A Labañino, uno de los cinco cubanos presos en cárceles de Estados Unidos por informar a su país sobre planes de acciones terroristas organizados desde la Florida, las autoridades norteamericanas le impidieron ver en los dos últimos años a su esposa y tres hijas, a quienes no les otorgaron o demoraron las visas.

Según un comunicado del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco, la hija mayor, Ailí, recibió una visa en enero último, pero cuando llegó a la prisión de Beaumont, en Texas, no pudo encontrarse con su padre pues fue decretado un "lockdown" (incomunicación aplicada a todos los prisioneros).

Desde el 12 de septiembre de 1998, Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González permanecen en prisiones estadounidenses. Las penas oscilan desde 15 años de cárcel hasta doble cadena perpetua, esta última a Hernández.

En los casos de Adriana Pérez, esposa de Hernández, y Olga Salanueva, cónyuge de René González, el comunicado del Comité precisa que Washington continúa violando la ley internacional, al negarles las visas, por lo que no han visto a sus maridos durante más de 10 y ocho años, respectivamente.

Durante una audiencia realizada el 20 de agosto último en el onceno circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta, la defensa de los patriotas cubanos denunció las manipulaciones políticas del proceso judicial que sirvió de base para la reclusión de los Cinco.

Los abogados rebatieron la Causa No.3 contra Hernández, a quien se le imputó un cargo de conspiración para cometer asesinato.

Otro aspecto denunciado fue la mala conducta del gobierno en el proceso judicial, particularmente del fiscal estadounidense John Kastrenakes, en su alegato conclusivo ante el jurado.

Este discurso está constreñido por reglas muy precisas, que le prohíben al magistrado argumentar más allá del alcance de la evidencia. En esa instancia particular, Kastrenakes sobrepasó los límites del propio alegato.