CARACAS.—La nueva Asamblea Nacional de Venezuela quedó instalada este martes en su sede del Palacio Federal Legislativo, durante una sesión irregular en que la bancada revolucionaria se retiró de la sala, en rechazo a las violaciones del Reglamento Interior y de Debate, cometidas en la conducción de la reunión por la junta directiva recién electa.
Desde el inicio de la propia jornada inaugural la representación de la mayoría opositora atentó contra la constitucionalidad, al intentar la juramentación de diputados previamente anulados.
En un acto de bravucona ilegalidad y franco desconocimiento de la disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el núcleo burgués presentó en el hemiciclo de sesiones a sus 112 diputados electos, incluyendo a los tres representantes que impugnados por irregularidades durante el proceso comicial, fueron suspendidos temporalmente por la autoridad judicial de la nación.
Por su parte, el bloque de parlamentarios revolucionarios confirmó el apego al orden legal, al excluir de su representación al diputado invalidado y acudir con sus 54 nombres debidamente electos.
En un ambiente de tensiones, gritos de consignas entre uno y otro bando, la bancada opositora postuló —y por poseer mayoría, aprobó— la nueva junta directiva para el periodo anual de sesiones 2016-2017, encabezada por el ultraderechista Henry Ramos Allup como presidente del Parlamento, y Enrique Márquez y Simón Calzadilla, como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.
Una vez tomada posesión de los cargos directivos, sucedieron varias irregularidades de procedimiento promovidas desde el presidio opositor, al concederse la palabra al jefe de la fracción derechista Julio Borges, para que presentara la agenda legislativa, cuando por norma la sesión solemne solo prevé la instalación del Parlamento.
Luego del reclamo enérgico del denominado Bloque de la Patria para exigir derecho de palabra y respeto al reglamento —ante lo cual diputados burgueses reaccionaron con gestos de violencia—, los representantes socialistas salieron del local, en rechazo a la postura ilegal de la directiva.
Poco antes de la juramentación, y en respuesta a las postulaciones de los oligarcas para conducir el ente legislativo en su primer periodo anual de sesiones, los chavistas Héctor Rodríguez, Pedro Carreño, Saúl Ortega y Tania Díaz, negaron las propuestas; alegando los precedentes de mentiras, conspiraciones y traiciones contra el pueblo, que vinculan directamente sus nombres a los desmanes de la Cuarta República.
“Lo veo y recuerdo el engaño, la traición, los desaparecidos, los muertos y torturados, el paquete neoliberal que puso de rodillas a la patria ante el imperio y el FMI, lo recuerdo apoyando el golpe de Estado contra el Comandante Chávez”, afirmó Rodríguez, jefe del bloque revolucionario, en particular referencia al presidente Ramos Allup.
Una vez fuera del capitolio, los diputados chavistas se sumaron a la movilización popular que los apoyaba desde temprano en las adyacencias de la Asamblea, y allí continuaron denunciando la amenaza real que significa este empoderamiento opositor para la soberanía de la patria y las reivindicaciones sociales impulsadas por la Revolución Bolivariana.
Al interior del recinto prosiguió la sesión de una mayoría parlamentaria que confirmó su compromiso con los intereses burgueses, los sectores nacionales más reaccionarios y violentos, y sus financistas extranjeros.
Según anunciaron, el primer punto de su agenda legislativa sería la promoción de una Ley de Amnistía y Reconciliación, que buscará la liberación de los enjuiciados por los 43 asesinatos y otros actos de violencia asociados a las denominadas “guarimbas” opositoras del 2014.
“Ya los elegidos de la derecha se están dejando ver las caras, mostrando sus reales intenciones”, subrayó la diputada Cilia Flores; en tanto el expresidente del Parlamento, Diosdado Cabello, impugnó la anunciada Ley como una maniobra inédita e inconcebible “en que los asesinos se perdonarían a ellos mismos”.
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5 de enero de 2016
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