La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos —Gerardo, Ramón y Antonio— de "conspiración para cometer espionaje." (Cargo 2).

La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era "convencer" a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?

Para lograr ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de "destruir a los Estados Unidos" y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían "traicionando a la comunidad".

Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como "espías", o como personas acusadas de ser "espías". Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran "obtenido o transmitido información secreta" o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).

Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra.

De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la Seguridad Nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).

Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.

Desde que los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.

Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, a 3 años y 10 meses de prisión.

Leandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.

Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.

Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.

Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.