Según los modelos aplicados por especialistas del
Instituto de Meteorología, ese indicador aumentaría en 27 y 85
centímetros, respectivamente, en los plazos de fechas mencionados,
mientras los estimados de los oceanólogos apuntan a valores máximos
de 31,14 y de 84,92 cm, para los propios periodos de tiempo.
Tomando en cuenta tales proyecciones se estimó que
en el 2050 quedaría sumergida una superficie de 2 550 kilómetros
cuadrados, equivalente al 2,32 por ciento de la totalidad del
territorio nacional, cifra que llegaría a los 5 994 en el 2100.
Determinar el área inundada de manera permanente
requirió del empleo de avanzadas tecnologías digitales, incluido el
análisis y procesamiento de una base de datos referida a las
profundidades marinas cercanas a la costa.
Sin embargo, a plazos más cercanos la sobrelevación
del nivel del mar y el oleaje causados por huracanes intensos es el
principal peligro del cambio climático en el archipiélago cubano,
por los severos daños que tales fenómenos ocasionan en las
viviendas, instalaciones económicas, de salud, educacionales, viales
y otros objetivos, situados en zonas bajas y muy bajas sobre o
próximas al litoral.
Para valorar en toda su dimensión lo expresado
anteriormente, especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF),
y de las direcciones provinciales y municipales de ese organismo,
ejecutaron las primeras etapas del proyecto Evaluación del impacto y
la vulnerabilidad de los asentamientos costeros por efectos del
cambio climático y eventos meteorológicos extremos para los años
2050 y 2100, como parte del Macroproyecto mencionado.
El máster en Ciencias Geográficas Carlos M.
Rodríguez Otero, uno de los autores principales de ese trabajo,
explicó a Granma que de acuerdo con los estudios realizados,
de no tomarse las medidas de adaptación requeridas, en el 2050 un
total de 122 de esos lugares tendrían afectaciones totales o
parciales por el ascenso del nivel medio del mar, de los cuales
quince desaparecerán completamente para ese año, y otros seis lo
harán medio siglo después.
La relación incluye a zonas de playas localizadas en
las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara,
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, y Las Tunas.
Asimismo suman 577 las comunidades costeras
expuestas a sufrir inundaciones temporales de diferentes magnitudes
para el año 2100, asociadas al azote directo o indirecto de
huracanes de gran intensidad, debido a la magnitud de la surgencia o
marea de tormenta que suelen ocasionar.
Según indicó Rodríguez Otero, del departamento de
Investigaciones del IPF, se consideran asentamientos costeros
aquellos ubicados en la franja contigua a la línea de costa, donde
tiene lugar la máxima interacción entre la tierra y el mar, como son
las inundaciones del litoral provocadas por eventos meteorológicos
severos, y las originadas por la elevación del nivel medio del mar.
La zona más expuesta es la situada hasta un metro de
altura sobre el nivel del mar, y a una distancia de 1 000 metros
hacia tierra adentro, tras la línea de costa, sentenció el
especialista, quien desde principios de la década de los noventa del
pasado siglo vinculó su perfil profesional a las investigaciones
referidas al tema del cambio climático y su relación con el
patrimonio asentado en las cercanías del litoral.
A partir de los conocimientos acumulados en los
últimos años y mediante el empleo de modelos matemáticos avanzados,
desarrollamos una amplia base de datos, que permitió elaborar
diferentes mapas sobre los probables efectos permanentes o
temporales del cambio climático, y de la surgencia y el oleaje
ocasionados por huracanes muy fuertes. También evaluamos los niveles
de riesgos existentes para cada territorio en específico, señaló.
"Hoy conocemos cada lugar que será perjudicado, la
magnitud de los posibles daños en las viviendas y demás obras, hasta
dónde llegará el mar, entre otras valiosas informaciones, que
colocan a Cuba en una posición privilegiada para disminuir las
vulnerabilidades de los asentamientos costeros amenazados".
Tal propósito demanda el diseño y establecimiento de
políticas y acciones que contribuyan a lograr la adaptación
requerida en los sitios de peligro, minimicen el riesgo, y
garanticen la protección de la población residente, así como de las
actividades económicas y sociales.
Lo anterior pasa por restablecer el orden y la
disciplina en el cumplimiento de las regulaciones territoriales
emanadas del sistema de planificación física, a fin de evitar la
ejecución de nuevas inversiones en zonas altamente amenazadas, y la
particular atención a las obras de ingeniería previstas con el
propósito de reducir los riesgos en aquellas localizadas en la
costa, lo cual demanda la activa participación de las comunidades y
otros actores.
Para el máster en Ciencias Carlos Rodríguez resulta
paradójico que, por ejemplo, mientras el país llevó a cabo la
relocalización de las áreas más expuestas al embate del mar en Santa
Cruz del Sur, Camagüey, y Guayabal, Las Tunas, durante los trabajos
investigativos pudo observarse la desafortunada reconstrucción de
otros asentamientos que fueron devastados por los huracanes del
2008, los cuales estarían de nuevo en peligro de ser destruidos ante
la ocurrencia de organismos ciclónicos tropicales de similar o mayor
intensidad.
Así sucede, por ejemplo, en Playa Los Pinos, en el
norte de la propia provincia de Las Tunas, enfatizó.
Es oportuno decir que en las provincias se trabaja
en la identificación de las medidas para atenuar la magnitud de los
impactos previstos en las localidades costeras amenazadas.
Urge entonces incorporar con carácter obligatorio la
planificación, gestión y control de los planes territoriales, en el
tema de la adaptación al cambio climático y la disminución de los
puntos débiles detectados y exigir por su cumplimiento. Sería
erróneo no trabajar desde ahora en esa dirección.