MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Fruto de un minucioso y paciente trabajo en equipo, a través del empleo eficaz de su potencial científico, la provincia de Camagüey exhibe hoy los primeros resultados de los estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos de desastres, y de evaluación de su impacto ambiental en el territorio.

Ingeniero Rudy Montero Mata: “Lo logrado hasta ahora es fruto de la estrecha cooperación entre muchos organismos e instituciones de la provincia”.

Lo anterior se dice rápido; sin embargo, tamaña empresa requiere del concurso de decenas de especialistas de múltiples disciplinas, para conformar un amplio volumen de información precisa y oportuna que permita a los órganos de dirección tomar las decisiones más acertadas.

La utilidad de la investigación, la calidad integral del estudio y el inicio de su implementación en tierra camagüeyana hasta la estructura de zona de defensa, constituyeron, entre otros, avales de peso para la selección de la provincia como sede del acto nacional por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

El ingeniero Rudy Montero Mata, coordinador del grupo provincial, asegura que tales estudios dan cumplimiento a lo establecido en la Directiva No.1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, en la que se responsabiliza con la tarea al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en coordinación con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Las inundaciones por intensas lluvias constituyen uno de los principales peligros, con sus vulnerabilidades y riesgos, investigados por los especialistas.

Lo logrado es obra también de otros muchos organismos e instituciones, como el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, el Centro Meteorológico, Recursos Hidráulicos, Planificación Física, el Centro de Ingeniería Ambiental y las universidades.

PRIORIDAD UNO: PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS

Esa fue la decisión: comenzar por el estudio de los peligros hidrometeorológicos, en específico los daños por fuertes vientos y las inundaciones por intensas lluvias y el embate del mar, tres de los fenómenos que mayores daños ocasionan históricamente en el territorio.

"Primero —explica Rudy— se hace una evaluación de peligro, es decir, determinamos qué zonas pueden quedar inundadas por una lluvia máxima o hasta dónde llegaría el mar según la categoría de cada huracán, y en función de esos peligros calculamos las vulnerabilidades presentes en cada lugar".

Entre estas, el especialista menciona la cantidad de viviendas, redes eléctricas y de comunicaciones, áreas industriales, de cultivos o animales que pueden verse afectados, la disponibilidad de grupos electrógenos, la capacidad de respuesta del sistema de salud o el nivel de preparación de las acciones de evacuación.

"El estudio incluye, además, aspectos tan disímiles como la determinación de las zonas —áreas protegidas, costas, cayeríos, patrimonios forestales— que desde el punto de vista ecológico son sensibles para la provincia, o el nivel de percepción del peligro por parte de la población".

Ello permite disponer, de manera muy específica, de una valiosa información, modelada hasta el nivel de zona de defensa, a la hora de evaluar los posibles riesgos de un fenómeno hidrometeorológico extremo y decidir las medidas a cumplir en cada una de las etapas del ciclo de reducción de desastres.

NUEVOS HORIZONTES

También avanzan los estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos por intensa sequía, actividad sísmica, desastres tecnológicos y en función de los nuevos escenarios del cambio climático, como es el caso del ascenso del nivel medio del mar.

Aclara Rudy que dichas investigaciones no son solo provechosas para el enfrentamiento a cualquier tipo de desastre, sino que constituyen herramientas a utilizar en el ordenamiento ambiental y el planeamiento territorial, en la definición de temáticas para la educación ambiental y en el proceso de evaluación de impactos.

Menciona al respecto el trabajo desplegado para valorar los daños económicos, sociales y a los recursos naturales, ocasionados por los huracanes Ike y Paloma que azotaron el territorio en el 2008, y por los incendios de grandes proporciones en el macizo forestal San Felipe-Los Joberos.

A su vez, permiten identificar prioridades en la inspección estatal ambiental ante reiteradas violaciones, como la acumulación de escombros y desechos en lugares inapropiados, la tala y destrucción de la vegetación costera, o la ejecución de construcciones ilegales, por solo citar algunos ejemplos.