2 de agosto del 2005
Arbitrariedad e ilegalidad rigen la detención
y proceso judicial de los Cinco
Afirma pronunciamiento de uno de los grupos de
trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Aumentan a 246 los comités
de solidaridad en el mundo
Anett
Ríos Jáuregui
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
determinó recientemente que la detención y el proceso judicial de los Cinco Héroes
cubanos prisioneros en cárceles de los Estados Unidos han sido procedimientos
arbitrarios e ilegales, después de analizar por dos años la documentación jurídica
del caso.
La
lista de Comités de Solidaridad con René, Fernando, Ramón, Gerardo y Antonio
ya asciende a 246, en 82 países.
Según se dio a conocer ayer en la Mesa Redonda
Informativa sobre el tema, el Grupo de Trabajo (una comisión integrada por
cinco expertos de diferentes regiones del mundo: Irán, Paraguay, Argelia, España
y Hungría) recibió las primeras denuncias sobre el caso en marzo del 2003,
durante la primera visita a Ginebra de Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas
de René González Sehwerert y Gerardo Hernández Nordelo, respectivamente.
En los meses siguientes especialistas de esta
comisión solicitaron sistemáticamente información adicional sobre el caso a
los familiares de los Cinco. El dictamen final —después de valorar y estudiar
la documentación original del proceso, y sobre la base del respeto al Sistema
de Derecho Penal de los Estados Unidos— concluye que la detención fue
arbitraria, desde el momento del arresto, pues no se cumplieron las formalidades
legales para declarar la culpabilidad.
Roberto González Sehwerert, hermano y abogado
defensor de René, explicó que la decisión del Grupo se basa fundamentalmente
en el análisis de tres factores: el confinamiento solitario que padecieron los
Cinco; el ambiente hostil en que se realizó el juicio; y la aplicación del
Acta de Protección de Información Clasificada (CIPA), mecanismo mediante el
cual se justificó la clasificación de información no clasificable, utilizando
un sistema totalmente ilegal.
El gran valor de este pronunciamiento, precisó
Roberto, es que se trata de la opinión de cinco expertos en el sistema de
derecho penal, cuyas valoraciones se rigen solamente por planteamientos legales.
No se trata de los argumentos de la defensa, de los familiares o de los grupos
de solidaridad, sino de argumentos técnicos irrefutables que advierten cómo el
juicio violó los procedimientos de la propia ley estadounidense.
Sobre la incidencia de estas declaraciones en el
proceso de apelación, Roberto resaltó que si bien no deben tener influencia
directa ante la Corte de Apelaciones, la defensa confía en que esta instancia
judicial tenga la misma capacidad de análisis jurídico para ver (tras el
estudio de la misma documentación) lo que observó el Grupo de Trabajo de la
ONU. Eso es una satisfacción desde el punto de vista legal, agregó, pero en lo
que más nos ayuda el dictamen es en el fortalecimiento de la campaña de
solidaridad internacional.
Rodolfo Dávalos, profesor titular de Derecho
Internacional de la Universidad de La Habana, calificó la noticia como un
importante hito en la etapa de la lucha por la libertad de los Cinco. Ha llegado
el momento en que la comunidad política internacional advierta el significado
de la decisión imparcial de un organismo que tiene el prestigio conferido por
la ONU, indicó.
Si bien no es una sentencia obligatoria, sí
emplaza desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica internacional,
explicó Dávalos. Los órganos de la ONU están capacitados para exigir a los
Estados el cumplimiento de la ley internacional, a partir de un mínimo de
referencia internacional (independientemente de las peculiaridades de los
sistemas legales domésticos). Así estipula el artículo 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos —apuntó— el único de
los 13 instrumentos jurídicos del subsistema de Derechos Humanos de la ONU que
el Gobierno estadounidense ha ratificado en los últimos años.
En tanto, nuevas revelaciones vinculan el Proceso
de los Cinco con el del terrorista Luis Posada Carriles. El agente del
estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) George Kisinsky, uno de
los testigos de la fiscalía en el juicio a los Cinco, no solo fue calificado
como "un amigo" por Posada Carriles, en entrevista concedida al diario
estadounidense The New York Times, sino que el agente del Buró Federal guarda
una larga hoja de vínculos y complicidad con las acciones terroristas de Posada
y de la mafia cubana en Miami, según reseñó ayer el periodista Reynaldo
Taladrid.
CRECE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
En los minutos finales de la Mesa Redonda se dio
a conocer que participantes en un seminario de la Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP) en Argentina, provenientes de 13 países, acaban de
pronunciarse en solidaridad con los Cinco y han demandado un juicio justo. Según
informa el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la lista de Comités de
Solidaridad con René, Fernando, Ramón, Gerardo y Antonio ya asciende a 246, en
82 países.
Si bien persiste el silencio de la gran prensa
sobre el caso, el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU ha permitido
que algunas cadenas de televisión vuelvan a tratar el tema, e incluso se ha
retomado la entrevista que hiciera la importante cadena británica BBC a Adriana
Pérez y Olga Salanueva.
En Suecia, la Asociación de Amistad
Sueco-Cubana, promovió la iniciativa Diez días por los Cinco, mientras que en
Cuba familiares de los jóvenes luchadores injustamente condenados por luchar
contra el terrorismo han trabajado incansablemente en los últimos días por dar
a conocer a los integrantes de las Brigadas de Solidaridad, la Brigada
Venceremos, la Caravana de Pastores por la Paz, y el Contingente Europeo que
recientemente visitara la Isla, los pormenores del proceso judicial amañado
mediante el cual se les envió a prisión.
|