Grecia llegó el 30 de junio al vencimiento del programa de "rescate" de las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a la fecha de reembolso a este último de casi mil 600 millones de euros, que Atenas ya advirtió de su impago de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio para las partes.
La primera reacción vino del presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien hizo llegar al ejecutivo griego una nueva propuesta de los acreedores de la cual, sin conocer los detalles, algunos medios locales avanzaron mejoras en materia de pensiones e impuestos, así como la inclusión de una reestructuración de la deuda.
Pero fieles a su estilo a la hora de plantear sus propuestas, los acreedores presionaron al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para que aceptara por escrito las condiciones antes de la reunión extraordinaria del Eurogrupo e hiciera campaña en favor del "Sí", de cara al referéndum convocado el domingo 5 de julio.
Solo de ese modo, el Eurogrupo podría decidir aplicar el próximo mes de octubre su compromiso, expresado ya en 2012, de extender el vencimiento de préstamos griegos y rebajar y aplazar el pago de los intereses.
El Gobierno mostró su intención de estudiar los términos de la propuesta, pero al mismo tiempo expresó claramente la voluntad de escuchar y respetar la decisión del pueblo griego y que, a la espera de encontrar una solución viable, "Tsipras votará No el domingo".
También el viceministro de Relaciones Exteriores y responsable del equipo negociador griego, Euclides Tsakalotos, se refirió a la consulta al asegurar que "el ejecutivo helénico ve el referéndum como parte del proceso de negociación, no un sustituto de ella, y espera que aporte una mayor flexibilidad (en los acreedores) para los días venideros".
Para el dirigente fue la intransigencia de las instituciones europeas la que impidió alcanzar algún tipo de acuerdo y la que condujo a la grave situación de crisis en la que se encuentra el país.
Al tiempo, la viceministra de Finanzas, Nadia Valavani, afirmó el mismo 30 de junio que Grecia solo pagará al FMI si se encuentra una solución de urgencia aceptable, la cual podría proceder de los mil 800 millones de euros de los beneficios de bonos griegos en 2014 y retenidos por el Banco Central Europeo (BCE).
Y mientras se registraba el pulso entre las instituciones acreedoras y el gobierno de Grecia, los bancos amanecieron por segundo día cerrados, con un límite de 60 euros para disponer en efectivo desde los cajeros automáticos, lo cual crea cierta preocupación e incertidumbre entre la población.
El BCE decidió no aumentar los créditos temporales que se conceden a los bancos griegos para ayudarles a mantener la liquidez, lo que tras las elevadas salidas de depósitos de las últimas semanas puso en riesgo la situación de las entidades financieras.
Tsipras culpó al Eurogrupo de esa decisión al no aceptar la solicitud de Grecia de ampliar la prórroga del rescate por unas semanas, con el objetivo de poder celebrar el referéndum sobre la propuesta de los prestamistas en ausencia de presiones externas.
Para tratar de aliviar problemas entre los ciudadanos, el gobierno adoptó una serie de medidas que iban desde la gratuidad del transporte urbano en la capital hasta el 6 de julio de este año y una moratoria temporal en el pago de diferentes tasas e impuestos municipales, entre otras.
También se decidió la apertura de un millar de sucursales bancarias por todo el país para atender a los pensionistas, que acaban de recibir sus retribuciones, pero que no cuentan con tarjetas con las que conseguir efectivo desde los cajeros automáticos.
Además, se informó que los jubilados podrán retirar hasta 120 euros, el doble de la cantidad diaria estipulada para el resto de los ciudadanos, y el compromiso de los bancos para emitir de forma inmediata las tarjetas requeridas por los miembros de este colectivo.
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