ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Foto: Endrys Correa Vaillant

La convergencia de muchos especialistas en una misma idea, apunta, en la mayoría de los casos, a lo acertado de su enfoque. No son pocos los que coinciden en la necesidad de un abordaje integral de la atención al adulto mayor.

En Cuba, por lo general, se analiza el tema en estrecha relación con los estándares de salud, los mecanismos institucionales y la implementación de políticas gubernamentales en beneficio de las personas de la tercera edad, que hoy representan el 20,1 % de la población cubana.

Resaltan, en medio de cualquier examen, los cuantiosos recursos que el Estado destina a inversiones y reparaciones de hogares de ancianos y casas de abuelos, así como a sufragar los gastos, siempre crecientes, de la seguridad social. Solo en el 2018, el presupuesto de la Seguridad Social contempla 6 221 millones de pesos y respalda 1 702 000 pensionados.

Muchas de las estrategias diseñadas para acompañar el acelerado envejecimiento poblacional transitan detrás de estos números. Sin embargo, la adopción, en el ámbito jurídico, de mecanismos eficaces de protección suele relegarse.

Nuestro país, explica a Granma, la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, «no dispone de un instrumento jurídico único destinado a la protección del adulto mayor. Son varias las leyes de mayor o menor rango que abordan distintas aristas del tema, pero no de forma sistémica e integrada. En este caso solo nos referiremos a la Constitución, y los Códigos Civil y de Familia cubanos».

La Constitución, promulgada el 24 de febrero de 1976, dedica varios de sus artículos al reconocimiento de todos los derechos y garantías previstos en la ley, sin que la edad implique motivo de discriminación.

El Código de Familia, por su parte, cuenta con dos importantes instituciones jurídicas de impacto para la protección de los adultos mayores: la tutela y la obligación legal de alimentos. Esta última, sostiene la doctora, es la vía para solicitar apoyo de la familia, que incluye no solo los alimentos en su sentido literal, sino todo aquello que resulte indispensable para la subsistencia.

Entretanto, el Código Civil regula lo relativo a la capacidad jurídica y sus diferentes estadios: desde su goce pleno hasta su ausencia, pasando por situaciones que la restringen.

EL CÓDIGO Y EL RITMO DE LA VIDA

La legislación familiar cubana, de 1975, mantuvo la limitada unidad de guardaduría heredada del Código Civil español y previó como única institución de protección la tutela, reservada, en el caso de los adultos mayores, a aquellos declarados judicialmente incapaces.

Faltó, al decir de Ana María Álvarez-Tabío, «la visión para aquilatar la enorme potencialidad que, en sentido general, y especialmente en lo que a la capacidad restringida y discapacidad se refiere, podían reportar otras formas de protección».

Por ello, las personas con limitaciones que no les privan totalmente de su capacidad carecen hoy de los mecanismos necesarios para complementar tales restricciones, o para exigir responsabilidades de quienes asumen las funciones propias de protección, mediante formas distintas a la tutela que, si bien no están reconocidas por la ley, resultan comunes en la realidad social. Dígase, entre otras, la curatela, autotutela, guarda de hecho, defensor judicial y acogimiento familiar.

Respecto a la tutela, abunda la Profesora titular de la Universidad de La Habana, es un régimen de protección establecido por la ley en beneficio de quienes carecen de capacidad de obrar, ya sea por razón de edad o de enfermedad.

En Cuba, añade, es clasificada como de autoridad judicial, es decir, la designación del tutor la realiza el tribunal municipal correspondiente, y a ese órgano corresponde el control de toda su gestión, dirigida a tres ámbitos fundamentales: proteger la persona del incapaz, asumir su representación y administrar su patrimonio.

EL CAMINO DE LA PROTECCIÓN

Toda legislación que se precie de defender el amparo de aquellas personas en situación de inferioridad jurídica, debe hacer descansar su normativa en la pluralidad de instituciones de guarda y la posibilidad de graduar el estado real de la incapacidad.

