ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

«El adecuado conocimiento del Derecho Laboral, al menos en su contenido esencial, se inscribe dentro de las deudas que en materia de cultura jurídica es acreedora la sociedad cubana, particularmente los trabajadores y los empleadores».

Vivian Aguilar Pascaud, presidenta de la sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular (TSP), acompaña la frase de otra reflexión, quizá más importante, que señala «cómo han de marchar mancomunadas la responsabilidad institucional y la de los empleadores y organizaciones sindicales en desarrollar estrategias, a lo interno de las entidades, que faciliten la educación económica y jurídica de sus trabajadores y directivos, y coadyuven a un mayor respeto y acatamiento del orden laboral».

Esta rama del Derecho, desde su origen allá por la Revolución Industrial, ha ido evolucionando paulatinamente. En Cuba, explica Aguilar Pascaud, se nutre de determinadas instituciones y categorías propias como empleo, salario, descanso, vacaciones anuales pagadas, disciplina laboral, seguridad social, seguridad y salud del trabajo, capacitación, entre otras.

Además, se sustenta en postulados constitucionales que refrendan los deberes y derechos de los trabajadores y que han sido acogidos por el Código del Trabajo.

Justamente la Ley 116, del 20 de diciembre del 2013, Código del Trabajo, vino a atemperar, a su juicio, el contenido de estas categorías a las actuales condiciones, en las que esta disciplina adquiere mayor significación, pues es en los colectivos laborales donde deben concretarse las transformaciones económicas emprendidas.

De acuerdo con la también vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, existen vías extrajudiciales para dirimir los conflictos laborales que, en algunos casos, en ellas se agota el conocimiento de la controversia, mientras que en otros constituye una condición previa al acceso al ámbito judicial. Hablamos de las vías administrativa, del arbitraje y del Órgano de Justicia Laboral.

En Cuba, asegura, son comunes los conflictos individuales y colectivos. Los primeros son el resultado de la exigencia al trabajador de responsabilidad disciplinaria, material y de la reclamación de algunos de los derechos del trabajo; los segundos se derivan del proceso de elaboración, aprobación, aplicación y modificación de los convenios colectivos de trabajo.

El sistema de justicia, añade, prevé un procedimiento para la solución de tales desavenencias en la inmensa mayoría de los centros laborales del país, que establece la intervención previa y obligada de un órgano prejudicial –Órgano de Justicia Laboral (OJL)–, el cual se crea a nivel de las entidades que tienen como mínimo una plantilla de 50 trabajadores.

Refiere que a dicho órgano el trabajador puede acceder, mediante reclamación escrita o verbal, para combatir la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias establecidas en la ley, o para exigir alguno de los derechos laborales que le son reconocidos legalmente. Ello puede realizarlo dentro de los términos de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del correctivo, y de los 180 días naturales posteriores al del conocimiento de la vulneración del derecho reclamado.

«Estos órganos, en casos específicos donde se ventilan conflictos originados con motivo de la aplicación de medidas disciplinarias que no modifican, de manera definitiva, el estatus del trabajador (amonestación pública, multa de hasta el 25 % del salario y traslado a otra plaza de características diferentes por el término de hasta un año, con derecho a reintegrarse a la anterior), constituyen la primera y única instancia. Y contra lo resuelto no cabe reclamación alguna, ni en lo administrativo ni en lo judicial», sostiene Aguilar Pascaud.

En cambio, agrega, cuando el asunto se deriva de la aplicación de medidas disciplinarias que sí modifican definitivamente la situación del trabajador (separación definitiva de la entidad y traslado a otra plaza con características diferentes y pérdida de la anterior), o está vinculado a la reclamación de derechos laborales, constituyen la primera y obligada instancia para acceder a la vía judicial.

Ante la inconformidad con estas decisiones –las que la ley franquea el acceso a la vía judicial– cualquiera de las partes, trabajador y empleador, puntualiza Vivian Aguilar, puede presentar su desacuerdo, de manera escrita o verbal, ante el OJL dentro del término de diez días hábiles, siguientes al de la notificación del acuerdo adoptado por dicho órgano.

Luego, atañe a este elevar la demanda, dentro de las 72 horas posteriores a su presentación, al Tribunal Municipal Popular correspondiente. Allí, apunta Aguilar Pascaud, la solicitud puede ser admitida o denegada, en este último caso, si su presentación ante el Órgano ocurrió fuera de tiempo, si quien demanda no está legitimado, o si el conocimiento de la cuestión litigada no está confiado a los tribunales.

Sobre lo que acontece una vez reconocida la demanda en sede judicial, las posibilidades o no de apelación, los conflictos que involucran al sector privado y el actuar de la Sala de lo Laboral del TSP, ampliaremos en la próxima entrega.

