El abogado italiano Fabio Marcelli, quien participó en la tercera audiencia de apelación de los cinco antiterroristas cubanos, afirmó que si el caso fuera exclusivamente jurídico sería seguro el éxito de la defensa.

Observador en la vista oral por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, apuntó que la defensa argumentó bien sus puntos, de manera que salió fortalecida la postura a favor del derecho y la justicia.

En declaraciones al diario Juventud Rebelde, el abogado explicó que el panel de la Corte de Apelación de Atlanta estuvo compuesto por dos de los jueces que ya dieron prueba de objetividad al declarar la nulidad de la condena.

Sin embargo, significó, hay que tener en cuenta el fuerte carácter político del juicio contra René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González, realizado en Miami, Florida, en 2001.

Los cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron sancionados a injustas y largas.

Aclaró que no hay términos preestablecidos para que el Tribunal se pronuncie, que en ocasiones anteriores ha tardado entre seis y 17 meses para hacerlo.

Esto representa -subrayó- un rasgo negativo del sistema estadounidense y una violación más de los derechos de los acusados.

Marcelli criticó la actitud de las autoridades norteamericanas que según ellas puede existir un terrorismo bueno que sirva a sus objetivos, pero es contradictorio con las expectativas de la comunidad internacional.

Al referirse a las limitaciones establecidas por el gobierno estadounidense para las visitas de los familiares de los cinco, precisó que es una verdadera forma de tortura.

Como miembro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas consideró que no se ha ejercido el debido derecho de la defensa en el proceso contra los cinco, pues fue injustificadamente limitado y abiertamente violado, como reconoció el propio panel de apelación.

Agregó que la agrupación a la que pertenece promueve la participación de juristas como observadores internacionales del juicio, al tiempo que propuso una conferencia sobre el tema en la que se presenten elementos del derecho internacional.

Recordó que en 2005, un panel de la Corte decretó la nulidad de las condenas y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Lo anterior, unido a la opinión del Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos de Naciones Unidas, debió obligar a las autoridades estadounidenses a liberar a los cinco.