Bolivia recupera su destino

Tras el colapso institucional que significó el golpe de Estado de la derecha contra el presidente Evo Morales

–noviembre de 2019–, con el auspicio de fuerzas externas, que terminó con la instalación de un ejecutivo de facto, el actual Gobierno de Bolivia avanza en su propuesta de reconstrucción del país. A tres meses de la asunción de su cargo, el mandatario Luis Arce ha establecido un eje fundamental de cara a ese objetivo: la unidad.

Su discurso enfatiza en esa necesidad nacional, a partir de la resistencia emanada de la lucha del pueblo boliviano para su total soberanía, e insiste en que debe consolidarse sobre la base de los principios de dignidad, complementariedad, equilibrio y equidad.

Según la Agencia Boliviana de Información, la crisis económica dejada por la presidenta golpista, Jeanine Áñez, provocó un decrecimiento de más del 11 % en el ingreso per cápita y una caída de un 9 % del Índice de Cantidad de Consumo de Servicios Básicos (electricidad, agua potable y gas licuado de petróleo). Además, la inversión pública se contrajo, la tasa de desempleo se duplicó y la deuda interna del Tesoro General de la Nación aumentó. ¿Las causas? El regreso de la nación al neoliberalismo.

El presidente Arce y su equipo del Movimiento Al Socialismo, posicionados en sus cargos desde el pasado 8 de noviembre, tenían claro el camino: retornar al Estado Plurinacional a la senda de la equidad social, y dinamizar a los actores sociales y económicos del país. Por eso, en pos de revertir lo que dejó el golpismo, se puso en práctica la ampliación del mercado interno, para generar demandas de productos que arrastren a los sectores claves, lo cual se traduce en el acceso de la población al mercado.

Como una forma de mejorar la distribución de los ingresos, se llevó a la práctica el Sistema Integral de Pensiones que beneficia a los jubilados, con el aumento de las rentas a cobrar; en aras de incentivar una mayor facturación por la compra de bienes y servicios en ese mercado endógeno, se implementó el reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado, y fueron aumentados los tributos para las grandes fortunas, que afectó solo a las 152 personas más ricas del país.

Esas y otras disposiciones apuntan, según los cálculos, a un crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) en torno al 4,8 %, atraen mayores inversiones, reducen el gasto corriente y mantienen los bonos sociales, para fortalecer la redistribución de ingresos. Además, consolidan el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y recuperan el crecimiento económico del país.

Paralelamente, hoy la principal prioridad del Gobierno se centra en solucionar la crisis sanitaria, con el testeo masivo para identificar los contagios; el diagnóstico temprano, y la contratación directa para la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, así como otros bienes, obras y servicios, para enfrentar a la COVID-19.

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Además, se destacan las gestiones para la firma de dos contratos con los laboratorios productores de vacunas de Rusia y de la India, más un donativo de la firma Covax, que promueve la ONU. A ello se agrega un plan estratégico gubernamental que incluye la contratación de

3 025 médicos, enfermeras y auxiliares de Salud, con el objetivo de reforzar la lucha contra la pandemia, e incrementar el presupuesto para el sector en más de un 10 %.

Bolivia, que ya había demostrado lo acertado de un gobierno, cuando su principal gestión era el beneficio del pueblo, ratifica hoy, con el regreso del Movimiento Al Socialismo, lo fallido del modelo neoliberal. En solo tres meses, bolivianos y bolivianas han recuperado los sueños arrebatados por el salvajismo golpista que dejó 35 muertos, 833 heridos y 1 504 detenciones. De ello también se ocupa el poder judicial, para reparar los daños a las víctimas.