MOISES SAAB

EL CAIRO.— Los egipcios tienen menos de 30 días para decidir si aprueban una nueva Constitución que sustituya a la vigente hasta el pasado 3 de julio, cuando el presidente islamista Mohamed Morsi fue derrocado.

Aunque las mujeres fueron acusadas de alterar el orden, atacar a las autoridades y pertenecer a una organización terrorista, el fallo judicial fue
considerado excesivo.

El primer ministro Hazem El Beblawi y el veterano político Amr Moussa coincidieron en exhortar a dar el Sí al nuevo texto. Su promulgación inicia de hecho la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas, las cuales darán el espaldarazo popular que tanto necesitan las nuevas autoridades para legitimarse.

La ruta, sin embargo, está llena de obstáculos difíciles de salvar. Entre ellos, las presiones cotidianas de los partidarios de la ilegalizada Hermandad Musulmana (HM, islamistas) y una serie de atentados dinamiteros o de otra índole contra el Ejército y la Policía en varias ciudades, incluidas El Cairo y en la levantisca península de Sinaí (noreste).

En una capital tan superpoblada como esta, llena de vericuetos y de vecindarios donde se amontonan 16 millones de habitantes, ejercer control sobre algunos cientos de opositores decididos a todo es una tarea hercúlea, pero sin Hércules.

Aún así, la posibilidad existe, como advirtió el presidente del panel de expertos que elaboró las reformas, Amr Moussa, quien exhortó a aprobar la nueva Carta Magna para evitar la erupción de un conflicto que está a las puertas "y salir de la situación de turbulencia que atravesamos".

En la misma cuerda, el jefe del gabinete interino describió el texto como "un hito en el sendero hacia la democracia", una opinión a la cual le han salido nuevos e inesperados detractores: los movimientos que se opusieron al Go-bier-no islamista de Morsi, descontentos con una recién sancionada ley de manifestaciones que consideran lesiva para las libertades individuales.

Suaves en el trato, los egipcios, también, se caracterizan por atenerse a sus opiniones con la terquedad que les da su cultura de siete mil años y una historia cargada de hechos trascendentes como su victoria sobre el invicto Napoleón Bonaparte, las revoluciones anticolonial de 1919 y antimonárquica de 1952, y tres guerras con Israel.

Las disposiciones de mano dura dictadas por las autoridades provisionales han sido recibidas con una franca oposición por parte de los islamistas y de los laicos, ubicados en las antípodas del espectro político, lo que introduce un elemento combustible en la crisis, aunque no signifique la posibilidad de una alianza entre ambos.

Ello explica la discreta reversa aplicada por el Gobierno provisorio, cuyo presidente, el magistrado Adly Mansour, enunció la posibilidad de enmendar la ley de manifestaciones y de revisar las duras sentencias aplicadas a 21 activistas femeninas de la Hermandad Musulmana por un tribunal de la ciudad norteña de Alejandría.

Aunque las mujeres fueron acusadas de alterar el orden, atacar a las autoridades y pertenecer a una organización terrorista, el fallo judicial fue considerado excesivo, más aún por tratarse de mujeres a las cuales, al igual que a los niños, el Islam considera no beligerantes en cualesquiera circunstancias.

Las exhortaciones a aprobar el texto fundamental llevan implícita una promesa de atenuar tanto la ley de manifestaciones como las sentencias de las islamistas alejandrinas, una vez que el país retorne a la constitucionalidad tras las elecciones presidenciales y legislativas.