El pasado 5 de noviembre del presente año fue publicada una carta de J. Martínez Rivero en el periódico Granma con el título Mercado de 42 y 19. Es nuestro interés, dar respuesta a cada una de las interrogantes que se formulan en ella.

Este mercado pertenece a la categoría de Oferta y Demanda y se rige por el principio de la libre formación de precios y todos los productos que se comercializan en el mismo no pertenecen al Estado, sino a concurrentes legalmente autorizados para realizar esta actividad. Tanto el administrador, jefes de área y personal de aseguramiento son trabajadores estatales, los cuales responden por regular y organizar el funcionamiento del establecimiento y además ejercer un estricto control en el cumplimiento y las normas establecidas, entre las cuales se encuentra la de hacer cumplir el listado de precios aprobado por el Consejo de la Administración Provincial y que en este caso corresponde a 16 productos agropecuarios, el cual debe encontrarse en un lugar visible. Entre estos productos se encuentra la cebolla, la cual presenta un precio topado de 10 pesos la libra y así lo indica la pizarra informativa. Después de conocer que en esa unidad se comercializaba este producto (deficitario al estar fuera de estación) a un precio superior se comenzó al análisis con los principales directivos con el objetivo de depurar las responsabilidades llegándose a la conclusión que su planteamiento resultaba con razón, por lo que se procedió a la aplicación de lo establecido en el Decreto Ley 197/99 contemplándose esta violación como grave por lo que se aplicaron de inmediato las siguientes medidas:

1. Al concurrente que violó el procedimiento y las disposiciones, a lo cual se comprometió al ser autorizado a concurrir al mercado, se le suprimió de forma definitiva la posibilidad de concurrir.

2. Al jefe de área responsabilizado por establecer un control capaz de evitar estas violaciones, se le aplicó la separación definitiva de la entidad.

3. El administrador fue sancionado con democión temporal del cargo por 6 meses.

Instamos a los consumidores que situaciones como estas sean denunciadas de forma oportuna comprometiéndose la Unidad Básica Municipal y la Empresa a adoptar medidas severas como las que nos ocupan.