Habiendo agotado todas las posibilidades de apelación, los Cinco solicitaron a la Corte Suprema que revisara su caso. No estaban pidiendo demasiado. Este era un caso que merecía la atención de los magistrados de la Corte Suprema por una serie de razones, algunas de naturaleza realmente excepcional.

Durante todo el proceso —el más prolongado en su momento en la historia de Estados Unidos— estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales, así como contradicciones con otros circuitos (consideradas como los asuntos principales a tratar por la Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados.

Este era, además, un caso vinculado directamente con grupos terroristas y sus actividades dentro del territorio de Estados Unidos —en un momento en que el terrorismo se suponía que era el tema más importante— y con claras implicaciones desde el punto de vista de las relaciones internacionales; un caso en el cual generales y jefes militares e incluso un asesor principal de un Presidente habían declarado como testigos. Tuvo la distinción de ser único en varios sentidos.

La decisión unánime del panel original de la Corte de Apelaciones, después de haber examinado todos los aspectos del caso durante varios años, de anular todas las condenas y ordenar un nuevo juicio, fue única en sí misma, como lo fue el documento de 93 páginas que la contenía. La decisión del Gobierno, tomada al más alto nivel, de solicitarle a la Corte en banc que la revocara fue muy excepcional y fue muy raro que se lograra que la Corte accediera a una petición tan inusual.

Por otra parte, no es algo corriente para un juez de apelaciones solicitarle a la Corte Suprema que revise un caso, mucho menos hacerlo dos veces como lo hizo el Juez Birch, quien reiteró esa demanda mientras que paradójicamente se unía a Pryor en su vergonzoso fallo.

Este caso fue único también en cuanto a la preocupación y el interés en todo el mundo.

En el 2005, antes de la decisión del panel de la Corte de Apelaciones, una decisión muy importante y también única fue adoptada de forma unánime por el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta es una entidad completamente independiente, no un organismo intergubernamental, con cinco jueces —uno por cada continente— que no representan a ningún estado miembro de las Naciones Unidas y que actúan exclusivamente en su capacidad personal. Esos jueces estudiaron la situación de los Cinco a pedido de sus esposas y madres. El Grupo pasó varios años investigando el caso en su totalidad e interactuando con los Estados Unidos mediante correspondencia oficial. El Gobierno cubano nunca fue consultado, y no debía serlo, porque Cuba no era parte en ese proceso.

Fue una decisión que hizo historia. El Grupo llegó a la conclusión que la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria y en contravención de los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas pertinentes y llamó al gobierno de Estados Unidos a que tomara medidas para remediar la situación.

El grupo señaló que: "el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se necesita" y "el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde él mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba".

"El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia debido a la clasificación del caso por parte del Gobierno como de seguridad nacional", lo que "ha socavado el equilibrio equitativo entre la acusación y la defensa y afectó negativamente la capacidad [de la defensa] para presentar evidencia contraria".

Los expertos de Naciones Unidas señalaron que los acusados "fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses", y como consecuencia "la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada se vieron debilitadas".

Para concluir fallaron que estos "tres elementos enunciados arriba, en conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario". (Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria E/CN.4/2006/7/Add.1 p. 66, Opinión No. 19/2005 - Estados Unidos de América)

Esta fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos y en la historia de las Naciones Unidas en que un organismo de la ONU haya declarado un proceso judicial en los Estados Unidos injusto y contrario a las normas establecidas universalmente de derechos humanos y al Derecho Internacional.

Pero esas conclusiones de cinco jueces independientes, ninguno de ellos, por cierto, de izquierda o radical, no se encontraban fácilmente en los medios norteamericanos y la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca han oído hablar de ellas.

Muchos norteamericanos no conocen acerca de los Cinco porque a ellos no se les permite saber.

No solo el largo juicio de los Cinco fue mantenido en las sombras, a los norteamericanos no se les ha permitido saber que este caso ha estado muy presente en las mentes de muchos millones de personas en todo el planeta. Los grandes medios corporativos que no informaron sobre su batalla legal colocaron una cortina de silencio similar alrededor del amplio y creciente movimiento de solidaridad que los Cinco han recibido de prácticamente todas partes, desde Irlanda hasta Tasmania, desde Canadá hasta Namibia. Iglesias, parlamentos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escritores, abogados y personas de todas las posiciones y condiciones sociales han expresado su preocupación e interés en todos los idiomas, incluyendo el inglés.