Estafadores vía sms: ¿impunes?

Hace pocos días me llamaron a mi móvil con cobro revertido (*99) para intentar estafarme y extorsionarme. La persona me pidió que le pasara dinero de mi teléfono, pues me había hecho una transferencia de saldo equivocada.

Al chequear el SMS de notificación –falso, claro está– me comuniqué con la empresa proveedora del servicio, Cubacel, para reportar el número del estafador, el SMS (prueba fehaciente con el número del remitente/delincuente) y denunciarlo.

Me dijeron que no podían hacer nada, que era tema de la Policía. Insistí, y atónito volví a preguntar cómo era que no podían, que si revisaban mi estado de llamadas y SMS de los últimos diez minutos verían que alguien me había mandado un SMS haciéndose pasar por la empresa desde un número existente y real, y que me estaba llamando constantemente para chantajearme y extorsionarme.

La ejecutiva me reiteró que no podían hacer nada y que llamara a la Policía. Llamé a la PNR y el proceso no podía hacerse por teléfono ni con la rapidez que nuestra sociedad tal vez requiere en estos casos.

Hablando con amigos me explicaron que también habían sido víctimas de tales artimañas y que intentaron alertar a Cubacel, para que al menos bloquease el número de los estafadores e iniciase una querella por extorsión, intento de estafa, acoso y perjurio, pero fue en vano.

¿Cómo es posible que no se pueda hacer nada si en las bases de datos y demás mecanismos deben quedar almacenados los SMS y rastros de llamadas que como cliente quiero denunciar?

Pero existe otro dato importante y peligroso que me aportaron mis colegas y que me anima a todo esto: esas llamadas y SMS de extorsión aparentemente no llegan a todos los móviles, sino a personas que sí tenemos «coincidentemente» la cantidad de dinero que piden los delincuentes, ¿pura casualidad?

Si a ello le sumamos que «alguien» filtró hace tiempo la base de datos de todos los clientes de líneas fijas y celulares de Cuba, conteniendo datos confidenciales como dirección particular, números de identidad, edad, etc., el asunto es digno de un análisis serio y de tipo legal.

No acuso, son solo raras coincidencias. Por ello pienso que hay que robustecer la seguridad de los clientes y brindar una adecuada confianza –no solo de nuestros datos privados ya en posesión de cualquiera que instale la famosa APK en manos de particulares– y de abogar por una verdadera y eficaz  protección al consumidor.

Mis datos confidenciales depositados mediante contrato con Cubacel no tienen por qué estar en manos de cualquiera,
y es tal la iniciativa sin frenos, que para IOS ya se inventó y patentó lo mismo que existe para Android, e imagino que sin permiso legal de Cubacel.

Pienso que no es igual una guía telefónica impresa y editada por la empresa que contenga datos no confidenciales, a estas aplicaciones para móviles que poseen algo tan privado y delicado como nuestros números de identidad, lo cual puede prestarse para fraudes o falsificaciones en otras áreas, inclusive de tipo bancario, de evasión de impuestos, multas o quién sabe.

Pero lo más doloroso es que siguen actualizándose estas aplicaciones con bases de datos del año en curso, y se siguen incorporando a las APK datos de clientes recientes de Etecsa, ¿cómo sucede? ¿No sería eso un escándalo por filtración de datos, penado por la ley?

También contrasta el hecho del uso de logos y colores de Etecsa en talleres de particulares, ajenos a la empresa, me imagino, pero que pululan por la ciudad de La Habana (no sé en el resto del país).

Si hemos librado batallas legales por el reconocimiento de nuestras marcas y logos a nivel internacional, ¿cómo no hacerlo de manera interna? Esto debería debatirse: derechos, deberes y protección al consumidor, y así ir introduciendo una cultura de legalidad y respeto, de confianza en nuestras empresas y, de ser posible ante ineficiencias o malos manejos, demandarlas para proteger al cubano trabajador y honrado que vive de su salario y que bajo sacrificios inmensos se siente vulnerable ante fallas como esta, o el robo de crédito en tarjetas nauta de internet.

Como ejemplo de denuncias y rapidez puedo citar uno que nos atañe a los cubanos en el uso de redes sociales como Twitter y Facebook, donde libramos una batalla campal por hacer que el mundo conozca la verdad sobre nuestro proyecto social y político.

En varias ocasiones han bloqueado de forma temporal perfiles de muchos de nosotros cuando subimos fotos y publicaciones de nuestros médicos en Brasil o contra el bloqueo. ¿Cómo? Estas redes brindan la opción de denunciar perfiles que difundan terrorismo, pornografía, abuso sexual, acoso y más: solo basta que algún enemigo de la Revolución nos «denuncie» bajo una de esas categorías para que automáticamente los programadores de estas plataformas digitales nos bloqueen, hasta que investigan y luego son restablecidas nuestras cuentas pues comprueban que no incurrimos en ninguna de las falsas denuncias.

Pero el mecanismo es lo que importa: ante una denuncia de cualquier usuario porque supuestamente otro infringe las normativas de la red social, se bloquea la cuenta o se cancela si procede.

Y así, o de forma parecida, podrían ser algunas de las políticas que se implementen en nuestro entorno digital para mayor confiabilidad, donde no nos sintamos abandonados a nuestra suerte y que los estafadores sepan qué les espera con solo atreverse a extorsionar a alguien vía SMS.