Cuando el 9 de agosto de 2005, el Panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta, determinó unánimemente revocar las condenas y ordenar un nuevo juicio para los Cinco Antiterroristas cubanos presos en cárceles de Estados Unidos, al considerar que Miami no era una sede aceptable para juzgarlos, parecía que al fin el sistema judicial norteamericano haría justicia en este largo proceso lleno de arbitrariedades y manipulación.

Un año después el Pleno de la Corte, en inédito veredicto en la historia judicial norteamericana, falló en contra del dictamen de sus tres jueces, validó el juicio celebrado en Miami y remitió de nuevo el caso al Panel para considerar el resto de los asuntos impugnados por la defensa.

Luego de 22 meses de espera, el pasado 4 de junio, el Panel de tres jueces, rechazó casi todos los argumentos de apelación alegando que los mismos "carecían de mérito" y ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco antiterroristas cubanos y dos sentencias, las de René González (15 años) y Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas, más 15 años).

Asimismo, anuló tres de las sentencias: Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años) y Fernando González (19 años) enviándolas a la Corte de Miami para que sean revisadas por la misma jueza, Joan Lenard, que impuso las desmesuradas penas que ahora la Corte superior declara contrarias a la ley. Al indicar errores en las sentencias del cargo de "conspiración para cometer espionaje" los jueces reconocieron, después de 10 años, lo que el propio Gobierno al inicio del proceso había reconocido a través de su Secretaría de Defensa: que no había nada en la información obtenida por los Cinco que tuviera carácter secreto ni afectara la seguridad nacional de Estados Unidos.

La decisión 2-1 de ratificar la condena a Gerardo Hernández por el cargo de "conspiración para cometer asesinato" ignora lo confesado por la Fiscalía durante el juicio y ante la Corte de Apelaciones al admitir que no había podido demostrar ese cargo y que "a la luz de las pruebas presentadas" ello constituía un "obstáculo insuperable" que debería conducir al fracaso de la acusación. La jueza Kravitch en opinión discrepante se opuso en el Panel a la ratificación de este cargo considerando que el Gobierno no había presentado evidencia alguna para fundar su acusación.

La decisión de 99 páginas fue redactada, por el juez, William Pryor, designado por la Corte para formar parte del Panel en el 2007, quien con un lenguaje plagado de prejuicios anti-cubanos favorece explícitamente la posición del Gobierno e incluso cambia hechos mencionados por ese mismo Panel en su decisión anterior a favor de los acusados y manipula otros que forman parte del expediente del caso.

El nombramiento de Pryor como Juez Federal por el Presidente Bush fue altamente controversial por sus posiciones de ultraderecha y generó denuncias en importantes círculos políticos y de la opinión pública norteamericana, que afirmaron que sus criterios legales extremos y equivocados harían que el nivel federal de justicia tuviera menos habilidad para proteger los derechos constitucionales. Este juez, fue confirmado en el cargo por el Senado con el voto en contra de 45 legisladores, mediante un arreglo negociado por el hoy candidato presidencial republicano, John McCain.

Llama la atención que esta decisión se da a conocer en el contexto del actual proceso eleccionario norteamericano, y en momentos en que el gobierno de Estados Unidos intensifica sus maniobras para dar permanente protección, negándose a extraditarlo a Venezuela, al connotado y confeso terrorista Luis Posada Carriles, fugado de una cárcel venezolana, cuando era juzgado por la destrucción en pleno vuelo de un avión civil cubano con 73 personas a bordo, violando así convenios internacionales contra el terrorismo.

Nuestros Cinco patriotas próximos a cumplir 10 largos años de injusto y cruel encarcelamiento, sometidos a inhumanos castigos, privados de las visitas regulares de sus familiares, y dos de ellos sin ninguna visita de sus esposas, sólo guardan prisión por ser cubanos que luchaban contra los grupos terroristas asentados en el sur de la Florida con la protección de las autoridades norteamericanas.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, haciendo suya la justa indignación de todo el pueblo cubano y de los familiares de nuestros Cinco compañeros, condena esta absurda decisión y la continua manipulación de que es objeto este arbitrario proceso. En ese sentido saluda y respalda la Declaración y los acuerdos adoptados en el Encuentro Parlamentario Latinoamericano-caribeño realizado en Panamá el 7 y 8 de julio de 2008 y llama a los parlamentos de todo el mundo a sumarse a esta iniciativa y a emprender otras acciones hasta alcanzar la liberación de nuestros Cinco compatriotas.