Un eslabón a fortalecer en la gestión de gobierno

Amplio espacio en el Proyecto de Constitución de la República, sometido a consulta popular, ocupa la estructura que se propone tenga el Estado y su organización territorial, como manera de «blindar» al sistema político cubano para garantizar la perdurabilidad de la Revolución.

Transmutado en constituyentista, al decir del profesor universitario Jorge Veranes Salinas, el pueblo asiste por estos días al debate sobre la propuesta de la nueva Carta Magna, persuadido de su responsabilidad ante los destinos de la Patria y de la necesidad de aportar ideas que hagan «más socialista al socialismo cubano».

Hasta mediados de septiembre, a un mes de iniciado el proceso de intercambio popular sobre el contenido del documento, se habían efectuado en tierra camagüeyana 1 944 reuniones en centros laborales, cooperativas campesinas, universidades, escuelas y comunidades, con una asistencia de 173 829 personas.

«Ello es una muestra más que elocuente, aseguró Veranes Salinas, del carácter genuinamente democrático de la sociedad cubana, en la que todos tienen derecho a opinar, disentir, expresar sus dudas e inquietudes, con el propósito de atemperar la Constitución a la realidad de los tiempos actuales».

Ese ambiente participativo y de compromiso patrio prevaleció igualmente entre los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, quienes acudieron al debate marcados por el interés de sentirse protagonistas de un momento peculiar en la historia del país.

«El documento que tenemos en las manos, expresó el profesor de Filosofía Jorge Luis Varona López, es objetivo, científico, inteligente y estratégico, por lo que debemos pensar bien en los cambios que queremos hacer. Esta consulta popular nos da la posibilidad de perfeccionar cada una de sus líneas».

A tono con esa idea, varios de los participantes coincidieron al afirmar que la estructura que se propone para el Estado a todas las instancias busca fomentar una cultura de dirección colectiva y de contacto permanente y fluido con el pueblo, además de vigorizar los mecanismos de control popular y de participación ciudadana.

AL MUNICIPIO, TODA LA AUTONOMÍA POSIBLE

Aunque algunos han expresado sus dudas sobre el alcance real de la autonomía de que gozarán los municipios, como «unidad política primaria y fundamental de la organización nacional», todas las opiniones hasta ahora recogidas concuerdan en que resulta vital fortalecer ese importante eslabón en la gestión de gobierno.

En declaraciones exclusivas a Granma, Lissette Bouza Cabrera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Camagüey, explicó que a las autoridades locales se les ha otorgado en los últimos tiempos un grupo de facultades, pero estas serían mucho mayores de aprobarse el Proyecto de Constitución.

«Esas prerrogativas para decidir sobre los recursos, puntualizó, facilitarán la implementación de acciones dirigidas a solucionar muchos de los problemas de la localidad. Son fortalezas que tendremos, pero también generarán un gran compromiso y para enfrentarlo los cuadros debemos estar bien preparados».

Mencionó, a modo de ejemplo, la facultad que tienen los consejos de administración municipales para definir el destino que se le dará al financiamiento proveniente de la contribución de las empresas al desarrollo local, cuyo monto ha permitido asumir la reparación capital de escuelas, consultorios y otras obras sociales.

Una oportunidad que es preciso aprovechar mejor está relacionada con los proyectos de iniciativa de desarrollo local, sustentados en un esquema de autofinanciamiento, a través de los cuales se generan ingresos que se destinan a programas de interés social y a dar respuesta a planteamientos de la población.

«Hay otros territorios del país, reconoció Lissette, que han avanzado más. Es una opción que pretendemos estimular con el asesoramiento de especialistas de la Universidad, pues está probada su valía en la gestión de recursos materiales y financieros para enfrentar mejoras en la calidad de vida del pueblo».

Al respecto, informó la Presidenta del órgano de gobierno que se trabaja en la elaboración de la estrategia de desarrollo municipal, documento que esperan tener listo para febrero del 2019, cuando se conmemore el aniversario 505 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe.

DISTRITOS: UNOS QUE SÍ Y OTROS QUE NO

Sobre la base de la experiencia del municipio de Camagüey, junto al de Santiago de Cuba, únicos territorios que han instaurado los distritos administrativos, las opiniones se dividen entre quienes apuestan por eliminar esa estructura y aquellos que se pronuncian por fortalecerla para que cumpla realmente su cometido.

A tenor de tales criterios, el profesor de Marxismo Yoan Polanco propuso eliminar el párrafo 558 dentro del Título VII: Organización territorial del Estado, del Proyecto de Constitución, que establece la posibilidad de que en los municipios puedan organizarse distritos administrativos, de acuerdo con la ley.

Argumentos similares refieren que tal estructura de gobierno ha multiplicado el aparato burocrático en la ciudad cabecera provincial, pues prácticamente todas las entidades municipales han asumido su representación distrital, buena parte sin poder de decisión ni recursos para enfrentar los problemas.

Bouza Cabrera opinó, sin embargo, que los distritos deben mantenerse, sobre todo en las capitales provinciales, siempre y cuando cuenten con una estructura que sea funcional, pues la actual no permite un desempeño adecuado.

«Ello requiere igualmente, añadió, de la percepción de los directores municipales a la hora de otorgarles a sus dependencias distritales no solo responsabilidades, sino también capacidad resolutiva para dar respuesta eficaz y oportuna a los asuntos que les competen de acuerdo con sus funciones.

«De lo contrario, concluyó, el distrito seguirá siendo una estructura intermedia que lejos de ayudar, lo que haría es frenar, y el objetivo es que contribuya, a partir de una gestión eficiente, a destrabar y dinamizar la solución de las problemáticas presentes hoy en nuestros barrios y comunidades».

Con criterios a favor y en contra, en este y en otros muchos temas, como debe ocurrir en todo buen debate, lo mejor que deja el proceso de análisis en curso es la necesidad de lograr una estructura coherente en las formas de gobierno que se erija puntal en la construcción de un socialismo próspero y sostenible.

DEL PROYECTO

ARTÍCULO 163. El municipio es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica, propias a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del progreso económico, el desarrollo social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de una Asamblea del Poder Popular y su Consejo de la Administración.

ARTÍCULO 164. La autonomía del municipio comprende la elección de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación.