Sin impunidad quienes incurren en delito de propagación de epidemia o se aprovechan de la situación

Camagüey.–Jacqueline Ballester Aranda, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Camagüey, dijo a Radio Cadena Agramonte que las mayores denuncias en ese territorio se corresponden con el delito de propagación de epidemia.

En ese sentido, hay ocho personas involucradas, debido a negativas de viajeros procedentes del exterior a cumplir con el aislamiento social indicado para preservar la salud de sus familiares y la comunidad.

También, se procesan cuatro casos por especulación y acaparamiento, a partir de la ocupación de grandes cantidades de productos deficitarios, tanto alimenticios como de higiene, de primera necesidad para la población o imprescindibles para combatir la COVID-19.

Por la adquisición de 18 litros de cloro, con el objetivo de comercializarlos a mayor precio, se juzgó a un ciudadano que recibió una sanción de seis meses de privación de libertad; en tanto a otro le fue ocupada similar cantidad.

Por otro lado, se han recuperado 652 libras de malanga y 175 de arroz; en ambos casos, tenían como objetivo la actividad económica ilícita, y, por ejemplo, el demandado cereal, estaba siendo comercializado a ocho pesos la libra.

Se produjo un robo con fuerza en una placita (punto de venta de productos agropecuarios) de la ciudad de Camagüey, cuyos autores sustrajeron 38 sacos de papa y las pesas de la unidad. Los implicados ya se encuentran detenidos y sujetos a investigación.

La Fiscal Jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial agregó que se han presentado manifestaciones de desacato a las autoridades, incluyendo las sanitarias y del orden público, que han recibido ofensas ante la solicitud de colocación del nasobuco en la vía pública y la indicación de aislamiento en los centros habilitados para tales efectos.

El Código Penal cubano vigente impone sanciones que van desde tres meses hasta un año de privación de libertad por la modalidad básica del delito de propagación de epidemia; de tres a ocho años por robo; de tres meses a un año por desobediencia, actividad económica ilícita, especulación y acaparamiento.