La Helms-Burton no cree en nuevos emprendedores

Los llamados emprendedores fueron presentados por la política oficial de la anterior administración del presidente Barack Obama como actores de los cambios paulatinos hacia la restitución del capitalismo en la Isla, aunque en la Ley Helms-Burton, carcasa fundamental del bloqueo y del diseño de un régimen postsocialista, ese sector no tendría un lugar bajo el sol.

Esa doctrina terminó con la llegada del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien llevó al otro extremo la política anticubana y, más de 20 años después de promulgada la Ley Helms-Burton, decidió no aplazar más el Título III.

La Ley, además de lesionar intereses de terceros países, al aplicar medidas extraterritoriales de bloqueo, plantea una brutal regresión de la tenencia de la riqueza nacional, a los sucesores de sus antiguos dueños, al desconocer casi 60 años de profundos cambios del proceso revolucionario.

LA HORA DE LOS BODEGUEROS

En el contexto de la Ley, teniendo en cuenta la desproporción de las probables reclamaciones de los cubanos, junto con grandes fortunas en la punta de la pirámide, exigirán sus derechos a tenor de la Helms-Burton los dueños de bodegas, chinchales, pequeñas cafeterías, apartamentos, etc.

El término de tráfico de propiedades se aplica según la iniciativa legislativa, incluso a favor de los antiguos dueños de terrenos, que al margen de donde estén ubicados en zonas agrícolas o urbanas, tendrán derecho a que se les entregue o se les pague con altos intereses toda instalación fabril, construcción de cualquier tipo que en los años de Revolución se haya edificado sobre esas propiedades, con lo cual no queda ningún resquicio libre del gran tsunami de la reconstrucción capitalista.

Supuestamente en la Isla serían objeto de esa rebatiña no solo toda la propiedad estatal industrial, de servicios o inmobiliaria, sobre la cual el gobierno anticomunista que intente ejercer el poder después de la supuesta derrota de la Revolución, no tendría autoridad para vender y privatizar esos bienes al mejor postor, como ocurrió en la URSS y en el campo socialista, ya que esas propiedades tendrían ya dueños en los descendientes de sus viejos patrones: compañías estadounidenses o  la  vieja oligarquía nativa, como lo establece la Helms-Burton.

Este es un mensaje que echa por tierra los sueños de los posibles burócratas corruptos de cuello blanco, quienes anhelan jugar un papel de primer orden en una supuesta etapa postsocialista, en la que emergerían como amos de las empresas e instalaciones que administran, en una especie de versión criolla del desmoronamiento del socialismo real.

Es evidente el caos que provocaría este clima de venganza y rebatiña generadores de violencia, aunque quizá el verdadero objetivo de la Ley es funcionar como coartada premeditada de la intervención «humanitaria» estadounidense.

UN ABUELITO MAFIOSO

Entre las reclamaciones que hoy deben aprestarse a ser presentadas ante los tribunales se encuentran casos pintorescos como el de un nieto del mafioso Meyer Lansky, quien avalado por amarillentos títulos de propiedades firmados por altos funcionarios de la dictadura batistiana, implicados con el mafioso, sueña  recuperar el hotel Habana Riviera y los terrenos a su alrededor, para de paso tener derecho sobre el hotel Cohíba, edificado sobre las propiedades en las que un día soñó su mafioso abuelo levantar un imperio de casinos, lupanares y hospedajes de alto estándar.

La aplicación real de la Ley afectaría al pueblo, propietario de sus viviendas en más del 95 %, cuya inmensa mayoría adquirió los títulos después de 1959; se destrozarían todos los sueños de los alrededor de 84 000 emprendedores, que utilizaron como capital inicial sus viviendas particulares, para el alquiler o el negocio de la gastronomía y otras iniciativas, los cuales en esas condiciones difícilmente podrían sobrevivir.

El otro gran ajuste de cuentas se daría en la agricultura, donde según el sitio oficial de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Cuba, aproximadamente el 30 % de la tierra cultivable es administrada por empresas estatales y las UBPC, y el resto se encuentran en manos de campesinos individuales, dueños de la tierra, beneficiados por la Ley de Reforma Agraria de 1960, o pertenecen a cooperativas o a usufructuarios de la tierra. Imponer la reconstitución del latifundio y de la explotación, solo sería posible con una brutal represión que acabaría con los deseos de emancipación y desarrollo personal de los que un día, gracias a la Revolución, se hicieron dueños de sus destinos.

De esa forma terminarían los sueños de los pequeños negociantes y otros no tan pequeños que, con aciertos y también probables incomprensiones, tienen espacio dentro del proyecto socialista cubano.