Una pandemia con más de 60 años

El bloqueo económico a Cuba es como la pandemia de la COVID-19. No lo digo yo, esto se infiere de lo dicho –y vuelto a decir– por Joe Biden en los últimos días. Según el mandatario estadounidense, los males económicos que atraviesa su nación se deben a que la pandemia de la COVID-19 provoca graves problemas en la cadena de suministros.

Las continuas interrupciones en el flujo de mercancías han provocado una ralentización del crecimiento económico, inflación que ya alcanza niveles récords, disminución de importaciones, escasez de materias primas, y un impopular desabastecimiento en determinadas cadenas de supermercados: tema que durante la semana pasada fue tendencia en Twitter mediante la etiqueta #BareShelvesBiden (Biden estanterías desnudas).   

Explica Joe que las constantes interrupciones en las cadenas de suministros se reflejan en atrasos en el arribo de buques, eventuales desvíos de estos hacia otros destinos, aumento de tarifas de fletes y costos de entrega, pérdidas de mercados por incumplimientos de contratos, y mayores riesgos crediticios.

Argumenta que el arribo de buques transoceánicos no sincroniza con la disponibilidad de contenedores, y estos con las terminales de carga, los camioneros, los ferrocarriles; e igual sucede en el retorno de productos terminados… En fin, nada de lo que ahora mismo está pasando en la economía de Estados Unidos es diferente de lo que en Cuba provocan leyes como la Torricelli. 

Dicha Ley –pensada e implementada por Estados Unidos para sabotear nuestra cadena de suministros– estableció dos sanciones fundamentales en la esfera comercial: prohibir el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países; y prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano.

Como sé que los conceptos económicos suelen ser arduos para un público general, no me detendré en argumentos técnicos; lo haré con una historia que sufrí en carne propia. A finales de 1984 fue inaugurado el Combinado de Papeles Blancos de Jatibonico: inversión realizada a un costo de 138 millones de dólares de la época, unos 450 millones en la actualidad. Era una empresa capaz de suministrar todo el papel de alta calidad necesario para el país y, de paso, aportar divisas mediante la exportación.

En poco tiempo, la fábrica alcanzó estándares de rentabilidad y eficiencia que serían la envidia de cualquier empresario capitalista. En el primer semestre de 1990 se rompieron los récords de producción para un día, un mes, un trimestre; al cierre de junio de ese año se exhibían niveles de producción y calidad superiores a su capacidad de diseño. Es algo que recuerdo perfectamente, pues entonces yo era el jefe económico de esa industria.

El derrumbe de la URSS y del campo socialista ralentizó momentáneamente su producción, puesto que, de tales países, provenían importantes volúmenes de materias primas y piezas de repuesto; pero como era una fábrica con tecnología de punta, y disponía de personal altamente preparado, ya en 1992 se hallaba lista para nuevamente escalar a sus habituales márgenes productivos.

Fue entonces que, de manera oportunista, Estados Unidos proclamó la Ley Torricelli. Esto significó que, de inmediato, varios proveedores extranjeros dejaran de comerciar con Cuba. Por ejemplo, una de las materias primas esenciales para la producción de papel offset es el caolín –que se emplea como relleno–; pero de repente esta arcilla de alta blancura dejó de ser enviada por el suministrador tradicional: una compañía inglesa que operaba con más de 10 % de capital estadounidense.

Hubo que traerla desde China. Era este, sin embargo, un caolín con menores parámetros de calidad, lo cual incidía en la calidad final del papel, y, por demás, debía ser transportado desde una distancia tres veces mayor, con el consiguiente gasto adicional. Pero eso no fue lo único: dadas las sanciones de Estados Unidos a las navieras que tocasen puertos cubanos, también aumentaron los costos de fletes y seguros por la transportación de otras materias primas; amén de que, en ocasiones, estas no llegaban a tiempo, o simplemente los envíos eran cancelados a última hora, todo lo cual provocaba frecuentes interrupciones en el proceso productivo.

Cuántas veces se hizo necesario traer una pieza de repuesto, o un material gastable por la muy costosa vía aérea; o desembarcar productos en puertos extranjeros cercanos, y luego reembarcarlos a Cuba, con el consiguiente gasto adicional por la doble manipulación. Para resguardarnos de los frecuentes imprevistos, se debieron aumentar coberturas de inventarios, lo cual incidió en pérdidas por mermas y deterioros y un mayor gasto de capital. 

La enorme cantidad de efectos negativos provocados por la Ley Torricelli en nuestra cadena de suministros, finalmente derivó en obstáculos insalvables. Como los costos superaban los ingresos, esta industria debió cerrar definitivamente en 1996, tras lo cual cientos de trabajadores de alta calificación debieron ser reubicados en actividades menores; mientras el país perdía la capacidad de producir un recurso de enorme valor estratégico para su desarrollo.  

Como sabemos, el nombre oficial de la Ley Torricelli es «Acta para la democracia en Cuba»: un eufemismo con el que se pretende enmascarar intenciones perversas. Escuchando a Biden hablar de que la pandemia provoca en su país exactamente lo mismo que esa Ley ha provocado en Cuba, de repente se me ocurre preguntarle si por casualidad el coronavirus también ha estado trabajando a favor de la democracia en Estados Unidos. De ser así, con total seguridad ya están próximos a lograr la democracia perfecta.