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Anin Diaz Gainza dijo:

1

13 de abril de 2017

07:07:20


Que bueno que se haga referencia en este tema tan vital para el pueblo trabajador,soy profesional del Derecho y creo que es indispensable que nuestra poblacion tenga el minimo de conocimiento en materia laboral entre otras ramas del Derecho.

opinion dijo:

2

13 de abril de 2017

08:29:48


«Estos órganos, en casos específicos donde se ventilan conflictos originados con motivo de la aplicación de medidas disciplinarias que no modifican, de manera definitiva, el estatus del trabajador (amonestación pública, multa de hasta el 25 % del salario y traslado a otra plaza de características diferentes por el término de hasta un año, con derecho a reintegrarse a la anterior), constituyen la primera y única instancia. Y contra lo resuelto no cabe reclamación alguna, ni en lo administrativo ni en lo judicial», sostiene Aguilar Pascaud. Reproduzco el párrafo del artículo, es cierto que estas medidas no cambian el estatus del trabajador, pero puede ocurrir que al tomarse estén permeadas de inquinas personales o de caprichos. Puede darse el caso de que incluso la medida tomada esté basada hasta en una violación del Convenio Colectivo de Trabajo y por tanto de la Ley 116. Sucede en muchos casos que el propio Órgano de Justicia Laboral se pliega ante las decisiones administrativas, porque sus miembros son también trabajadores que a lo mejor tienen "intereses" que no desean ver afectados. Entonces resulta que esa decisión es inapelable, al trabajador afectado lo único que le queda entonces es hacer justicia con sus propias manos, porque de oficio se le niega el derecho a apelar contra algo que de hecho ya está podrido. Su unico remedio es arrancarle la cabeza al director, administrador, OJLB, etc., y después asumir las consecuencias porque de todas formas le caerá la ley encima. ¿Donde quedan los derechos ciudadanos, esos que recoge nuestra Carta Magna? Estos casos existen y más de lo que pudiera pensarse, ¿cuál es el camino para resolverlos?

Rendón dijo:

3

13 de abril de 2017

08:35:48


Gracias por este artículo. En el diario de la juventud hace falta más artículos de esta temática,y más periodismo de investigación, especialmente son bien recibidos los referidos a los trabajadores por cuenta propia y sus derechos laborales.

maritza dijo:

4

13 de abril de 2017

08:46:23


Me parece que en el artículo hay un error de escritura , la plantilla del órgano debe ser como mínimo de 5 trabajadores y no de 50 como está escrito, lo aclaro porque se está hablando en el artículo de cultura en justicia en materia laboral. Yo me he informado al respecto porque estoy siendo víctima de la no existencia de este órgano en mi Centro de trabajo( Centro de Inmunología Molecular), donde presenté una reclamación el 6 de enero y aún espero la respuesta de dicho órgano qué según me informan está incompleto. Aprovecho para si alguien que lea este artículo puede hacer algo para que el Órgano de Justicia Laboral de Base en el Centro de Inmunología Molecular se pueda formar por favor hágalo, va a ayudar mucho a los trabajadores que son sancionados y no tienen a quién reclamarle.

jesus Respondió:


13 de abril de 2017

10:59:55

Maritza, se refiere al minimo de trabajadores de la entidad para tener derecho a un OJL, si tiene menos , debe el centro no puede formar uno propio , y tiene que adscribirse a otro OJL

claudia Respondió:


13 de abril de 2017

11:02:22

Maritza no hay error el órgano de justicia se crea en centros donde la plantilla de trabajadores sea mayor de 50 como dice el artículo, no es la cantidad de miembros del OJL. Mi centro tiene 35 trabajadores y no tenemos órgano de justicia, estamos aliados a otro centro cercano que por su plantilla de trabajadores si tiene OJL.

El cubano Respondió:


13 de abril de 2017

11:25:10

Mritza, el artículo escrito por Yudy Castro no tiene ningún error, ya que se está refiriendo a la plantilla del centro de trabajo y no a los integrantes del Órgano de Justicia Laboral. Revise su lectura

Hergal dijo:

5

13 de abril de 2017

08:46:56


Considero que el conocimiento del Derecho Laboral es una asignatura pendiente en el Sistema Educacional, que los futuros trabajadores lleguen a la vida laboral con un conocimiento medio de temas relacionados con el Derecho Laboral es una garantía para que tanto el trabajador como el empleador apliquen correctamente las normas jurídicas establecidas en cada caso. Recomiendo que se valore insertar en las enseñanzas media superior y enseñanza superior una asignatura relacionada con esta temática.