Carácter subversivo del bloqueo económico contra Cuba (IV y final)
Lograron, sí, que el pueblo se identificara más con su Revolución
Primer semestre de 1963: la guerra económica contra Cuba alcanza sus rasgos básicos
ANDRÉS ZALDÍVAR DIÉGUEZ *
La
actividad subversiva contra Cuba no decayó tras la cancelación de la Operación
Mangosta: todo lo contrario. En un tercer momento en la adopción de las medidas
subversivas anticubanas, correspondió formular las nuevas propuestas a un órgano
creado entonces en el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Cubanos, así
como a un grupo interagencias sobre Cuba formado por representantes de alto
nivel de los Departamentos de Estado y de Defensa así como, con un muy
destacado rol, de la CIA.
Tras un proceso deliberatorio que se inició desde diciembre de 1962, esas propuestas tomaron cuerpo en una denominada Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba, aprobada por el presidente Kennedy el 19 de junio de 1963, a través de la cual se le dio continuidad, e incluso fue incrementada, la política de tierra arrasada sobre la economía cubana que había caracterizado a la etapa de la Operación Mangosta.
Si algo resultaba novedoso en la nueva Política era precisamente que elevaba a niveles más altos la interacción entre las diferentes medidas públicas y secretas que se debían ejecutar contra la Revolución, en aras de una multiplicación de efectos derivada de su aplicación como parte de un sistema de medidas. El espionaje que se realizase debía indicar cuáles eran los sectores más importantes para afectar mediante el sabotaje de sus instalaciones y equipos, y luego las medidas de bloqueo debían dificultar su reposición. A su vez, la situación creada debía incrementar el rechazo de la población al Gobierno revolucionario y facilitar la recopilación de una información cada vez de mayor calidad. De ahí el carácter integrado de acciones recogido desde su propio título. El resultado obtenido fue exactamente el opuesto: las medidas adoptadas lo único que lograron fue que el pueblo se identificase cada vez más con su Revolución.
Las seis medidas de esta Política que debían actuar combinadamente eran la recolección encubierta de inteligencia; acciones de propaganda para estimular la realización de sabotajes de bajo riesgo y otras formas de resistencia activa y pasiva en la población; la explotación y estimulación de la desafección en sectores sensibles de la sociedad; fortalecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero; sabotajes y hostigamientos generalizados; así como el apoyo a grupos de la emigración contrarrevolucionaria en la ejecución de acciones terroristas contra naves de transporte o pesca y las zonas costeras del país, dando la impresión de que estas actuaban autónomamente.
De su solo enunciado se percibe que la asfixia de la economía cubana hasta lograr la total parálisis del país era uno de los objetivos básicos de este nuevo proyecto subversivo del Gobierno norteamericano contra Cuba. En el apartado dedicado a los sabotajes se puntualizaba que se debían priorizar las acciones contra los sectores relacionados con la generación eléctrica; el petróleo, aceites y lubricantes; los transportes de todo tipo y el amplio campo de la producción y el procesamiento de manufacturas, mencionándose expresamente el complejo niquelífero de Nicaro, plantas productoras de cemento, destilerías y una infinidad de industrias asociadas con la producción de alimentos, ropas y materiales de construcción.
Se puntualizaba que la selección de los objetivos específicos para sabotear, y la determinación de la táctica para su ejecución, debía realizarse atendiendo a la extensión en que el objetivo podía ser físicamente dañado, el efecto resultante sobre la economía, el costo o esfuerzo requerido para que el campo socialista entonces existente supliera lo dañado, su efecto psicológico sobre la población, las reacciones adversas que pudiesen anticiparse y las capacidades operacionales y las limitaciones en los medios por parte de la CIA.
No debe existir ninguna duda con respecto a que la promulgación por el Departamento del Tesoro norteamericano, el 8 de julio de 1963, de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que le dieron al bloqueo los rasgos básicos que aun hoy subsisten, respondió de forma directa a la cuarta de las medidas de la Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba, encaminada al fortalecimiento del bloqueo.
Esas Regulaciones establecieron la congelación de los fondos cubanos en Estados Unidos, la prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia, el embargo de las importaciones cubanas; la prohibición a cualquier persona de cualquier nacionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses, e incluyeron las Regulaciones sobre Exportaciones del Departamento del Comercio.
Podemos afirmar que con las medidas económicas de esta Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba de junio de 1963, que se sumaban o potenciaban las que ya se habían adoptado previamente en cada una de las dos operaciones subversivas anteriores, se concluyó el ciclo iniciado tras la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en Cuba en mayo de 1959 y el bloqueo económico y en general la guerra económica contra Cuba alcanzaba sus rasgos básicos.
No por ello esta guerra económica ha dejado de hacerse cada vez más férrea y criminal, y medidas ulteriores siempre han estado en directa relación con otros planes subversivos, sin abandonar nunca sus objetivos: que la insatisfacción y las dificultades económicas de la población propicien el derrocamiento del Gobierno.
* El autor es investigador del Centro de Estudios de la Seguridad del Estado. Su más reciente obra: Bloqueo, el asedio económico más prolongado de la historia, fue presentada en vísperas de ser sometido a la Asamblea General de las Naciones Unidas un nuevo proyecto cubano de rechazo al bloqueo de Washington contra la Isla.
Bibliografía empleada en esta serie:
Department of State: Foreign Relations of United States. United States Printing Government, volume VI (1992); volume X (1997); volume XI (1996).