Ese es el criterio de la doctora Ana María Álvarez-Tabío, quien llama la atención sobre la necesidad de un tratamiento adaptado a las condiciones de cada caso, alejado cada vez más del ya caduco binomio capacidad-incapacidad, y más próximo a los criterios de discapacidad actualmente asumidos por muchas legislaciones, especialmente a partir de la vigencia, desde el 13 de diciembre del 2006, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este instrumento jurídico internacional, reitera, del cual Cuba es signataria desde septiembre del 2007, se erige en una esencial herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas, entre las que pueden encontrarse los adultos mayores.

El nuevo paradigma de protección de  este documento introduce, a su juicio, la creación y promoción de diversas figuras de apoyo, y exige dotarlas de un reconocimiento legal expreso que favorezca la prevención y previsión de todas las situaciones, en pos de una mayor función protectora.

Todavía hoy, señala, resulta insuficiente su uso por parte de los operadores del Derecho, aunque en opinión de Ranulfo Antonio Andux Alfonso, presidente de la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular, «cada vez es más frecuente el empleo de los fundamentos de la Convención en las decisiones judiciales. Hay un trecho por andar, pero se avanza en función de una mayor tutela judicial».

De todas formas, en concordancia con la idea inicial que pondera la integración de enfoques y maneras de hacer, también las responsabilidades, en este camino complejo de la protección, están compartidas.

A los adultos mayores les toca, en palabras de Ana María Álvarez-Tabío, reivindicar progresivamente sus derechos al interior de la sociedad; a sus seres más cercanos, poner en práctica la solidaridad familiar; al Estado,  impulsar políticas adecuadas y un buen marco legal, y a la sociedad toda, tomar conciencia del valor de los adultos mayores como sujetos activos, portadores de valiosa sabiduría.
 
ALGUNAS FORMAS O MECANISMOS DE APOYO NO PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO Y QUE PUDIERAN TOMARSE EN CUENTA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

- Curatela: ampara situaciones pasajeras, accidentales, más o menos temporales y circunstanciales; se destina a actos singulares para los cuales se requiere un complemento de capacidad, pero con carácter limitado o insuficiente. Su régimen jurídico siempre será de asistencia o vigilancia, predominantemente en el ámbito patrimonial, pero no restringido a él.

- Autotutela: posibilidad de que la propia persona, en previsión de su futura incapacidad, designe quien desea o no se encargue de la función de guardador o tutor. Esa designación o exclusión puede hacerse, de preferencia, ante un notario, en un documento público. La persona puede dar instrucciones de cómo quiere que sea ejercida su tutela, tanto en lo referido al cuidado de su persona como a la administración de sus bienes.

- Guarda de hecho: situación en la cual una persona, sin tener designación legal alguna sobre la persona incapacitada, se encarga de su custodia y protección o de la administración de su patrimonio y gestión de intereses.

- Defensor judicial: designación de una persona que asiste al incapacitado o a una persona de avanzada edad en situaciones en que no pueden hacerlo sus representantes, el tutor o el curador.

- Acogimiento familiar: permite que una familia idónea asuma el cuidado y atención del adulto mayor, mediando o no el pago correspondiente. Con ello se pretende, esencialmente, mantener al anciano acogido dentro de su espacio habitual de desenvolvimiento. Puede tratarse de la propia familia o de otra ajena.

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Jge dijo:

21

7 de junio de 2018

20:31:45


Me parece un magnífico y oportuno artículo, hay que hacer más, tenemos que hacer más. Hasta hoy NO me explico cómo es posible que un/a anciano/a en un policlínico, laboratofrio clínico o cualquier otro lugar público, por lo menos en Las Tunas, no tenga prioridad para ser atendido pues al parecer solo existe la ley para las embarazadas e impedidos físicos. Por otro lado qué se va hacer urgentemente para no ver, tanto en los correos como en bancos, la amarga e indignante imagen el dia del cobro de sus respectivas chequeras. Aún nos falta mucho para que los llamados los de la tercera edad tengan lo que por derechos deberían tener. Saludos