Grupos bolivianos golpistas son nombrados por ONU como paramilitares

El Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) nombró a los grupos bolivianos, Resistencia Juvenil Cochala y a Resistencia Juvenil Cruceñista, contrarios al Gobierno del presidente Luis Arce, como grupos paramilitares, informa Telesur.

Dicha valoración está fundamentada en la actuación de estos grupos, mediada según la organización internacional por financiación y cooperación con las fuerzas de seguridad del país durante el golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales en 2019.

El presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Claude Heller Chairperson, precisó que estos grupos «justificaban su acción en defensa de la democracia para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales durante paros y bloqueos», apunta la multiestatal.

El relator Claude Heller Chairperson remarcó también que en Bolivia se dieron acciones de racismo y discriminación en 2019 e indicó asimismo que durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez ocurrieron hechos como la quema de la wiphala (bandera indígena) en «un acto de venganza e incitación al odio».

«Los hechos de discriminación se expresaron en acciones de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata», acotó el funcionario.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia boliviano dichos grupos estuvieron financiados por organizaciones denominadas pititas y además contaban con la cooperación de las fuerzas de seguridad nacional.

Telesur detalla además que el portavoz de la delegación boliviana en la 72 Sesión del Comité contra la Tortura, en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, dijo que los procesos judiciales abiertos contra la expresidenta de facto se encuentran en revisión por ser «juicios de responsabilidades que podrían o no seguir su curso, dependiendo del reconocimiento o no de su condición legítima y legal de presidenta».