Pedro de la Hoz

Qué diría el ciudadano medio norteamericano si un día se entera que desde Cuba se organizan redes para derrocar al gobierno de su país, y se financian programas destinados a destruir la misma esencia de su sistema político.

Esto, ni más ni menos, es lo que ha venido haciendo el gobierno de Estados Unidos contra Cuba por 55 años. No se trata de una ficción ni de una reacción paranoica. Basta con abrir ahora mismo el sitio oficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Allí, sin el más mínimo pudor, se detallan las partidas que irán recibiendo hasta septiembre de 2014 o 2015 según el caso siete organizaciones asociadas a sus programas anticubanos, a saber, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el Grupo de Apoyo a la Democracia, International Relief and Development, Pan American Development Foundation, New American Foundation, el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Democrático.

Para justificar su accionar contra nuestro país, la USAID despliega al frente del sitio unas palabras pronunciadas el 19 de diciembre del 2011 por el presidente Barack Obama, que resumen una retórica goebbeliana, cuando no una lamentable ignorancia: "El futuro de Cuba debe ser determinado libremente por el pueblo cubano. Tristemente este no ha sido el caso por décadas ni es el caso hoy. El pueblo cubano merece los mismos derechos, libertades y oportunidades que cualquier otro. Y es por ello que Estados Unidos continuará apoyando los derechos básicos del pueblo cubano".

Comprendamos, sin embargo, que solo mintiéndose a sí mismos y a los contribuyentes, se puede desatar un montaje ofensivo de tamaña magnitud contra un país vecino que nunca, ni por asomo, ha atentado contra las instituciones norteamericanas.

No es historia antigua la que aquí se expone. El 10 de julio del año pasado, bajo el enigmático código SOL-OAA-13-000110, la USAID circuló un documento mediante el cual se ofrecían seis millones de dólares a unas 20 supuestas organizaciones no gubernamentales a fin de que estas canalizaran recursos para el "entrenamiento" de "disidentes" dentro de la Isla. (Y luego se insultan cuando se les llama mercenarios).

Por esas mismas fechas William Ostick, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado, anunció el inicio de un proceso de licitación para que aquellas organizaciones interesadas en "promover los derechos humanos en Cuba" accedieran a fondos gubernamentales.

La oferta quedó explícitamente detallada: un millón y medio de dólares para el llamado periodismo independiente; 850 000 dólares para herramientas digitales; 750 000 dólares para los derechos laborales; y 500 000 dólares para la igualdad y defensa de la población afrocubana. Estos dos últimos acápites resultan reveladores: por derechos laborales debe leerse el intento por dinamitar la unidad del movimiento sindical cubano justamente en medio de la convocatoria al Congreso de la CTC, mientras que la extemporánea apelación a la "población afro-cubana" —entre nosotros los negros y mes-tizos no nos llamamos a nosotros mismos "afrocubanos" como los blancos tampoco "eurocubanos"— parece un intento desesperado por introducir una cuña divisoria en la unidad de la nación.