ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Desde que en el 2010 se flexibilizaron en Cuba las formas de gestión no estatal y se amplió el rango de actividades para el trabajo por cuenta propia (TCP), la cifra de personas vinculadas a ese sector ha crecido vertiginosamente. Hasta noviembre pasado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se estimaba en 496 413 el número de cuentapropistas, siendo la elaboración y venta de alimentos (11 %), el transporte de carga y pasajeros (10 %), el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (6 %), y agente de telecomunicaciones (5 %) las labores más frecuentes.

Debe acotarse, sin embargo, que el trabajo no estatal se ejercía en el país antes del 2010, aunque en un rango menor de actividades que ha ido flexibilizándose paulatinamente. Lo cierto es que mientras en Cuba se reconoce legalmente este sector, muchos países del área aún bogan por su formali­zación.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos 127 millones de personas laboran en la informalidad en América Latina y el Caribe. Emparentado con los altos índices de pobreza y desigualdad persistentes en la región, este fenómeno pretende reducirse mediante una estrategia lanzada por la propia OIT en agosto del 2013.

El Programa FORLAC, como se le conoce, brinda apoyo a los diferentes países para aplicar medidas en aras de la formalización de empleos y empresas; sirvan como botón de muestra datos de la Organización: casi el 20 % de la población con menos ingresos en la zona trabaja en la informalidad.

En ese contexto, Cuba resulta un patrón a seguir, como expresó a inicios del 2015 la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, en visita oficial a la Isla. En esa ocasión comentó que la nación es un referente en los derechos laborales, donde los trabajadores son el primer escaño de desarrollo.

Al estar legalmente reconocidos, los trabajadores por cuenta propia gozan de iguales derechos que aquellos vinculados al sector estatal. En conversación con Idalmis Álvarez, subdirectora de Empleo del MTSS, la funcionaria recordó que el Reglamento para el ejercicio del TCP establece que puede ser desarrollado por los residentes permanentes en el país, mayores de 17 años, que cumplan los requisitos de la Ley.

Añadió que la autorización para su ejercicio es personal e intransferible y se obtiene cuando el interesado presenta su solicitud ante el Director de Trabajo del municipio de residencia, correspondiendo a este su aprobación o no.
Otra de las protecciones ofrecidas por las normas cubanas radica en la afiliación al Régimen Especial de Seguridad Social para los TCP, que los resguarda en caso de invalidez total, temporal o permanente, muerte (a su familia), ante la vejez, y en la maternidad.

Álvarez subrayó que los cuentapropistas pueden ejercer más de una actividad y contratar fuerza de trabajo. Al referirse a sus deberes mencionó el cumplimiento de la legislación vigente y de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, la realización exclusiva de la(s) actividad(es) autorizada(s), la utilización de materias primas y equipos de procedencia lícita en sus faenas, y facilitar que se realicen las verificaciones y los controles que se requieran mientras la­boran.

Vale destacar que entre las causas que pueden provocar baja del ejercicio figuran las violaciones o incumplimientos de la legislación, de sus obligaciones fiscales o del pago de los créditos otorgados, y el vencimiento del término de la suspensión temporal de la actividad sin que se produzca la reincorporación.

A través de sus direcciones provinciales y municipales, el MTSS ofrece servicios de orientación para el trabajo por cuenta propia, al igual que en su página web: www.mtss.cu.

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Ruben Hechavarría Milanes dijo:

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4 de febrero de 2016

11:00:27


Lo que hace falta es que se le de la facilidad a los trabajadores por cuenta propia para obtener los insumos que se necesitan para cada acvtividad, eso daria la posibilidad de reducir los costos de los pruductos a ofertar a la población. Otro aspecto es que se ostaculizan las posibilidades para que las empresas y organismos del Estado puedan acudir a los servicios de los TCP.