Libertad de expresión

Poniendo un poco de perspectiva, en febrero de 2018 Forbes publica una carta que un lector de nombre Nicholas le escribe a la reportera Liz Ryan. Nicholas se queja de que está siendo discriminado y empujado fuera de su empresa porque sus opiniones políticas, que ha tratado al máximo de mantener fuera del trabajo, son contrarias a las de sus empleadores.

Sus colegas de trabajo, a pesar de sentirse solidarios con él, le advierten que: «Seamos honesto, los jefes de esa compañía toman el punto de vista que, si no coincides con ellos, eres su enemigo». Nicholas le pide consejo a Liz: «¿Debo renunciar?».

Liz le contesta a Nicholas que «si un jefe quiere expulsarte te expulsará. Si sientes que tus perspectivas laborales en tu empresa están estancadas porque tus opiniones políticas no son las de los líderes de tu compañía, entonces es un buen momento para que empieces a buscar otro trabajo».

La carta sigue, en un intento de darle ánimo al infeliz Nicholas, pero siendo clara en su opinión, «puedes intentar buscarte un abogado laboral, alguien que te diga de tus opciones legales. Pero, aun si haces eso, comienza a prepararte para buscar otro trabajo».

La primera enmienda de la Constitución de ee. uu. prohíbe al gobierno limitar la libertad de expresión, pero ella no se aplica a actores no gubernamentales como las empresas privadas; un elemento clave en el que no se abunda mucho, pero que tiene consecuencias drásticas para quienes lo olvidan.

Digámoslo despacito, porque nos intoxican tanto con el mito de la protección de la libertad de expresión, que vale la pena insistir: allí no existe ley federal que proteja la libertad de expresión frente a un empleador privado.

Excepto en el estado de Montana, se sigue la regla de la doctrina employment-at-will que, en esencia, dice que un empleador puede despedir a un empleado por cualquier razón que no sea discriminatoria, estas últimas usualmente no incluyen ideas políticas y se limitan a cuestiones de raza, religión, discapacidad o género.

De acuerdo con Ann Longue, analista de Yahoo Finance, esto significa que un empleador puede despedir por casi cualquier razón, incluso, «porque tu jefe hoy se levantó de mal humor».

La cosa no queda solo en el empleado privado. Según el Acta Hatch, un servidor público, es decir, un empleado del Gobierno, no puede, en su puesto de trabajo, expresar ideas políticas como su posición a favor o en contra de partidos políticos y sus candidatos. Más aún, recientemente, la oficina federal que supervisa tales regulaciones aclaró que tales provisiones, que limitan la libertad de expresión del empleado público en su puesto de trabajo, se extiende al teletrabajo.

La especificación vino como resultado de la expansión de esa modalidad de empleo durante la actual pandemia. El gobierno federal aclaró que «los empleados federales, aun en horarios irregulares y si están en sus casas, están bajo las limitaciones del Acta Hatch, si están realizando labores asociadas a su trabajo».

Pero su advertencia no se quedó ahí: «por tanto, los empleados que deseen involucrarse en actividades políticas, por ejemplo, comentando sus puntos de vista sobre partidos y candidatos en las redes sociales o haciendo donaciones políticas, deben asegurarse de que no están realizando labores asociadas a su trabajo en esos momentos».

Las restricciones, además, se extienden al uso de vestimenta como pulóveres con material político, imágenes de candidatos, partidos, etc.; aun si están en sus casas, tales imágenes tienen que ser eliminadas si el empleado se conecta remotamente usando video o fotos.

La aclaración es bastante drástica, pues incluye la prohibición de usar tus cuentas personales para comentar, e incluso dar likes en plataformas como Facebook, si simultáneamente estás realizando tareas relacionadas con tu trabajo, no importa si estás en tu casa.

Tal restricción, por ejemplo, se aplica si estás trabajando en tu computadora en casa y, a la vez, tienes abierta tu cuenta de Facebook o Instagram. No puedes interactuar con ninguna opinión política en las redes sociales a la vez que estás, por ejemplo, escribiendo una carta del trabajo o editando un documento, o sencillamente leyendo un correo de tu empleo.

Kelly Childs y Erinn Weatherbie usaron una cita de Martin Luther King Jr. en Instagram para apoyar el movimiento de Blackout Tuesday, que protesta contra el racismo y la brutalidad policial. La Penguin Random House les cerró el contrato para su segundo libro como resultado de la exposición pública de sus opiniones.

Como expresa Lisa Guerin en un sitio de asuntos legales de ee. uu., «no existen leyes federales que protejan a un empleado privado de ser expulsado de su trabajo por sus opiniones políticas».

La analista se pregunta si en ee. uu. un empleador puede expulsar o discriminar a un empleado basado en sus opiniones políticas, y ella misma responde: «Puedes estar sorprendido, pero para muchos empleados, la respuesta es sí».

Algunos estados tienen leyes estatales que brindan algún tipo de protección, pero son muy limitadas en general. En Connecticut se protege a un empleado por libertad de expresión, pero solo si el valor de su expresión pública es mayor que el impacto en el negocio del empleador. Cómo evaluar el valor de la expresión pública, por supuesto, está sujeto a una interpretación subjetiva y es un área gris.

Pero la libertad de expresión no está bajo asedio solo en términos políticos. Catherine Kapkos trabajaba en la transnacional de la industria ligera Procter and Gambler. Como gerente de ventas, su manual de conducta, obligatorio para todo empleado en ese puesto, incluye la prohibición de usar públicamente cualquier producto de otra compañía si Procter and Gambler produce uno similar.

Eso incluye los perfumes que usa, la ropa, los zapatos, las joyas, el reloj. Si a Catherine le gustan los jeanes Levy, no puede usarlos porque su compañía produce pantalones del mismo tipo.

La cosa se pone peor. Catherine tenía prohibido comprar directamente en un establecimiento público, como un supermercado, algún producto de la competencia sin importar sus preferencias personales.

No podía comprar pasta de dientes, detergentes, culeros, jabones y toda la gama de productos que no fueran producidos por Procter and Gambler o una de sus subsidiarias. Procter and Gambler es la mayor compañía mundial en su área, y su línea de productos incluye desde Gillette, los famosos culeros desechables Pampers o el detergente Ariel.

¿Les parece excesivo? ¡Agárrense de la silla!: Catherine también tenía limitado qué bebe en público. Primero debe intentar escoger una bebida que su compañía produzca o endorse, pero si no le apetece, sus opciones siguen limitadas.

La ingestión de refrescos de marcas globales como Coca Cola o Pepsi Cola está prohibida en lugares públicos, porque un empleado de ventas como ella no debe aparecer como si estuviera apoyando alguna marca en particular, debe escoger un refresco de una marca local.

Pero las cosas no quedan allí. Catherine tiene prohibido dar opiniones personales de ningún producto del tipo que produce su compañía, aun si es para hablar mal de la competencia.

Catherine no puede discutir con nadie los méritos particulares, digamos, de un champú, o de un detergente, o si el Vicks Vaporub, producto de Procter and Gambler, le sirvió para mejorar los síntomas de catarro de sus hijos.

Tiene que guardarse tales opiniones para ella. Si se tiene en cuenta que la línea de productos de su compañía cubre una variedad abrumadora de bienes de consumo, podemos entender cómo las restricciones limitan, de manera efectiva, la capacidad de Catherine de desenvolverse de acuerdo con sus gustos y, en definitiva, con su libertad.