Gobierno argentino inicia operación de saqueo a bienes de PDVSA en ese país

El pasado 23 de marzo, diversas instancias del gobierno argentino han concretado un conjunto de acciones coercitivas y unilaterales contra Venezuela, que han comprometido las operaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en ese país.

Ha trascendido en medios argentinos el cierre forzado de las operaciones de la empresa Petrolera del Conosur S. A. (PCSA), una sociedad de propiedad del Estado venezolano bajo la regencia de PDVSA América, filial continental de PDVSA en la región.

Dicha empresa consta de una planta de distribución de combustibles y un conjunto de instalaciones conexas que ha facilitado el suministro a unas 70 gasolineras en suelo argentino, y fue fundada en tiempos de actividad expansiva de PDVSA durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, siendo además integrante del holding de compañías venezolanas que, en el extranjero, están siendo objeto de sanciones, presiones, saqueos y actos previos a su congelamiento, inhabilitación o confiscación de facto.

En contexto, el boicot a Petrolera del Conosur

Desde enero de este año, las acciones concretas desde Washington contra PDVSA y sus activos en el extranjero han consistido en el congelamiento de activos financieros, cuentas bancarias y activos físicos.

Misión Verdad ha tenido acceso a fuentes que han subrayado que, desde el mes de enero, las cuentas bancarias de PDVSA América y sus empresas, entre ellas PCSA, han sido cerradas por bancos argentinos al apegarse a las acciones ordenadas desde el Departamento del Tesoro estadounidense y a las peticiones que la "representante de Juan Guaidó" en Argentina, Elisa Trotta Gamus, ha venido exigiendo.

En consecuencia, al verse inhabilitadas las posibilidades de uso de los servicios bancarios, desde el mes de febrero las operaciones de PCSA se han ido a pique.

Dicha empresa también se ha visto imposibilitada para efectuar el pago de arrendamiento de la instalación portuaria donde se encuentra, concretamente el puerto Dock Sud en la Provincia de Buenos Aires, lugar donde está apostada la planta de combustibles propiedad de PCSA. El monto de deuda acumulando es de 35 mil dólares estadounidenses.

Ahora, la actividad portuaria, sujeta a la autoridad Provincial bajo el mando de la macrista María Eugenia Vidal, ha procedido a violentar los candados, ingresar a las instalaciones de PCSA y ha impedido el ingreso de personal a dicha planta, alegando el inmediato desalojo de las instalaciones por "impago". Las autoridades del puerto de Dock Sud procedieron al levantamiento de un acta y se decretó que tal lugar era ahora un "Predio Recuperado".

La planta de llenado de combustibles de PCSA había aletargado sus operaciones en los últimos meses y se habían generado serias dificultades para el pago de personal desde el mes de febrero, producto precisamente de la imposibilidad de hacer efectivas las transacciones por el congelamiento de cuentas que las autoridades argentinas ordenaron sobre estas empresas.

Por otro lado, las autoridades del puerto bonaerense Dock Sud, a expensas de la deuda de 35 mil dólares y mediante su medida de desalojo, han comprometido los activos de PCSA calculados en un valor de casi 200 mil dólares, un hecho que puede considerarse un robo a los activos soberanos de Venezuela.

Operadores del boicot

Fuentes indicaron a Misión Verdad que, previo a estos eventos, Elisa Trotta Gamus, ex empleada de la administración pública argentina y ahora "Embajadora" del gobierno de Guaidó en la nación sureña, se había comunicado con las entidades bancarias relacionadas con PCSA para instarles a cerrar las cuentas bancarias de esa empresa, solicitándoles apegarse a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Varias de estas entidades accedieron a ello, pues también se plegaron a la posición del gobierno de Mauricio Macri, el cual reconoce a las "autoridades" impuestas por Juan Guaidó.

Misión Verdad también tuvo acceso a una comunicación que fuera redactada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, ente adscrito al gobierno central argentino, quien mediante oficio fechado en enero de este año estableció una medida de "Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculados al Gobierno Ilegítimo de Venezuela".

Dicha orden dirigida a todos los sujetos de derecho en Argentina, infiere el desarrollo de una cacería de brujas, o el seguimiento de toda operación de personas jurídicas en ese país, con personas, empresas e instituciones venezolanas bajo la dirección del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La comunicación advierte sobre "los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública, o empresa de propiedad, o bajo el control del Estado venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional" de Venezuela, dice textual.

La instrucción del Centro de Información Financiera -una instancia punitiva y reguladora en ese país- constituye un ultimátum que justifica el cierre de cuentas bancarias de PSCA y de PDVSA América en Argentina por parte de los bancos argentinos, factor causal del impago y ahora desalojo de la planta de combustibles.

Por su parte, Nicolás Dujovne, responsable del Ministerio de Hacienda de Argentina, había ejecutado previamente la acción de suprimir a la filial estatal venezolana PSCA del registro de empresas petroleras, acorde a una decisión de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de ese país, situación que había complicado la capacidad de maniobra de PSCA en suelo argentino. Ello reviste en una acción de inhabilitación jurídica, como hecho relevante de boicot a PDVSA en ese país.

El proto-estado venezolano en el extranjero

Las acciones lesivas al interés venezolano que ahora tienen lugar en Argentina, son réplica de acciones similares y de diversa índole que están teniendo lugar en otros países. Se trata de acciones concretas de control, confiscación o inhabilitación de bienes pertenecientes a PDVSA y al Estado venezolano.

Como registro de estos eventos, ha tenido lugar la captura de CITGO Petróleum Corporation, filial venezolana en suelo estadounidense, refinadora y distribuidora de combustibles a más de 7 mil gasolineras de su propiedad en suelo estadounidense. Una operación en la que el "Embajador" de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha sido un actor clave.

El pasado 27 de mayo el también "Embajador" de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, confirmó que mediante las gestiones y apoyo del gobierno colombiano, se juramentó la nueva directiva de Monómeros, una empresa de responsabilidad limitada destinada a la producción de caprolactama (materia prima del nylon) y de fertilizantes compuestos, y cuyo propietario legítimo es el Estado venezolano por medio de la Corporación Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN).

El modus operandi del proto-Estado de Guaidó en el extranjero, con factura estadounidense, consiste en el congelamiento, desmantelamiento y captura de los activos venezolanos fuera del país, gracias al auspicio de gobiernos. Este tipo de acciones concurren mediante la conformación de una estructura paraestatal, totalmente al margen de la legalidad venezolana, que asume el control de bienes y dineros nacionales y proceden a su manejo discrecional.

Otro denominador clave del para-Estado en el extranjero es la total ausencia de instancias de regulación administrativa y política sobre el manejo de esos bienes. No hay instancias judiciales, ni Fiscalía General, ni ninguna otra instancia de rectoría administrativa fuera de Venezuela, a las cuales estas empresas y sus nuevos gendarmes respondan, lo cual reviste en un enorme riesgo para los bienes nacionales y una mampara de corrupción en ciernes.

(Tomado de MisiónVerdad.com)