Al apoyar la pretendida marcha, EE. UU. reafirma el objetivo desestabilizador (+ Video)

Este viernes, Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, se atrevió a amenazar a Cuba, en apoyo a los promotores de una marcha –declarada inconstitucional, por su carácter anexionista– convocada para el 15 de noviembre.

«EE. UU. responderá, posiblemente con sanciones, si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano, o se procesa a los promotores de la marcha cívica opositora», dijo González a EFE.

A la declaración, que delata a los verdaderos interesados en la manifestación, respondió en Twitter el canciller Bruno Rodríguez Parrilla: «Además de constituir un acto contrario a la Carta de la ONU, la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos, ni nos dejamos impresionar por amenazas».

Cuando el Gobierno estadounidense se pronuncia, habla el que financia y organiza el esquema desestabilizador, que suma a cuanto grupúsculo o institución –dólares mediante– aporte una iniciativa contra la Revolución, no importa lo ridícula que sea si participa del teatro subversivo; como la que recién escenificó el Instituto Republicano –coautor de la promoción de golpes suaves en varias partes del mundo–, al conceder «al pueblo cubano, el Premio a la Libertad, por la valentía y el coraje demostrados durante las protestas iniciadas el 11 de julio».

No fue casual que «el diploma» lo recibiera el cantante Willy Chirino, acunado por el exilio anticubano, y mucho menos que lo entregara el senador republicano por la Florida, Rick Scott, el mismo que, en 2020, promovió un proyecto de ley para castigar a los países receptores de ayuda médica cubana.

Con tales suscriptores, ¿quién con mediana lucidez política y conocimiento elemental de la historia de hostilidad del Gobierno de EE. UU. hacia Cuba, podría desconocer los resortes subversivos que alientan la pretendida marcha?

Sobradas razones hay para que el verdadero pueblo cubano, representado en sus gobiernos locales, declarara ilegal la manifestación convocada; una decisión que, de incumplirse, tal cual advirtió la Fiscalía, sería una transgresión con consecuencias penales.