Trump, para reforzar la presencia federal en Washington, una decisión que ha generado polémica en diversos sectores.
El mandatario estadounidense ha insistido en que la capital sufre «alta criminalidad», e incluso, ha sugerido asumir el control total del departamento de policía local, si las autoridades no contienen la delincuencia.
«Es el primer paso para detener el crimen violento que plaga las calles», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La operación forma parte del accionar del «Grupo de Trabajo para una Ciudad Segura y Hermosa», creado mediante una orden ejecutiva previa. Además, se enmarca en una estrategia más amplia de la administración: usar fuerzas federales para reforzar la seguridad en ciudades con gobiernos demócratas.
Analistas señalan que la Casa Blanca busca construir una narrativa falsa sobre la existencia de una criminalidad descontrolada y en aumento, para justificar la toma de control de la seguridad capitalina.
En tanto, un análisis de CNN advierte que «Washington no es ni de lejos tan peligroso como en los 90, cuando casas abandonadas servían como fumaderos de crack a la vista del Capitolio».
Cabe añadir, que un control federal total requeriría que el Congreso revoque la Ley de Autonomía de 1973, que permite a los residentes elegir a su alcalde y a su concejo local.
«Es una ley exclusiva de D.C., no aplicable a otras comunidades autónomas», precisó Mónica Hopkins, de la ACLU del Distrito de Columbia, según Univisión.
Nada, cosas de la «democracia» yanqui. Se articula de nuevo el set de rodaje con el guion perfecto: más control en manos del poder real en EE. UU. ¿La ley y los derechos? ¿Quién los invitó para la nueva película?
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