Como reconocieron durante la selección del jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad estaban muy presentes en las mentes de aquellos que serían jurados en el juicio a los Cinco Cubanos unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.

Como todo el mundo, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como de otros involucrados en el escándalo, se habían vuelto muy familiares para los miembros del jurado. Las caras y dos detalles del drama de Elián, con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos.

Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado la ley con el secuestro de un niño, y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida ni invitada a renunciar. El caso Elián demostró que la impunidad anticastrista reina en Miami.

Cuando los jurados se sentaron por primera vez en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos, ellos probablemente se sorprendieron. Ahí, en vivo, estaban las "celebridades de Miami" a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de "hacer cumplir la ley" en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).

Los jurados pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por, las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora estaban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa, las mismas personas que ellos van a encontrar frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio, en los corredores. Algunos de vez en cuando mostrando orgullosamente el atuendo usado en su última incursión militar a Cuba.

Los jurados los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y decir una y otra vez que ellos no estaban hablando del pasado. Fue un extraño desfile de individuos compareciendo ante una corte judicial y reconociendo sus acciones violentas contra Cuba que fueron planeadas, preparadas y emprendidas desde su propio vecindario.

Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.

La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero haciendo eso no podían borrarse de las mentes de los jurados sus efectos perjudiciales y aterradores.

Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: "la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no solo de los acusados, sino también de varios grupos de exiliados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami¼ La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable". (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087)

Pero hubo más. Después de oír y de ver la abundante evidencia de actos de terrorismo que los acusados habían tratado de evitar, el Gobierno tuvo éxito en defender a los terroristas al lograr que la Corte inexplicablemente estuviera de acuerdo en quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad, que era el fundamento de su defensa.

El corazón de la cuestión, en este caso, fue la necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU. La ley en los Estados Unidos es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier incriminación porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.

Estados Unidos, única superpotencia mundial, ha interpretado este principio universal para llevar la guerra a tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo, se negó a reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causar daño a nadie, trataron de evitar las acciones ilícitas de delincuentes que han encontrado refugio y apoyo en los EE.UU.

El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más lejos, hasta lo último, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.