El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter un nuevo intento por criminalizar a su país, mediante la presentación de supuestos informes sobre corrupción relacionada con la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA). Dichas exposiciones, aclara el diplomático, reconocen no tener pruebas y se apoyan en medios digitales parcializados.
Se trata de los mismos que publicaron un supuesto plan de invasión al país sudamericano, con el fin de destapar una operación múltiple de inteligencia, matriz de opinión que pretenden perpetuar mediante la presentación de pruebas-fraudes que no solo inculpan al Gobierno venezolano, sino también a Suriname.
La acusación de «Estado criminal» contra Venezuela pretende fortalecer y justificar las sanciones económicas contra dicho país, recrudecidas por el gobierno de Donald Trump. Un análisis pormenorizado realizado por el equipo del sitio web Misión Verdad señala que el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSI), entidad que presentó el informe, ni siquiera puede aportar una prueba material acerca de la culpabilidad venezolana en los supuestos desvíos de dinero. Se estaría apostando, en todo caso, a ensuciar la imagen de un país, otra forma de legitimar cualquier agresión directa en su contra.
El CSI cuenta entre sus financistas con empresarios que estarían interesados en echar mano a los recursos petroleros y naturales venezolanos, en un posible escenario de ocupación militar.
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