Rousseff refuerza sus bases sociales

BRASILIA.—Mientras en Brasil los sectores sociales y las bases po­pulares temen un atentado contra la democracia y la violación del or­den constitucional a través del juicio político contra la presidenta Dil­ma Rousseff, esta no escatima es­fuerzos para beneficiar a estos grupos con los que dijo “haber luchado durante toda su vida”.

En aras de mejorar la calidad de vida del pueblo brasileño la mandataria anun­ció un reajuste del 9 % en la asignación del programa Bolsa Familia, que ha sido el proyecto bandera del Gobierno para combatir el ham­bre en el país.

Según Telesur, la jefa de Estado aplicó un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficia a los asalariados, la contratación de al menos 25 000 viviendas del programa Mi Ca­sa, Mi Vida y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a 20 días para los empleados federales.

Tales beneficios fueron enunciados ayer en un acto público en el cual alertó a la clase obrera de las pretensiones de la derecha, que busca acabar con las mejoras salariales de los pensionados y privatizar todo lo que sea posible, como ella misma lo denunció.

El programa contra el hambre fue creado por el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Actualmente concede subsidios de unos 164 reales (48,2 dólares) mensuales a cerca de 14 millones de familias pobres, según da­tos del Gobierno.

Rousseff es acusada de presuntamente modificar el presupuesto del 2015, sin embargo, no existen prue­bas tangibles que lo demuestren; así lo alega la defensa de la mandataria que además resalta las pretensiones de querer enjuiciar a una presidenta que llegó al poder con más de 50 millones de votos, y que según la clase trabajadora de esa nación, aún goza de un nivel de aceptación mayoritario.

La dignataria recalcó una vez más en su discurso ante cientos de trabajadores que el juicio político es un golpe de Estado, porque ella no ha cometido ningún crimen.

En los próximos días una comisión del Senado decidirá si procede el juicio político contra la presidenta de Brasil. De realizarse, Rousseff deberá separarse de su cargo por 180 días en los que será investigada. De ser declarada culpable, la man­­dataria será destituida y no po­drá ser reelecta por ocho años. Entre tanto, Michel Temer, el vicepresidente de Brasil, asumiría la presidencia interina hasta el 2019.