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 (11
de diciembre de 2003)
Ecosistemas y
sostenibilidad
Escudo mar adentro
En Cuba están
propuestas 108 zonas marinas como áreas protegidas. Abarcan casi el
25% de la plataforma insular, y aproximadamente la mitad de ellas es
calificada como de significación nacional por sus altos valores
ALDO MADRUGA
TRINIDAD.— En tono
plañidero, pero con auténtica tristeza, un biólogo norteamericano
participante en el Taller Internacional sobre manejo sostenible de
ecosistemas costeros realizado recientemente aquí, planteaba cómo la
sedimentación y la contaminación provenientes de tierra están
asfixiando la vida en estas áreas del planeta.
Se quejaba, además, de
los desastrosos efectos de la pesca desproporcionada y otras
acciones irracionales que emprenden los hombres en perjuicio de la
diversidad en los referidos ecosistemas, las cuales reducen la
capacidad para entregar alimentos y recursos genéticos y hasta
anulan sus posibilidades de moderar los impactos de las tormentas y
ofrecer refugio a la fauna silvestre.
Aunque no estaba en el
centro de su intervención desnudar las razones de semejante
desastre, estas eran tan grandes que apartaron las cortinas de lo
puramente científico en la exposición del visitante, y apareció sin
maquillaje el rostro de lo social y lo político: algunos hombres
contribuyen a esta calamidad impulsados por la necesidad de
sobrevivir a cualquier precio, y otros por el ansia desmedida de
acumular riquezas.
Los especialistas de
Cuba, país donde ninguno de sus habitantes vive a más de 60
kilómetros del mar, y es considerado como el área de mayor
diversidad biológica de las Antillas por su gran cantidad de
especies y grado de endemismo, expusieron cómo las superficies
marino-costeras cubanas y su resguardo, constituyen parte
importantísima del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En la última década,
pese a los graves problemas económicos que ha enfrentado, el país ha
hecho un gran esfuerzo para dentro de los ecosistemas costeros dar
prioridad a la protección de las especies de importancia económica y
endémicas amenazadas, sus sitios de concentración, desove, refugio y
aquellas formaciones coralinas bien conservadas.
El Instituto de
Oceanología (IDO), luego de pormenorizados estudios e
investigaciones, tiene propuestas 18 áreas como extensiones vedadas
a la pesca, de las cuales 15, por tener especies o ecosistemas cuya
salvaguarda está priorizada, ya se encuentran dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
También el Ministerio de
la Pesca concuerda en un altísimo porcentaje con las propuestas del
IDO, en sus superficies con régimen especial de uso y protección, y
que de hecho funcionan como áreas protegidas.
Actualmente en la mayor
de las Antillas hay propuestas 108 áreas marinas protegidas que en
conjunto abarcan casi el 25% de la plataforma insular;
aproximadamente la mitad de ellas es calificada como de
significación nacional por sus valores, y el resto, de trascendencia
local.
Hay que agregarles,
además, 21 que ya fueron declaradas por la ley como protegidas, y
tienen un alto componente marino. Otras 13 de gran importancia están
en proceso final de aprobación por el Consejo de Ministros, según se
explicó en el referido Taller.
Por el momento ninguna
de estas últimas, sobre todo las que transitan la fase de
propuestas, pese a que varias son apoyadas por entidades
internacionales, tiene un manejo satisfactorio ni límites bien
definidos, debido a la gran cantidad de recursos y medios adecuados
que para ello se necesitan, cuestión que se hace más crítica en
aquellas zonas más alejadas de la costa.
No obstante, se hacen
grandes esfuerzos para obtener y aumentar los recursos que el Estado
asigna a ese escudo protector de su fauna marina y terrestre —cuenta
con más de 6 106 especies desde las microalgas hasta los mamíferos
costeros—, financiamiento que crecerá en la misma medida que el país
logre burlar el asfixiante bloqueo norteamericano y mejorar su
desempeño económico.
Por lo pronto existen,
siempre en proceso de perfeccionamiento, los mecanismos e
instrumentos económicos que garantizan el manejo Integrado de las
zonas costeras, así como las políticas que aseguran la participación
de sus habitantes en la solución de los problemas de ambiente y
desarrollo de estas. |
