EL CAIRO.— Egipto amaneció este martes en medio de grandes disturbios donde perdieron la vida al menos diez personas, cuando se decide sobre una nueva Constitución, vista por sus partidarios como un hito hacia la estabilidad.

Los egipcios acuden a las urnas para votar sobre un referendo constitucional.

El referendo se produce en un momento en el que los partidarios de los Hermanos Musulmanes han estado protestando en todo el país desde que el gobierno interino calificó al grupo en diciembre como una organización terrorista.

Tras las primeras revueltas, helicópteros del Ejército y la Policía comenzaron a sobrevolar a baja altura esta capital, donde fue desplegado parte del contingente de más de 160 mil efectivos movilizado para custodiar los centros de votación.

Mientras, los opositores a la nueva Constitución dicen que no tiene validez porque ha sido elaborada por el gobierno, respaldado por los militares que tomaron el poder después de que Mohammed Morsi fue derrocado en julio pasado.

De adoptarse la nueva Carta Magna, suplantará la que fue ratificada durante el mandato de Morsi hace un año. En diciembre del 2012, fue aprobada la constitución anterior en un referendo votado por el 64 %, pero en el que solo participó el 33 % del electorado.

Según un artículo publicado por el sitio digital de la BBC, los críticos aseguran que el influyente grupo islamista que redactó la Constitución en diciembre del 2012 no representaba a la sociedad egipcia. Los grupos liberales y seculares han dicho que fallaba en proteger las libertades buscadas en el levantamiento del 2011 contra el expresidente Hosni Mubarak. En particular han criticado las disposiciones relativas a los tribunales militares y los principios de la Sharia.

Un comité de 50 personas que incluían solo dos representantes de partidos islamistas estuvo a cargo de la redacción de la Carta Magna que estipula que el Islam seguirá siendo "la religión del Estado" y los "principios de la Sharia" se mantienen como "la principal fuente de legislación".

Durante los dos primeros periodos presidenciales después de que sea ratificada la Constitución, el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-das (SCAF), órgano de gobierno de los oficiales de alto rango en el Ejército, aprobará el nombramiento del ministro de Defensa. Este artículo, que no tiene equivalente en la Constitución del 2012, implica que el presidente no podrá decidir libremente sobre la elección del ministro de Defensa.

Por primera vez, el Parlamento tiene la facultad de remover a un presidente electo y procesarlo.