LAURA BÉCQUER PASEIRO

A casi un mes de iniciada la ofensiva económica en Venezuela, el país está a las puertas de importantes transformaciones en el modelo productivo para consolidar el sistema social más justo al que aspira la Revolución Bolivariana.

Los inspectores estatales han encontrado sobreprecio de hasta un 8 000 % en los productos comercializados en varios establecimientos del país.

El proceso iniciado por el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la guerra económica gestada por la oposición interna, arriba a una segunda etapa, en un escenario manipulado por actores económicos que persiguen un objetivo político en común: derrocar el gobierno constitucional a través de los bolsillos de los ciudadanos.

Para hacerle frente a esta situación, al presidente le fueron otorgados poderes especiales que le permiten gobernar por decreto durante un periodo de 12 meses respecto a temas estratégicos como la economía y la corrupción.

Amparado entonces en la Ley Habilitante aprobada por el Parlamento, Maduro anunció el pasado viernes un nuevo paquete de medidas, del cual sobresalen la creación de dos instituciones destinadas a administrar las divisas: el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.

La primera se encargará esencialmente de gestionar las exportaciones e importaciones para hacerle frente al fenómeno del "cadivismo". Así llaman las autoridades venezolanas a las ilegalidades cometidas por algunos empresarios a quienes el Gobierno les otorga divisas mediante la Comisión de Administración de Di-visas (Cadivi) o el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) al cambio oficial de 6,30 bolívares (moneda local) para que realicen sus negocios, pero que en su afán de enriquecerse, las desvían para el mercado paralelo de dólares, en el cual el bolívar llega a cotizarse a casi diez veces su valor.

Los analistas coinciden en que ese proceso especulativo es uno de los principales causantes de los precios inflados artificialmente que afectan a los consumidores.

Ambos sistemas de otorgamiento de divisisas serán supervisados por el Centro Nacional de Comercio Exterior. La Corporación Venezolana de Comercio Exterior, por su parte, organizará las importaciones, a fin de cubrir las necesidades del país, y promoverá las exportaciones no petroleras.

LA OFENSIVA

En la búsqueda de respuestas sobre los objetivos de las últimas medidas del Ejecutivo bolivariano, Granma intercambió vía correo electrónico con tres economistas venezolanos, quienes aportaron diferentes miradas de un mismo tema. El primero de ellos fue Heiber Barreto, quien describe que en su país se ha desatado un "proceso de saboteo económico en constante crecimiento e intensificación que llega a grados exasperantes para la población.

"Se trata de enfrentar con medidas ejecutivas y siempre apegadas a las leyes, la gran especulación de precios y por ende de las tasas de ganancias en cada rubro comercial, que tienen como intención desestabilizar al Gobierno a través de la provocación de un gran descontento que pudiera desembocar en una especie de estallido social, tantas veces evocado por la oposición política", explicó el comoderador del programa de opinión y análisis Golpe de timón.

Añade que los esfuerzos del Gobierno para asumir la administración y aprovisionamiento de las importaciones de los productos nos permiten ser optimistas en cuanto a que esa escasez no se producirá en los niveles que la oposición política ha intentado hacer creer.

"En el mediano plazo lo que podría producirse es, a mi modo de ver, un muy correcto desincentivo de la clase comercial privada que aspira a continuar con negocios con márgenes de ganancias que oscilan entre un 300 % y un 1 200 %, lo cual más bien constituye una forma de producir un saneamiento del mercado respecto a este tipo de comerciantes y de sus prácticas especulativas", sostiene el también politólogo.

Mientras tanto, el analista de financiamiento del Fondo Agrario para el Desarrollo Socialista, Luis Requena, opina que el "cadivismo" es usado por muchos empresarios para presionar al Gobierno porque justifican su accionar aludiendo al hecho de la escasez por lo que aquel que consiga los productos más rápidos los venderá a sobreprecio. En ese sentido, señala que la medida de bajar los precios puede dar resultado, pero para ello el Gobierno "no debe retardar la adjudicación de divisas, debe monitorear constantemente a las pequeñas y medianas empresas, y manejar a la perfección la oferta en el mercado".

Requena indica que un aumento de la producción local que conlleve a la sustitución de importaciones, podría llevar a la disminución de la inflación y con ello una estabilización a largo plazo del actual escenario.

Por su parte, el economista y politólogo venezolano Miguel Antonio González Golindano precisa que mientras el gobierno controle los precios y las ganancias, será fácil controlar la inflación. La derecha juega a que los comerciantes y distribuidores privados no abastezcan los estantes, todo depende del control de los productos que están saliendo por las llamadas "compras nerviosas", acota el especialista.

En ese sentido, pone como ejemplo el caso de la empresa Diana, "productora de aceite comestible —nacionalizada por nuestro Comandante Chávez— que estaba negociando con una empresa mexicana comprándole el aceite de oliva a seis dólares preferenciales otorgado por el ente gubernamental Cadivi y comercializándolo en el país a 33 dólares".